Entre marchas, contramarchas, afirmaciones y contradicciones, el Gobierno a través del Ministerio de Transportes y Obras Públicas anuncia la instalación de más de 100 radares en rutas nacionales, generando polémica en diferentes sectores tanto políticos como empresariales.
La medida se viene manejando desde el mes de marzo pasado, tal como lo publicara La Mañana en ocasión del evento organizado por Terminal Cuenca del Plata. Y ante las versiones de la instalación de más de 100 radares en rutas nacionales sumados a los impuestos por el Ministerio del Interior, el ministro José Luis Falero había expresado: “en el momento no vamos a instalar, pero la idea es reducir la siniestralidad que tiene como elemento principal la velocidad”.
En la ocasión se le consultó sobre las obras en ruta que por sí generan un enlentecimiento del tránsito. “Es cierto que hay tramos importantes en condiciones de ser habilitados”, respondió. “Nos reuniremos con las empresas y la idea es habilitar de forma provisoria tramos de hasta 8 km”. Hasta el momento solo un tramo de ruta 5 fue habilitado (del km 168 al 177), quedando como el único posible para transitar, ya que los demás están inhabilitados.
Esto genera demoras importantes para el tramo de ruta 5 en el trayecto de Paso de los Toros a Montevideo. Las rotondas –que según Falero se construían para bajar la velocidad–, las obras en ruta, especialmente de Durazno al sur, los sucesivos cambios de velocidad, sumado al número de camiones trabajando para UPM 2 que se añaden al tránsito habitual, hacen que los 250 km que separan Paso de los Toros de Montevideo, dependiendo del horario, se realicen entre 3:45 horas a 4 horas en vehículo particular.
Las cifras del 2022: verdades a medias
En conferencia de prensa brindada días atrás, el ministro Falero expresó que la cifra de muertes en accidentes de tránsito en 2022 fue de 431 (desde UNASEV se informan 428), un número menor al registro de 2021. Las cifras son las correctas, las razones son variadas y en su mayoría lo determinante en varios accidentes no fue el exceso de velocidad.
De acuerdo al informe mencionado, durante el 2022 el número de personas lesionadas llegó a 25.514 de las que un 1,7 % fallecieron.
Del número total, el 54% (230) fallecieron en rutas nacionales, en tanto que el resto sucedió en ciudades y caminos departamentales.
Las causas principales de siniestralidad fueron la colisión entre vehículos y los despistes. En lo que refiere a la participación de vehículos, la moto es la que tiene mayores registros.
Rechazo a la medida
Desde diferentes sectores se hicieron sentir las voces de rechazo en contra de la medida anunciada.
Desde la Intergremial de Transporte Profesional de Carga Terrestre (ITPC) se expresó que “si estas medidas procuran enlentecer aún más el tránsito, van a generar múltiples impactos en el sector y en consecuencia en la producción”.
Por su parte y consultado al respecto, Arturo Borges, el director del Instituto de Seguridad y Educación Vial (ISEV), aseguró: “Si yo le explico al ciudadano que la velocidad es un problema más crítico en accidentes que el consumo de alcohol, lo tengo que hacer por fases. El ministro tendría que haber hecho un plan gradual de comunicación”.
El director además afirmó que establecer tantas variables de velocidad (de 45 a 90 km/h) en una ruta nacional, “genera una distracción en el conductor que puede ser tan peligrosa como el exceso de velocidad”.
Límites de velocidad anticuados
Al referirse a los límites de velocidad vigentes en la actualidad, Borges considera que los mismos son anticuados. “Las velocidades de 90 km/h, en algunos casos 110 km/h, son velocidades fijadas hace 50 años”, dijo. “En aquella época teníamos vehículos con cubiertas recauchutadas, sin airbag, sin ABS y la seguridad pasiva era un desastre. Hoy ha cambiado, hoy tenemos una tecnología que ayuda al manejo”.
Multas desproporcionadas
En tanto el presidente Lacalle Pou solicitó al ministro que la medida a aplicar no se transformara en una nueva forma de recaudación, se conoció el valor de las multas, que se considera como desproporcionado. El mínimo alcanza la cifra de $ 8000 y el máximo será de $ 24.000. La sanción económica obliga al titular del vehículo al pago, ya que, de no cumplir con el pago de la multa correspondiente, no se le permite cumplir con el pago de la patente.
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