La Suprema Corte de Justicia declaró –con el voto unánime de sus miembros, pero esgrimiendo distintos argumentos– que el artículo 80 del Decreto Departamental de Montevideo No. 13.490 es inconstitucional.
Ducsa, una empresa de Ancap para la distribución de combustibles, se había presentado en setiembre de 2021 ante la Justicia, ya que consideraba que la denominada “Tasa de inflamables” que se cobra por parte de la Intendencia de Montevideo a cada camión de combustibles que sale de la refinería de La Teja era inconstitucional.
En los alegatos se indicaba que esta tasa de contralor de la seguridad y circulación de vehículos que transportan productos inflamables, “más allá de haberse denominado como tasa, es un verdadero impuesto” y “el gobierno departamental no ostenta la potestad para su creación de conformidad con el art. 297 de la Constitución de la República”.
Como agentes de retención, Ancap y las otras empresas (Axion y Disa) retienen el monto correspondiente a la “tasa”, abonándolo a la Intendencia de Montevideo.
Otra de los alegatos de la presentación ante la Justicia indica que la norma impugnada “no establece el destino de lo recaudado, esto indica que lo recaudado se vierte a las rentas generales de la Administración y que no está destinado a cubrir las necesidades del (presunto) servicio de contralor de seguridad y circulación de vehículos que transportan productos inflamables”.
Para Ducsa el monto de la tasa no guarda razonable equivalencia con el costo del servicio, dado que está vinculado únicamente con el precio de venta de los productos transportados. La norma impugnada crea un impuesto que recae sobre el transporte y la venta de ciertos productos (inflamables), y que considera la capacidad contributiva del propietario o remitente de los inflamables, puesto que se calcula sobre el 1% del precio de venta de los productos transportados.
En el planteo de Ducsa se indica que la Intendencia de Montevideo, “ni gravó el transporte y venta de otras sustancias que son incluso iguales o más peligrosas”. A modo de ejemplo, no se grava el transporte y la venta de productos corrosivos, tóxicos o infecciosos o el transporte y la venta de productos médicos peligrosos.
Por lo tanto, se alega que “la norma otorga un tratamiento desigual a contribuyentes que están en análogas situaciones. No hay causa razonable del distingo ni finalidad legítima en gravar a unos sujetos y no gravar a otros que desarrollan actividades de análogas características”.
Los gobiernos departamentales pueden cobrar tasas, tarifas y precios “por utilización, aprovechamiento o beneficios obtenidos por servicios prestados por el gobierno departamental. Es imprescindible que el servicio se preste efectivamente, no alcanza con que aquel pueda ser prestado en algún momento o que no se preste realmente en los términos en los que fue creado”.
Se pagaba por año unos US$ 13 millones por esta tasa. Esto era de acuerdo a la cantidad de combustible que salía de la refinería. En 2019 fueron $ 568 millones (US$ 14,2 millones). En 2020, año del comienzo de la pandemia, fueron $ 486 millones de pesos (US$ 12,5 millones), en 2021 se llegó a pagar $ 535 millones (US$ 13,3 millones), en 2022 se alcanzó los $ 634 millones (US$ 15,8 millones). Hasta mayo de este año se había pago $ 188 millones (US$ 4,7 millones, con una proyección de US$ 12 millones de dólares para 2023).
“El público tiene que pagar el precio justo”
El vicepresidente de Ancap, Diego Durand, dijo que la empresa estatal siempre busca bajar los costos de los combustibles. En el precio de un litro de nafta, este impuesto significaba 20 centésimos.
“El público tiene que pagar el precio justo y en este caso había una inconstitucionalidad porque se creó un impuesto que no tenía ninguna contraprestación, que se le llamaba tasa”, dijo Durand a La Mañana.
Acotó que, de acuerdo a la resolución de la Suprema Corte de Justicia, se podría reclamar cuatro años hacia atrás. O sea que a la Intendencia de Montevideo se le podría llegar a intentar cobrar US$ 60 millones. Este punto será analizado por el directorio de Ancap.
Aclaró que la resolución judicial es para Ducsa y que los otros dos sellos que comercializan combustibles (Axion y Disa) deberían presentarse para hacer el reclamo de inconstitucionalidad.
Otro punto aclarado por Durand es que el impuesto se pagaba por cada camión que salía de La Tablada, y muchos de ellos tenían como destino el interior del país. “Cuando digo que este impuesto lo pagó la ciudadanía (porque está integrado en el precio), es porque lo pagó cualquier ciudadano del país a la Intendencia de Montevideo. Por esa razón es un impuesto y no una tasa. La tasa es un tributo y debe tener una contraprestación. En este caso no la tuvo ni la tenía y por ello fue inconstitucional” dijo.
“En febrero le solicité una reunión a la Intendencia para hablar de este tema y varios expedientes que también nos relacionan con la Intendencia y que estaban frenados desde octubre. Pero no hemos tenido eco ni respuestas”, señaló Durand. “Antes de iniciar el reclamo, el presidente de Ancap, Alejandro Stipanicic y el fallecido director Walter Sosa se reunieron con la Intendencia para evitar la judicialización de estos temas y la respuesta fueron todas negativas”.
Al consultarlo sobre otros temas que se han planteado a la comuna capitalina, el vicepresidente de Ancap dijo que existe “un problema” en el entorno de la refinería de La Teja. “El corredor de Garzón y la UAM generó un mayor tráfico y circulación en camino Lecoq y ante la salida de camiones, hay un alto riesgo de eventual siniestralidad”, indicó. “No hay señalización ni iluminación adecuada. Por esta situación nosotros en octubre del año pasado mandamos un oficio a la Intendencia y tampoco hemos tenido respuesta”.
Otro tema es el manejo del agua. Ancap tiene un proyecto de manejo de aguas residuales y se necesita autorización de la comuna, lo cual aún no se ha logrado. “Ese expediente está desde octubre del año pasado y ahora con la sequía tiene mucha más importancia. Es dejar de tomar agua de OSE, para tomar agua residual de saneamiento. Eso también ha estado frenado. Necesariamente, en algún momento tiene que darse un diálogo adecuado, que los buscamos en 2020, 2021 y lo estoy buscando como vicepresidente de Ancap desde febrero de este año”.
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