La Ley de Urgente Consideración (LUC) en su artículo 225 establece modificaciones a la Ley Integral contra el Lavado de Activos que fuera votada en 2017, atendiendo a las críticas hechas por colectivos de profesionales y asociaciones empresariales, entre las que se cuentan contadores, escribanos, abogados e inmobiliarias. En entrevista brindada a La Mañana, el secretario nacional de la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft), Dr. Jorge Chediak, se refirió a los temas vinculados al control de lavado de activos luego de implantarse la LUC.
¿Cómo analiza la aplicación de la LUC respecto al lavado de activos?
Nosotros participamos inicialmente en la redacción de las modificaciones a la Ley Integral contra el Lavado de Activos y a la Ley de Inclusión Financiera en relación con este tema, en la utilización en efectivo y los controles para la prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Tomamos en su momento todas las críticas y observaciones, tanto de los especialistas como de la oposición y de algunos integrantes del gobierno de coalición, a los efectos de que los controles no bajaran su eficacia, pero sí se permitiera la utilización de dinero en efectivo y se facilitaran, sobre todo, las operaciones vinculadas a los inmuebles, es decir compras, compromisos de compraventa, movimientos de dinero a los efectos de pagos accesorios, básicamente honorarios de escribanos, honorarios de las inmobiliarias, impuestos. Desde un inicio se trató de que la norma fuera lo más equilibrada posible, y señalábamos que en principio no preveíamos que hubiera un cambio de aguja importante en la utilización efectiva del dinero en efectivo, aunque sea tautológico. Es decir, que los compradores o clientes se fueran pasar masivamente a la utilización de dinero en efectivo.
Y eso básicamente porque ya incluso antes de la Ley de Inclusión Financiera se había ido achicando el universo de utilización del dinero en efectivo por razones es de seguridad. Es decir, la gente ya había pasado a la transferencia electrónica, que tiene sus topes, o por su puesto en el caso de las transacciones inmobiliarias a la letra de cambio. Estos instrumentos financieros, como la letra de cambio, tienen su costo y dificultaban enormemente las operaciones de compraventa de inmuebles y los escribanos fueron básicamente quienes alertaron de esta situación y propiciaron que se flexibilizaran, no los controles, sino la utilización del dinero en efectivo. Hoy, cuatro años después, podemos decir que no se ha detectado un movimiento masivo al efectivo, es decir que se siguen usando primordialmente los medios financieros, para las operaciones inmobiliarias, y por otro lado, hay una satisfacción del gremio del universo de los escribanos en relación a que exista mayor libertad en el uso de dinero en efectivo, y básicamente, no hubo ningún otro efecto negativo, como se vaticinaba, por ejemplo, que se multiplicaran las operaciones por debajo del umbral, que hoy está cerca de 130.000 dólares. No se ha detectado un incremento importante ni relevante de operaciones de monoambientes o inmuebles pequeños que pudieran adquirirse totalmente en efectivo. Se puede decir que se está usando el efectivo para gastos accesorios, el resto debe ser bancarizado. Se requiere que los demás agentes realicen la llamada “debida diligencia de seguridad y licitud”. El nivel de controles no se abatió para nada, ahora básicamente en casi todas las operaciones, porque en casi todas ellas algún montón de dinero en algo de efectivo se utiliza, quien quiere adquirir un inmueble debe probar el origen lícito del dinero.
En 2017 se aprobó la Ley de Lavado de Activos, las modificaciones de la LUC responden a reclamos de abogados y escribanos. ¿Existió un punto intermedio para que las partes fueran contempladas?
Por supuesto, hemos dicho que tomamos en consideración esta normativa puntual, si mal no recuerdo tuvo cuatro modificaciones, creo que fueron los artículos que tuvieron mayor discusión de la Luc, justamente para tener en cuenta las observaciones. No solo las observaciones de los escribanos, sino también de los técnicos, especialistas, integrantes de la coalición y oposición, en el sentido en que se debía afectar los niveles de control. Por eso esta compensación, una mayor libertad de utilizar el dinero en efectivo, pero ejecutando al mismo tiempo un aumento de los controles. Ya que sin un elemento de riesgo se habilita solamente una debida diligencia simple, la cual no implica una demostración del origen del efectivo, en este caso ahora sí, toda operación en la que se utilice dinero en efectivo se exige que se pruebe el origen lícito del dinero.
Desde la comisión técnica de AEBU se dijo que la LUC propiciaría algunas nuevas formas de lavado, ¿están en contacto con esta situación?
No, por supuesto, como señala, el sistema de contralor tiene dos cabezas o dos supervisores. Al sistema financiero lo supervisa la Unidad de Información y Análisis Financiero del Banco Central, y todo el resto, los 14.000 y pico de sujetos del sistema no financiero, lo supervisa la Senaclaft. Nuestro perfil de reportes de operaciones sospechosas, en el que el 90% los realiza el sistema bancario financiero y el 10% lo realiza la Senaclaft, es muy parecido al perfil de todos los países de la región. La gran mayoría de los capitales ingresan por el sistema financiero. Además, son aquellos que están en mejores condiciones de efectuar un reporte, que permiten hacer mejores controles que los escribanos. Entonces, que el 90% de los reportes provengan del sistema financiero es lo normal y el restante fuera de él también lo es.
El nivel de reportes del sistema financiero se ha mantenido, si se ve la gráfica, siempre ha estado entre 850-950; del sistema no financiero no se llega al 10% de esa cantidad. Hubo un bajón importante de operaciones sospechosas, pero no por la LUC, sino que fue raíz del covid, que se dio en el año 20 y 21, y ello coincidió con el cierre total de los Casinos. Usted se preguntará por qué tuvo tanta importancia. Los casinos también tienen una estructura importante para el conocimiento de sus clientes, y en general son responsables de cerca del 30% de los reportes del sector no financiero. Cuando desaparecieron esos reportes porque los casinos no funcionaban, bajó abruptamente durante esos dos años el número de reportes de operaciones sospechosas. Desde algún sector se decía que había bajado la percepción de riesgo del sistema no financiero, lo cual no era cierto ya que lo que había sucedido fue que habían bajado los reportes. Una vez retomada la normalidad se ha vuelto a la media. Pero no ha habido una gran variación ni hacia arriba ni hacia abajo. Salvo esto que decimos, pero allí también podría haber dos opiniones. Una es que nuestro Observatorio de Análisis Estratégico entiende que la baja de los reportes del sistema no financiero se debe el impacto de la covid, y no al impacto de la LUC. Y otra es, después, la prueba del nueve, es decir, desde el momento en que reabren los casinos los reportes de operaciones sospechosas vuelven a subir. Lo que ha habido es el mantenimiento de los números. Quisiéramos subirlos, estamos tratando de elevar el nivel de la percepción de riesgo y el conocimiento de todos los sujetos obligados de la normativa de prevención, para lo cual en todos estos años hemos hecho una gran capacitación desde la Senaclaft.
Se dice que la LUC establece una distinción de los controles en cuanto la operación sea bancarizada, ¿el rol de los sujetos obligados cambió con la LUC?
No, porque básicamente es al revés, nosotros establecimos la presunción de bajo riesgo a través de las operaciones bancarizadas para que, a contrario sensu, la utilización de dinero fuera un elemento de presunción de riesgo que obligara a hacer la debida diligencia intensificada, pero no cambió el nivel de los controles de las operaciones bancarizadas porque todas aquellas causales de sospecha que determinaban, antes de la LUC, que se debía hacer una una debida diligencia intensificada, es decir cliente extranjero, distintas modalidades demasiado complejas en la integración del precio, sospecha de algún tipo que el escribano pudiera tener, todas esas causales que obligaban a que se hiciera la debida diligencia intensificada, o sea a que se obligara a acreditar el origen del dinero a quien iba a realizar la operación, siguen. El nivel de controles no se alteró para nada.
El hecho de que el reporte de operaciones sospechosas haya bajado, ¿significa que las operaciones en el marco del narcotráfico cambiaron?
Recordemos que no bajaron, hubo una baja puntual en el 2020 y 21 porque los casinos no reportan, ahora estamos en el nivel de siempre, tanto en el sector financiero como el no financiero. Lo que se ven es lo que llamo pequeñas variaciones, en la línea histórica no han bajado. Lo otro es un viejo fenómeno bien conocido: el fraccionamiento. Se ha detectado que se fracciona, que era otra de las alertas. Primero, hay que decir, con el nivel de precios de los inmuebles en dólares en el Uruguay es imposible fraccionar. Si un apartamento sale 220 mil dólares no se puede fraccionar en dos compras de 110 mil, por supuesto eso supera el umbral. Y, por otra parte, no ha habido un incremento, no hemos detectado con el cruzamiento de datos que se hayan multiplicado las operaciones en efectivo por debajo del umbral. Eso no se ha podido detectar.
¿Estamos en contradicción con las normas internacionales?
No, porque lo que usted señala es real. Nosotros le llamamos controles de estaciones o de trincheras. Los controles no se realizan en un solo momento del negocio, por eso cuando ingresa en el sistema bancario dinero, por ejemplo para comprar un inmueble, se hace un control del origen del dinero. Después, cuando se va a utilizar ese dinero en la adquisición tiene que hacer el control el escribano y la inmobiliaria. Y ninguno se puede recostar en que el sujeto obligado anterior haya realizado el control, por eso son controles estacionados o controles sumados. Y en eso no cambió para nada y Uruguay está cumpliendo a rajatabla las directivas internacionales. De hecho, salvamos el examen de Gafilat [Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica] en el año 2019. Ahora todo lo que hemos acometido, la autoevaluación nacional de riesgo que ya está terminada –o sea primero el diagnóstico y luego el tratamiento– y la estrategia que está a punto de aprobarse, ya se obtuvo esta semana el documento final con aquiescencia de todos los organismos que participan en la Comisión Coordinadora de Lavado de Activos. Los exámenes de la Gafilat son cada 10 años, básicamente a Uruguay le toca ser evaluado en febrero del 2030. Tenemos tiempo para prepararnos de la mejor forma posible. Se han establecido pautas que serán más difíciles que las de 2019. Las evaluaciones durarán un año y medio y deberemos cumplir con estos estándares. Y por supuesto, hemos hecho el diagnóstico, hasta la aprobación el tratamiento que son aquellas tareas pendientes para los próximos seis años colocando a Uruguay en el mejor lugar con respecto a la lucha contra el lavado de activos.
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