Especialistas en cuidados paliativos cuestionan “apuro por parte de algunos legisladores” por aprobar proyecto de ley de Eutanasia y Suicidio Medicamente Asistido, en un escenario de pandemia y alerta sobre las consecuencias de su promulgación, además de su incompatibilidad con el Código de Ética Médica. A la vez, destacan que el proyecto de ley de Cuidados Paliativos presentado en el Parlamento el año pasado, aún no ha comenzado su discusión.
El 11 de marzo de 2020 una noticia recorrió el mundo entero, alertándolo y predisponiendo un nuevo escenario: la Organización Mundial de la Salud (OMS) había declarado pandemia al covid-19. Ese mismo día, ingresaba en el Parlamento uruguayo un proyecto de ley relacionado con la continuidad de la vida y la salud. El diputado colorado Ope Pasquet presentó una redacción titulada Eutanasia y Suicidio Médicamente Asistido, donde se plantea la exención de responsabilidad a aquel médico que “de muerte o ayude a darse muerte a una persona mayor de edad, psíquicamente apta, enferma de una patología terminal, irreversible e incurable o afligida por sufrimientos insoportables”.
El proyecto, que también fue firmado por los diputados colorados Laura Baccino, Walter Cervini, María Eugenia Roselló y Felipie Schipani, prevé que el médico que intervenga en el proceso de poner fin a la vida al paciente recabe una segunda opinión de un colega. A la vez, el solicitante tendrá un plazo de al menos 15 días para afirmar su voluntad.
Un año después, Pasquet compareció ante la Comisión de Salud de la Cámara Baja por tercera vez, para la discusión de este proyecto. En esta oportunidad, recibió apoyo por parte de algunos legisladores. Sin embargo, otras voces también se escucharon por parte de parlamentarios que señalaron la contradicción de la redacción con el Código de Ética Médica -que puede sancionar, hasta por una década, el ejercicio de la profesión-. El Colegio Médico, por su parte, se pronunció en contra de este proyecto.
En tanto, días atrás, más de 216 médicos y 50 profesionales de la salud firmaron una carta a la que accedió La Mañana, donde se cuestiona “el apuro” por parte de “un grupo de legisladores” de aprobar esta legislación en contexto de pandemia.
La misiva, encabezada por Dra. Ana Guedes, médica especializada en Medicina Interna y Oncología, diplomada en Cuidados Paliativos y Bioética, cuestiona las consecuencias sociales que podría tener la aprobación de esta legislación, la confusión en los términos utilizados y la necesidad de un profundo debate dentro del gremio médico respecto a este tema.
Suicidio solapado
En conversación con La Mañana, Guedes señaló que el proyecto no responde a la necesidad natural del proceso que siguen los pacientes en nuestro país, y de las posibilidades de atención que tienen.
Por un lado, indicó la gravedad de aprobar esta legislación en un contexto de pandemia donde los enfermos de covid-19 ven amenazadas sus vidas no solo por el virus, sino por el agravamiento de las patologías. Mencionó que si la ley estaría aprobada hoy “muchos de los enfermos estarían apelando a ella, porque se sienten sin salida, deprimidos o solos”. Al respecto, opinó que se trata de una situación muy desfavorable y que es de esperar una actitud “más protectora” del Parlamento hacia la población. En este sentido, solicitó que, si se va a continuar con el proceso de aprobación, al menos se suspenda su discusión durante la pandemia.
Dentro de las consecuencias sociales de la aprobación, la doctora planteó la posibilidad de la pérdida de confianza en el vínculo médico-paciente. “Estamos hablando de personales terminales, donde los mínimos descontroles le deprimen la conciencia. En este ámbito, el médico puede generar mucha confianza, pero con esta legislación el paciente se puede preguntar: ¿terminará derivando mi vida a que se me practique eutanasia cuando pierda mis facultades?”, enunció la paliativista.
Uruguay es considerado como el país con la tasa de suicidios más alta de la región. Ante ello, la doctora advirtió sobre el riesgo de aprobar este proyecto. Mencionó que las personas que tienen un sufrimiento insoportable pueden no tener una enfermedad terminal, pero sí una depresión, y dijo que aprobar este proyecto permitirá que muchas personas que desean suicidarse lo realicen a través de esta nueva herramienta, a mano de médicos. “Esto es terrible”, observó.
Otra de las problemáticas que podría traer la aprobación de esta legislación, según Guedes, es que el médico entienda que el paciente quiere terminar con su vida, cuando en realidad desea terminar con el dolor.
“Trabajé junto a pacientes que viven las más duras enfermedades desde hace 30 años, y he atendido a más de 8000 de ellos, los cuales me sobran los dedos de una mano para contar los que hayan pedido morir por una eutanasia directa y activa”, ilustró la especialista.
“No llevar otro propósito que el bien y la salud de los enfermos”
La paliativista señaló que el enfoque correcto de una legislación que atienda las necesidades de la población respecto a bajar la carga de sufrimiento de un paciente, debe estar enraizado con los cuidados paliativos. En ellos, englobó a todas esas acciones que tocan la vida de una persona enferma o terminal, y que están relacionados con la atención por parte de un psicólogo, un asistente social o un psiquiatra, entre otros especialistas. “Estamos, a veces, frente a situaciones muy complejas que rebasan las capacidades de los médicos, donde es necesario una intervención integral”, manifestó.
Guedes comentó que, si bien se señala que hay un acceso del 59% a las medidas paliativas, las mismas son muy heterogéneas y no son universales. “Quienes realmente tienen medidas paliativas integrales son dos o tres instituciones de Montevideo, tal vez alguna en el Interior a través de alguna experiencia entre públicos y privados, pero no son accesibles en situaciones oportunas, lo que es igual a que sean inaccesibles”. Añadió que hay información de que los servicios no están integrados y que las personas tienen que “peregrinar” en busca de recursos, dado que los servicios no están integrados. La doctora afirmó que más de 15 mil personas y sus respectivas familias no acceden a estos servicios, siendo postergados en sus derechos según la Constitución de la República en su artículo 8.
“Por las condiciones de Uruguay, no debería haber personas con sufrimiento insoportable, pero no podemos decir que no lo hay y ni que cumplimos con la universalización de todas las etapas de cuidados paliativos, asegurando de esta forma el cumplimiento de lo dispuesto en la Constitución de la República de que todos somos iguales”.
Señalan que encuesta de SMU sobre eutanasia estuvo “sesgada”
El pasado año 2020, el Sindicato Médico del Uruguay llevó a cabo dos encuestas que recogían la opinión de la población en general, por un lado, y del cuerpo médico por otro, de la aprobación de la eutanasia. En ambas, el 82% de los consultados se pronunció a favor de esta herramienta.
Para Guedes, se trató de una encuesta “sesgada” dado que la misma no mencionó la alternativa de los cuidados paliativos. Además, señaló errores de interpretación dado que dentro de los porcentajes de aprobación incluyen un 20% de respuestas que dicen dudar de elegir esta opción. Por último, señaló que la encuesta realizada a los médicos incluye la respuesta de la misma cantidad de doctores que firmaron la carta en contra del proyecto de ley de Eutanasia. “Por otra parte, los médicos encuestados no tienen formación en cuidados paliativos porque la mayoría son médicos quirúrgicos o de otras especialidades médicas que podrían pensar que la posibilidad de esta alternativa es muy baja”, concluyó.
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