La Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft) es la unidad que se encarga de implementar las políticas contra el lavado de activos y articular la coordinación interinstitucional en Uruguay.
Receptora de denuncias de casos de trascendencia nacional e internacional, la Senaclaft afronta mayores desafíos, en la medida en que el Crimen Organizado Trasnacional y el Lavado de activos avanzan en la región. Actualmente, a nivel local, por ejemplo, está el caso del empresario Gonzalo Aguiar, cuya muerte y actividades previas están bajo investigación.
“Esperamos que se apruebe el protocolo sobre lavado de activos para actuar de forma más amplia”
El doctor Gustavo Misa es abogado y escribano, responsable de la Gerencia de Fiscalización de la Senaclaft. En entrevista brindada a La Mañana, Misa brindó detalles del trabajo que realizan a requerimiento y coordinación con la Fiscalía del Crimen Organizado para el control de la evasión tributaria, casas de cambio y movimientos millonarios en dólares.
¿Cuál es el momento actual de la secretaría, en tiempos en que el lavado de activos está en la escena?
La secretaría desde principios del año pasado tiene facultades para asesorar a Fiscalía en la investigación patrimonial, esto ya data de varios meses. Ahora estamos abocados a la estrategia nacional de riesgos en esta materia, esperamos que se apruebe el protocolo en este tema para actuar de forma más amplia.
¿Cuál es el rumbo que le pretenden dar?
La idea es aumentar la efectividad en las condenas, en las investigaciones. Se busca que existan méritos en condenas y en decomiso de bienes del crimen organizado en Uruguay.
¿Se cuenta con el personal suficiente?
Personal siempre se necesita, más cuando hay que investigar delitos complejos, como también la supervisión. Cuando hay una investigación en curso se requiere de más personal, pero también se necesita estructura, que estén abocados de forma permanente. Lo que sucede es que no tenemos funcionarios propios ya que somos pases a comisión, con todo lo que implica. Puede ser que cuando haya un cambio de gobierno sea necesario entrenar equipos de cero. Planteamos tener una estructura propia de personal”
¿Cómo atienden la situación de países de la región? El caso del político argentino Insaurralde, ¿cómo les llegó?
Ese caso fue a través de una denuncia directa presentada por la diputada Graciela Ocaña. Se dio intervención desde el fiscal, conformando equipos de rastreo para saber si era real y si estaban vinculadas las personas mencionadas en la denuncia. Por el momento no hay ninguna persona vinculada, pero se sigue trabajando en el tema.
La LUC ha aumentado el límite de dinero para las transacciones, muchos entienden que esto incentiva el lavado de activos ¿cómo lo ven ustedes?
Se hicieron cambios, como el aumento del tope. Se establece, además, que cuando haya un uso de efectivo se genere una suerte de llamado al control para que el sujeto obligado aplique los controles. Tampoco hemos detectado un aumento de las operaciones sospechosas con uso de efectivo. Otro de los cambios de la ley es que cuando se efectúan los pagos de forma electrónica se habilitan medios de control más accesibles. Hubo movimientos en ese sentido, pero la verdad es que no hemos detectado cambios.
¿El sistema bancario local tiene la obligación de comunicarse con ustedes?
No, el sistema debe comunicarse con el Banco Central. El Banco Central tampoco tiene la obligación de comunicarse, lo que hace es el informe de inteligencia financiera con el objetivo de verificar alguna acción sospechosa, pero no poseen la obligación de comunicarse con nosotros.
¿Han tenido contactos con oficinas similares en otros países?
La Senaclaft y su secretario es el coordinador y representante del país, nucleando a los órganos de prevención regionales.
Se habla permanentemente del avance del crimen organizado con una clara vinculación con el lavado de activos. Ante ese panorama, ¿podemos decir que la situación está controlada?
No sé si está bajo control, pero estamos trabajando para evitar situaciones. Hay oportunidades importantes de mejora que no hemos podido encarar aún, pero hemos podido avanzar mucho. El problema del lavado de activos es mundial, se ha invertido mucho dinero y se ha presionado para que se sancionen normas de control. Debemos mejorar la coordinación ya que dependemos de la vinculación de organismos. Uruguay debería perseguir con mayor firmeza estos delitos, cosa que no ha hecho. Fue un poco la apuesta de la creación de la Fiscalía en esta materia, ya que la idea es que trabaje en la investigación patrimonial de estos hechos.
Situaciones como la del sindicalista argentino Balcedo, el cual ingresa en un cofre fort varios millones de dólares, ¿hace que se reevalúe los métodos en seguridad?
Metodologías hay un montón, a medida que se avanza se ven nichos que pueden quedar para esto. También es cierto que hay instrumentos que son útiles para la población en general, es como el gato y el ratón. Los delincuentes siempre están buscando formas de atacar. Nosotros actuamos a llamado de la Fiscalía.
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