Debido al déficit hídrico en todo el país, el Gobierno extendió por 90 días la emergencia agropecuaria y organismos estatales adoptaron distintas acciones para mitigar las consecuencias. Ante escenarios climáticos similares, ¿cuáles fueron las principales políticas llevadas adelante por los gobiernos de turno?
Tras una reunión en el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), en el marco de Comisión Asesora de Emergencia Agropecuaria, se analizaron las distintas medidas de apoyo dirigidas al sector agropecuario que desde varios meses viene sufriendo las dramáticas consecuencias del déficit hídrico y forrajero; ya considerada sequía. En el encuentro, las autoridades del MGAP analizaron la disponibilidad de agua en el suelo, la previsión de precipitaciones y el índice verde sobre la vegetación en la superficie. En ese sentido, el ministro Mattos detalló en conferencia de prensa que el mapa de Uruguay está “pintado en rojo”, lo que demuestra la “falta de humedad en el suelo”, que, además, “se sigue extendiendo”, lamentó el jerarca. Señaló que los pronósticos meteorológicos “no son auspiciosos”, debido que “solo se prevé dos episodios de precipitaciones, pero modestos, que no revertirían la situación generalizada de sequía prolongada, que lleva más de tres años”, aseguró el ministro.
Luego de evaluar las contingencias, Mattos confirmó que la emergencia agropecuaria (que vencía el martes 24 de enero) “se extendió hasta abril, como mínimo”, para todo el territorio nacional. La medida que se había instaurado el pasado 24 de octubre para los sectores ganadero, lechero, hortícola, frutícola y agrícola, esta vez se amplió para la forestación, la avicultura y apicultura, según consta de la reciente resolución.
El titular del MGAP detalló que la declaración de emergencia permite la liberación del dinero disponible en el Fondo Agropecuario de Emergencia (FAE) y también el apoyo de República Microfinanzas, que “llega directamente a los productores, a una tasa del 2%, con plazo de amortización bastante amigable, ya que la finalidad es salvaguardar los sistemas productivos”. “Es una ayuda directa para los productores”, afirmó Mattos. Informó que fueron más de 1.300 los que se presentaron para recibir la ayuda estatal y que más de la mitad lo hicieron en enero. “La tendencia continuará, porque, con el agravamiento de la situación general, esta es una gran herramienta que otorga recursos frescos para la financiación y el modo de enfrentar la problemática”, destacó.
Entre otras medidas impulsadas por la cartera se destinaron fondos directos a los gobiernos departamentales para que dispongan de recursos para sus productores locales, con el desarrollo de distintas líneas de acción como la limpieza de los tajamares y la provisión de agua para consumo humano y animal, entre otras. Además, desde diciembre de 2022 el MGAP dispuso habilitar el pastoreo en rutas.
Otras medidas estatales adoptadas en los últimos días
Por otra parte, distintos organismos estatales también anunciaron la implementación de una serie de medidas para minimizar los impactos económicos por causa de la sequía. El Banco de Previsión Social (BPS) postergó los vencimientos de pago de contribuciones a la seguridad social para el 28 de febrero y el de las retenciones por el Impuesto a las Rentas de las Personas Físicas (IRPF) para el 24 de febrero.
En tanto, el Banco República (BROU) confirmó el jueves que prorrogará los créditos al agro durante 180 días. Informaron que, para aquellos deudores pequeños o medianos que deben menos de US$ 200 mil, la extensión se brindará de forma automática. La medida será aplicada a los clientes con créditos vigentes al 31 de diciembre de 2022 y se tomará “de oficio” por el BROU, por lo que “no implicará ningún trámite ni costos de intereses para el deudor”, aseguraron. “Para dar una dimensión, son unos US$ 1.000 millones que el banco tiene de crédito en el sector agropecuario afectado y alcanza a unos 6.000 clientes, de los cuales unos 5.000 entran en la categoría de menos de US$ 200.000 de deuda, y tiene un costo que el banco va a asumir en este caso”, explicó en una conferencia de prensa el presidente del BROU, Salvador Ferrer.
A su vez, la presidenta de UTE, Silvia Emaldi, también informó el jueves pasado que se facilitará el pago del servicio a los productores afectados. Explicó que el plan de ayuda contempla que los damnificados podrán pagar sus facturas de enero, febrero y marzo, en seis cuotas a partir de julio. También comunicó la baja de 15% del costo de energía eléctrica para quienes riegan y se determinó que no varíe el costo durante el día. Asimismo, el Instituto Nacional de Colonización (INC) determinó que no aumentará la renta este 2023 y que, a su vez, quienes hayan pagado en fecha el año pasado tendrán un 10% de bonificación. Al mismo tiempo, lanzó distintas líneas de créditos para productores colonos, al igual que la Agencia Nacional de Desarrollo (ANDE).
¿Cómo se gestionaron las últimas sequías y qué políticas se instauraron?
Las sequías más severas de las últimas décadas ocurrieron en 1988/89, en 1998/99 y en 2008/2009. Respecto de la que se prolongó desde abril 1988 hasta agosto 1989, “a la luz de las respuestas institucionales desarrolladas en las sequías subsiguientes, se puede establecer que las medidas se instrumentaron cuando la situación ya era de crisis grave (había severos problemas de mortandad de ganado), y que no hubo un sistema de alerta temprana y de respuesta rápida que funcionara adecuadamente”, indicó el Análisis de la gestión del sector público en las sequías de los últimos 30 años, realizado en 2015 por la Oficina de Programación y Política Agropecuaria (OPYPA) del MGAP.
Según el estudio, “no existía sistema institucional específico” y se lo consideraba un “fenómeno de baja frecuencia e intensidad”, lo que tomó “mal parado” al país. Tras el “rezago” en adoptar acciones, entre enero y febrero de 1989, el ministro de Ganadería Pedro Bonino decidió tomar tres tipos de medidas principalmente dirigidas al sector pecuario: 1) Para favorecer la extracción; 2) Para aumentar la disponibilidad de forraje, agua y mejorar la sanidad; 3) Para compensar la economía de explotaciones ganaderas.
Se autorizó la exportación en pie de todas las categorías no gordas; se ampliaron las líneas de financiamiento a los frigoríficos para adquirir ganado; se levantó la prohibición de consumo de carne tipo manufactura y ampliación del stock regulador. Respecto a las políticas de forrajes, se resolvió la reducción de 10% de la tasa para importar granos forrajeros; la eliminación de esa tasa para importación de diversos alimentos; y la importación directa de forraje y concentrados por los productores. En tanto, el BROU promovió créditos para daños por sequía en productores agrícolas y pecuarios, y para trabajos para mejorar las aguadas. Al tiempo que se modificaron los criterios para el pago de impuestos (IMAGRO), en base a criterios de zonificación.
Para la sequía de 1999-2000, Uruguay ya contaba con un sistema de coordinación interinstitucional con la creación de la Comisión de Sequía, el Sistema de Emergencia Nacional y la Unidad de Agro-clima y Sistemas de Información (GRAS) del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA). Esta última se convirtió en un elemento clave en materia investigativa y el análisis continuo de imágenes satelitales.
“Por primera vez se utilizaron medidas objetivas de la magnitud del fenómeno y no solamente informes de campo”, asegura el estudio realizado por la OPYPA. Esto permitió identificar zonas de baja disponibilidad de agua para la tarea de alumbramiento de pozos del Sistema de Emergencia Nacional, aseguró el informe. Las políticas priorizadas en ese entonces fueron el suministro de forraje y el pastoreo del ganado en zonas aptas sobre las que tenían que ver con la extracción, entre otras.
Similar a la actual, la sequía que se extendió desde la primavera de 2008 hasta casi fines del verano de 2009 afectó a prácticamente a todo el país (excepto algunas zonas del Este). En ese momento, el ministro de Ganadería Ernesto Agazzi fue criticado por la oposición por demorar en tomar acciones para paliar los efectos de la sequía, lo que le valió una interpelación por parte de legisladores nacionalistas en febrero de 2009.
Se apuntaba a que el jerarca había minimizado, en un principio, la situación climática y que luego tuvo que reconocer que la crisis hídrica era “bastante peor” de lo que se había informado. “Hay una situación nueva que exige reconsideración”, dijo Agazzi el 14 de enero cuando comunicó la Emergencia Agropecuaria, y anunció un paquete de medidas “de prevención y de mitigación” de los perjuicios derivados de la sequía.
Entre las acciones destacadas se ejecutó por primera vez el Fondo Agropecuario de Emergencia (FAE) –un elemento esencial que tiene a mano el MGAP para estas situaciones extremas–-. Esta herramienta fue creada en octubre de 2008 para apoyar económicamente a los productores afectados por emergencias agropecuarias y se activa a partir de la declaración de emergencia agropecuaria por parte del Ministerio. El FAE le permitió en ese momento importar 20 mil toneladas de forraje y suministrarlas a bajo precio y con facilidades de pago a los productores más afectados. También se ejecutaron Fondos de Emergencia para la Granja y se estableció la exoneración del pago de algunos tributos como aportes patronales de BPS y sobre la importación de alimentos para ganado desde países extra Mercosur. Además, se establecieron subsidios en el costo de electricidad para lecheros, para la construcción de pozos de agua y para la compra de azúcar para los productores apícolas.
Interpelación al ministro Mattos
Similar a lo sucedido en 2009, distintos sectores políticos (de gobierno y oposición) y del ámbito rural consideraron “insuficientes” las medidas adoptadas por el MGAP. De hecho, legisladores del Frente Amplio (FA) decidieron convocar al Parlamento, el jueves 2 de febrero, al titular de Ganadería, Fernando Mattos. En dicha ocasión, se pondrá bajo la lupa los resultados de las medidas tomadas hasta ahora por la cartera y también será momento de debate de las distintas propuestas, para la mitigación de la sequía, que partidos como Cabildo Abierto y el FA pretenden sean consideradas.
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