Estuvimos con Amparo Mercader en el último día de su estadía en Uruguay. Mientras hacia los arreglos antes de su partida de regreso a Washington DC, donde vive hace más de veinte años, dialogó con La Mañana sobre su vida allá y sus planes de futuro. Amparo es socia de impuestos de la oficina de PwC en la capital de los Estados Unidos, tiene dos hijos y está casada con Fabrizio Opertti, también uruguayo. Perteneciente a una familia política vinculada al Partido Nacional, Amparo expresa sin embargo que no tiene interés en ingresar en política, aunque sí manifiesta su voluntad de contribuir con la cosa pública. En ese sentido manifiesta que la red de expatriados podría convertirse en un activo muy importante para Uruguay. De momento no tiene planes para instalarse nuevamente en el país, pero es evidente que el regreso le cuesta.
¿Cómo visualiza el potencial de Uruguay para atraer inversión extranjera?
Soy optimista por las tendencias y también por los acuerdos que se lograron. La semana pasada salieron las estadísticas de la COMAP de proyectos de inversión. En 2022 hubo el mayor número de proyectos en una década. En montos, 40% más que el año anterior y casi 150% más que con respecto al 2020.
Esto da una idea de las inversiones a realizarse en 1-2 años, así que es una gran señal a futuro.
Se dice siempre mucho sobre la estabilidad y seguridad que ofrecen. Creo que también es importante entender el impacto de la rentabilidad en materia de atracción de inversiones. Las dos tienen que ir juntas.
¿Qué opina sobre la relación bilateral con Brasil?
El mayor logro en materia comercial fue el tratado bilateral con Brasil respecto a la venta desde zonas francas. Entiendo que es el resultado de un proceso de muchos años de negociaciones bilaterales. El acuerdo se firmó en junio del 2022 y se ratificó con el apoyo de Aladi en octubre del 2022. No quisiera exagerar, pero es un acuerdo de gran impacto que prácticamente no tiene excepciones en materia de productos ni limitaciones en el tiempo.
Por ejemplo, una empresa farmacéutica tiene la posibilidad de invertir en una zona franca en Uruguay y con ello acceder a todo el mercado brasileño sin tener que pagar aranceles. Los aranceles en esta región son muy altos, pueden llegar a ser 5%-10% del producto, por lo que este incentivo es de gran importancia.
También tiene exoneraciones en el impuesto a la renta de actividades económicas (IRAE), los dividendos y la repatriación de utilidades, y el IVA en la exportación de bienes y servicios. Esto significa que entran insumos al país sin aranceles
¿Qué efectos tendría para los inversores y para el país?
Creo que es un cambio importante para los proyectos de inversión. Entiendo hay muchas consultas por este tipo de cadena de suministro y si bien la inversión tiene sus plazos, este acuerdo puede significar una mejora sustancial de la rentabilidad que atraería a nuevos inversores.
Además, baja los costos para el consumidor final y hace más rentable y competitivo producir en Uruguay. Las zonas francas son sin duda un gran motor económico del país. Según Diego Licio, presidente de la Cámara de Zonas Francas del Uruguay, más del 30% de las exportaciones de Uruguay parten desde zonas francas, lo que representa aproximadamente 5% del PBI.
¿La desaceleración de la economía China es una oportunidad para reactivar las relaciones comerciales con nuestros países vecinos?
Durante el segundo semestre del 2022 Brasil supero a China como mercado exportador. Esto se debe a la desaceleración en China, pero Brasil no era el principal comprador de Uruguay en casi una década. Un tema que tenemos pendiente refiere a los acuerdos de doble tributación y a la retención que se impone, principalmente con nuestros vecinos. Uruguay ha firmado una serie de tratados fiscales, pero no lo ha hecho con los vecinos. Esto hace que cuando Uruguay ofrece un servicio, este puede pagar un impuesto de 25% con Brasil y Argentina. En cambio, con Estados Unidos muchas veces esa retención es 0%. El otro pendiente en materia fiscal es ajustarse al cambio de la OCDE. Los países de la Unión Europea aprobaron la reforma a finales del 2022 y tienen un año para empezar a implementarla. Es decir que desde el 2024 una empresa española, por ejemplo, que esté instalada en una zona franca de Uruguay, deberá pagar una sobretasa al gobierno español. Son muchos los impuestos e incentivos y si bien esto no impacta a todas las empresas, sin dudas es algo a lo que habrá que adaptarse.
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