El alto precio de los combustibles en nuestro país en relación con la región fue uno de los principales temas de la campaña electoral de 2019. Mientras el Frente Amplio defendía su gestión en el área energética, destacando la agresiva incorporación de energías renovables en la matriz energética, la oposición dejaba en evidencia toda una serie de malas inversiones que iban a terminar a las tarifas de ANCAP y de UTE: desde las inversiones de ALUR en sus plantas de etanol hasta la malograda regasificadora, pasando por créditos a Pluna por ventas de combustibles que nunca fueron cobrados y subsidios al transporte capitalino con el fideicomiso del gasoil.
Una vez ganada la elección, las discusiones dentro de la coalición multicolor dejaron en evidencia algunos matices sobre cómo abordar el problema del costo de los combustibles. Algunas voces, relativamente aisladas, reclamaban abiertamente la privatización de ANCAP. Otras agrupaciones reclamaban la liberalización en el precio de los combustibles, algo que hubiera probablemente conducido con el tiempo a la desaparición de ANCAP. Por un camino o el otro, la desaparición de la petrolera estatal hubiera implicado la sustitución de un monopolio público por uno privado, algo que fue resistido por Cabildo Abierto y parte del Partido Colorado, quedando así de lado la propuesta de abrir el mercado de combustibles.
De hecho, los sobrecostos en los precios al público de los combustibles tienen tres componentes: ineficiencias en el proceso de producción, una costosa distribución, una sobrecarga impositiva y actividades periféricas como el portland, cuyas pérdidas se pagan indirectamente mediante el cobro de combustibles.
Cuando se analizan en detalle los costos de producción de combustibles en Uruguay, resulta evidente que la principal fuente de ineficiencia se encuentra en la obligatoriedad de agregar biocombustibles a la mezcla, y no solamente en los costos de producción de la refinería de La Teja. Probablemente atendiendo a las necesidades de empleo en el norte del país, el gobierno actual tomó la decisión de que ALUR continúe refinando etanol, aún cuando se incorpora un 10% de etanol a las naftas cuando la ley solo obliga a mezclar un 5%. La única medida concreta hasta ahora ha sido la eliminación del biodiesel de la mezcla del gasoil, que representa el 5% y es producido por una empresa privada.
Los costos de distribución son también onerosos, reflejando desde anticuadas regulaciones sobre el transporte de combustibles hasta las comisiones que cobran los emisores de tarjetas a las bocas de venta de combustibles. Según fuentes consultadas, los tres sellos generan ganancias agregadas en el entorno de US$ 100 millones, cifra que no tiene ninguna contrapartida visible, dado que no realizan fletes ni agregan ningún tipo de valor a los combustibles que salen de la refinería de ANCAP. Esta es un área bajo discusión en la actualidad, ya que dada la decisión del gobierno de continuar con la ineficiente producción de etanol, es de las pocas áreas restantes en que se pueden hacer eficiencias.
Finalmente se encuentran los impuestos que se cargan a los combustibles y que nada tienen que ver con ANCAP, que actúa como mera agencia recaudadora, situación que poco contribuye a mejorar la dañada imagen de la empresa ante la ciudadanía.
La suba de combustibles aprobada por el gobierno el lunes pasado reavivó las discusiones. El senador Manini Ríos expresó en entrevista el martes con el programa Buen Día de Canal 4 que Cabildo Abierto no era partidario de la suba en el precio del gasoil, un precio “que mueve toda la economía”, agregando que “el Estado debería hacer un esfuerzo grande”, similar a lo que hace en otras áreas, como es el caso del fondo Covid. Si bien reconoció que la suba se explica por el alza en los precios del petróleo y la “presión en los números de ANCAP”, sus afirmaciones van en línea con la visión de su partido de procurar alinear los costos de combustibles a los precios regionales como forma de recuperar la competitividad perdida por los sectores productivos durante años, acortando la distancia de costos con la región. En ese sentido, Manini alertó sobre “los múltiples costos que se incorporan al costo de los combustibles” y que los vuelven no competitivos, proponiendo algún grado de “renuncia fiscal”. Manini tampoco se mostró de acuerdo con el aumento en el precio de supergas, sobre todo teniendo en cuenta la entrada del invierno y la incidencia que este precio tiene sobre “los más frágiles”.
En el mismo programa de Canal 4, Gerardo Rodríguez, presidente de la Federación de Empleados de ANCAP, consideró “absolutamente inoportuno” el momento para aumentar las tarifas, sosteniendo que con una rebaja de IMESI e IVA se lograría equilibrar ANCAP. Rodríguez apuntó al sector agroindustrial, al que “le va muy bien”, proponiendo aumentarles el impuesto al patrimonio como forma de compensar las arcas del Estado por la pérdida de recaudación.
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