El colectivo Nodo Acá el Neptuno, No ha denunciado en diversas oportunidades la falta de transparencia en el desarrollo del proyecto Neptuno, señalando incumplimientos legales y riesgos ambientales graves en caso de prosperar. En rechazo a esta iniciativa, el pasado martes 19 de noviembre se concentraron en la Plaza Independencia. En conversación con La Mañana, una de las voceras del movimiento, Florencia Cesilia, abordó los impactos que tendría esta obra y propuso alternativas sostenibles, como fortalecer la gestión pública del agua y rehabilitar la cuenca del río Santa Lucía.
¿Cuáles son los principales puntos en los que consideran que el Estado ha faltado en transparencia durante el proceso administrativo y de evaluación del proyecto Neptuno?
El presidente Luis Lacalle Pou presentó el proyecto Neptuno en marzo de 2021 durante su discurso en la Asamblea General. Desde sus inicios, organizaciones como la agrupación Tucu Tucu y la Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida denunciaron la falta de acceso a información básica, bajo el argumento de confidencialidad. La agrupación Tucu Tucu solicitó repetidamente su inclusión en la Comisión de Cuenca y, ante la falta de respuesta, acudió a la Institución Nacional de Derechos Humanos, que falló a favor de sus demandas y exigió al Ministerio de Ambiente cumplir con herramientas legales que garantizan la transparencia y la participación ciudadana. Este silencio también incluyó la omisión de convocatorias a los Consejos Regionales y de Cuenca, obligatorios por la Ley de Política Nacional de Aguas y el Acuerdo de Escazú, que ratifica derechos de acceso a la información, participación y justicia ambiental.
En diciembre de 2022, el Ministerio de Ambiente justificó la falta de divulgación de detalles del proyecto bajo la Ley 17.555, que protege información empresarial confidencial. Esto se utilizó para no publicar estudios técnicos hasta su aprobación por OSE en noviembre de ese año. Sin embargo, esta acción contradice normativas posteriores, como la reforma constitucional de 2004 y la Ley de Política Nacional de Aguas (2009), que promueven la transparencia en la gestión pública del agua. La falta de acceso a información generó críticas, ya que vulnera principios de gestión participativa garantizados constitucionalmente.
En diciembre de 2023, el ministro de Ambiente, Robert Bouvier, afirmó que las obras iniciarían en febrero de 2024, pese a no contar con la autorización ambiental previa ni haber completado el proceso de consulta pública. Esta afirmación evidenció un incumplimiento de normativas ambientales y un avance anticipado del proyecto.
En mayo de 2024, se realizó una audiencia pública sin que hubiera terminado la puesta de manifiesto del proyecto y sin que se conocieran las respuestas a unas solicitudes de información complementaria requeridas por el Ministerio de Ambiente al consorcio Aguas de Montevideo. Estas solicitudes trataban aspectos clave del proyecto, como los impactos del reservorio de agua dulce, lo que limitó la calidad del debate. Además, expertos en hidrogeología y derecho ambiental señalaron en la audiencia que no se habían atendido adecuadamente sus observaciones. Por otro lado, organizaciones como el Nodo Acá el Neptuno, No denunciaron que, sin contar con contratos firmados ni autorizaciones definitivas, y además interviniendo en faja de defensa de costa, se iniciaron talas de árboles y expropiaciones urgentes en la zona de Rincón del Pino, violando normativas como el Decreto 349/005 sobre Evaluaciones de Impacto Ambiental con actividades preparatorias.
Aunque el proyecto fue presentado con un costo estimado de US$ 250 millones, análisis independientes estiman que, incluyendo intereses y mantenimiento, alcanzaría 890 millones en 20 años. Este modelo financiero es percibido como un avance hacia la privatización del agua, contraviniendo la Constitución, que prohíbe lucrar con este recurso esencial.
¿Qué riesgos perciben para el ecosistema y para las comunidades locales tal como está diseñada esta iniciativa actualmente?
El proyecto supone riesgos graves, incluyendo, en primer lugar, pérdida de biodiversidad, de identidad y pertenencia en la costa de Arazatí, única en el departamento de San José y de gran valor paleontológico, arqueológico, cultural y turístico. Existe un proyecto que busca promover a Arazatí como un balneario natural, también hay planes comunitarios de convertir a la costa del Río de la Plata y otras zonas de interés geológico del departamento en un geoparque internacional, puesto que cumple con todos los requisitos que exige Unesco para serlo. Por esto no podemos permitir que se convierta en zona de sacrificio.
En segundo término, las floraciones recurrentes de cianobacterias, la salinidad y la contaminación del estuario del Río de la Plata, complicarían demasiado la potabilización de sus aguas y generarían posibles riesgos a la salud pública, como la formación de trihalometanos, por el proceso de ozonización que al oxidar a los bromuros los convierte en bromatos, subproductos considerados carcinógenos por la OMS, al igual que la generación de cianotoxinas por las floraciones.
En tercer lugar, el riesgo de contaminar el acuífero Raigón por falta de impermeabilización del suelo, afectando tierras agrícolas y la seguridad hídrica de la región que se abastece del acuífero para consumo humano y para riego de cultivos que luego se distribuyen por el país. Además, el depósito de lodos almacenaría 44 toneladas diarias de residuos contaminados con hidróxido de aluminio, un componente tóxico que podría infiltrarse en capas subterráneas.
¿Qué impacto están teniendo las expropiaciones en las personas y en las propiedades de la zona?
Las expropiaciones y las órdenes de toma urgente que llegaron en las últimas semanas han generado incertidumbre, miedo y angustia. Si estas comunidades productivas son desplazadas, se vería afectado uno de los pilares económicos locales y nacionales. En áreas como Rincón del Pino, los terrenos expropiados y los que tienen previstos expropiar son esenciales para la producción agrícola y el empleo regional. El proyecto no solo alteraría la matriz productiva de San José, sino que podría desmantelarla por completo.
¿Qué importancia tiene el cumplimiento de la autorización ambiental previa antes de iniciar expropiaciones o actividades y qué consecuencias debería enfrentar OSE por haber iniciado estos trámites sin dicho aval?
La autorización es indispensable para garantizar que los proyectos se desarrollen dentro de los marcos legales y ambientales. Al proceder sin este aval, OSE vulnera las normativas ambientales vigentes, poniendo en riesgo la legitimidad del proyecto. OSE debería enfrentar sanciones administrativas y jurídicas, por ejemplo, una acción de amparo o una medida cautelar, por estar realizando actividades preparatorias sin contar con la autorización. Se le debería exigir la suspensión inmediata de las actividades relacionadas con el proyecto hasta contar con la autorización correspondiente.
¿Qué alternativas proponen para asegurar el acceso sostenible y seguro al agua para las futuras generaciones en Montevideo?
Proponemos proteger y ampliar las áreas naturales existentes, rehabilitar la cuenca del río Santa Lucía con políticas de conservación, mejorar la infraestructura pública para tratar lodos en Aguas Corrientes, implementar tecnologías de reutilización de aguas y fortalecer la gestión pública, construir una reserva de agua bruta que alimente a Aguas Corrientes y arreglar paulatinamente los caños de la red de abastecimiento.
¿Cuál fue el objetivo de la concentración en la Plaza Independencia?
El objetivo era sensibilizar a la población de Montevideo sobre los riesgos del proyecto Neptuno y exigir el respeto a las normativas.
¿Qué mensaje le daría a la población de Montevideo con respecto a esta causa?
El acceso al agua está en riesgo debido a este proyecto, que también amenaza ecosistemas clave. Es crucial que la ciudadanía defienda la gestión pública del recurso hídrico y que Montevideo se sume a la lucha contra este proyecto que podría afectar la salud de sus futuras generaciones por beber de un agua de dudosa procedencia y calidad, además de que nos va a exigir mayores costos en su potabilización, que con mucha probabilidad se van a transferir a las tarifas de todos los hogares, y harán que OSE asuma el compromiso de pagarle al consorcio US$ 45 millones al año, un presupuesto que sobrepasa exponencialmente las capacidades económicas del ente y que dejaría al resto del país sin recursos para invertir en infraestructura.
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