La gran mayoría de los países intenta en mayor o menor medida instalar un modelo económico de “estado de bienestar” que apunta a satisfacer las necesidades básicas de la población. El alcance de las redes de apoyo social en cada país debe mantener cierta relación con los recursos genuinos al alcance de cada Estado, en especial con su plataforma fiscal. Un gran problema de los países productores de bienes básicos es la fluctuación cíclica de sus precios mundiales, llevando a una fuerte desfinanciación del gasto comprometido. La salida está en ampliar la base fiscal, ya sea profundizando el valor agregado interno o buscando nuevos productos y áreas de penetración comercial internacional. La orientación del Estado será fundamental en esta tarea.
Los orígenes del estado de bienestar son discutidos. Se atribuye a Bismarck los primeros sistemas nacionales de seguridad social, salud y accidentes industriales, aunque la generalización de leyes de protección a las clases medias y trabajadoras surge en Suiza a fines del siglo XIX.
A comienzos del siglo XX aparecieron iniciativas similares con gobiernos liberales (en el Reino Unido) y socialistas (en Francia). En los EE.UU. los estragos de la Gran Depresión promovieron la adopción de medidas parciales en el contexto del New Deal de Roosevelt, pero sin conformar de lleno un “estado de bienestar”.
Todos –menos uno– tenían en común un sector industrial avanzado que sirvió de base fiscal para la transferencia de ingresos necesaria para financiar los programas adoptados en materias de salud, educación y vivienda (entre otros). La excepción fue Uruguay, no sólo por su ubicación geográfica impensada y la celeridad de la adopción del cambio, sino también por la base fiscal agropecuaria que debió asumir en gran medida los costos de la transformación del país.
La interna
No es el objetivo de esta nota detallar el proceso mediante el cual sucesivos gobiernos colorados fueron implementando las medidas y su financiamiento. Sin duda Batlle y Ordóñez y sus colaboradores más cercanos visualizaban un crecimiento sostenido del sector secundario (manufacturero e industrial) que permitiría con el tiempo su mayor participación en costear los crecientes y generosos beneficios dispensados. En el ínterin, los altos precios mundiales de la carne y la lana mantenían el sistema a flote.
La crisis mundial de los años 30 impactó severamente en los procesos económico y político del país, siendo un periodo durante el cual se consolidó la tendencia de intervención y participación estatal en la economía. Superados los años más duros, el mercado mundial volvió a tonificarse a medida que las tensiones europeas llevaban a una nueva conflagración.
A pesar de la dureza de la experiencia, la fragilidad financiera del estado de bienestar uruguayo con relación a los mercados internacionales de productos primarios no pareció quedar registrado en conductas posteriores. Luego del cese al fuego en el paralelo 38 en 1953 nuevamente colapsaron los precios de la exportación uruguaya.
Sucesivos gobiernos se negaron a procesar el ajuste, que finalmente se dio no por la vía del consenso sino de los hechos. La monetización de los crecientes déficits fiscales, las frecuentes devaluaciones, la renegociación de deudas externas y la gradual pérdida de reservas acumuladas en los años de bonanza caracterizaron el gran estancamiento de la economía uruguaya: crecimiento nulo en el ingreso per cápita por dos décadas. El costo político fue mayor aún.
El problema es la base fiscal fluctuante en función de los precios internacionales. La actividad interna del país (bienes y servicios transados entre residentes) es insuficiente para financiar la transferencia de recursos requerida (con una presión fiscal aceptable). En épocas de bonanza el plus alcanza, pero históricamente han sido años de minoría.
La moraleja
Los países deben adoptar el estado de bienestar que puedan pagar de bolsillo propio. Los escandinavos tienen los sistemas más generosos porque su base industrial se los permite, junto a una presión fiscal fuerte en los estratos astronómicos de ingreso (no de las clases medias cuyo único pecado ha sido lograr un digno pasar tras una vida de trabajo). Noruega, además, tiene petróleo.
Endeudarse para fingir una estación superior a los medios de sustento es una política desaconsejable, ya sea a nivel nacional o familiar. La economía del comportamiento sostiene que el drama del ajuste hacia abajo es –en términos absolutos– más estresante que el placer de una mejoría transitoria. Se debe construir sobre bases sólidas y no de coyunturas pasajeras.
A pesar de tener un ejemplo histórico a mano, durante el reciente superciclo de precios de productos primarios el Frente Amplio cayó en exactamente la misma trampa que los partidos tradicionales más de medio siglo antes. En lugar de invertir en infraestructura, los recursos se dilapidaron en clientelismo político. Pan para los allegados y circo para los demás.
El papel del Estado
Agrandar el Estado no es la receta. Todo lo contrario, la creación de empleos públicos improductivos que terminan financiándose con inflación o deuda simplemente está cavando un pozo más grande para el próximo gobierno. Lo que hay que agrandar no es el gasto del accionar estatal, sino su inteligencia. Así se agrandará la economía.
Es el Estado quien tiene que ver el bosque en lugar de mirar a los árboles. Con su visión macroeconómica y capacidad de acceder a información y datos estadísticos, reúne los elementos necesarios para orientar a la economía. Y es quien debe establecer los mecanismos de consulta y consenso entre los protagonistas desde los distintos estamentos de la sociedad y la economía (ej. Consejo de Economía Nacional).
Es preferible tener un estado de bienestar dimensionado a una economía de crecimiento estable que asegure a sus habitantes beneficios progresivos, a un ambicioso proyecto sujeto a permanente desfinanciación, inestabilidad y retroceso.
Más vale estar bien con lo que se tiene, que el malestar de no alcanzar lo prometido. Para ello resulta indispensable ampliar la plataforma fiscal y no la presión fiscal.
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