El pasado miércoles 29, el Banco Central publicó en la prensa capitalina las tasas de interés vigentes a partir del 1 de febrero de 2020. Es un cuadro con muchos números y categorías, y en el que lo relevante aparece en letra chica. A pesar de la información engorrosa, del cuadro surge claramente que en nuestro país es legal aplicar una tasa de 175,88% a las familias, lo que indicaría que en los últimos años además del consumo de droga, en Uruguay se ha legalizado la usura.
Desde esta columna venimos alertando desde hace meses sobre esta aparente anomalía regulatoria que permite cobrar legalmente tasas a los más humildes que en cualquier lugar del mundo serían consideradas usurarias. Es tan grotesco el nivel de estas tasas, que no guardan relación alguna con ningún precio de la economía, lo que evidenciaría cierta displicencia del regulador con aquellos que han hecho del préstamo a las familias un negocio. Peor aún, esta tasa viene subiendo a un ritmo inexplicable, ya que hace pocos meses se encontraba en 140%.
” El usurero extrae la vida del pobre como el parásito lo hace con el cuerpo que parasita. Por eso es despreciable la usura porque se alimenta de la vida del que apenas tiene...” P. Rafael Fernández, SJ *
Decía un conocido economista norteamericano que un país evidencia cuál es el segmento de la población sobre el que se enfoca la atención, según los productos que selecciona para la canasta de cálculo del IPC. Se podría decir entonces que al permitir estas tasas, el Estado uruguayo no se estaría preocupando por las familias más humildes, aquellas que deben recurrir a este tipo de préstamos. También nos invita a reflexionar sobre los contenidos de programas como “BCU educa”, el que supuestamente está pensado para educar a la población sobre el manejo de sus finanzas. Nos resultaría raro que algún funcionario del BCU acuda al mercado de préstamos para pagar esas tasas de interés aberrantes, por lo que sería sano que educaran al resto de la población. ¿Qué necesidad puede tener una familia que amerite se endeude a una tasa de casi 180% en un país en que la inflación es del entorno del 10%? ¿Cómo contribuye esto a la igualdad? ¿Cómo se compatibiliza esto con el slogan de la “inclusión financiera”? ¿Será que es “inclusivo” prestar a estas tasas?
Claramente hemos perdido las marcas de lo que significa proteger a nuestra población. No solo no la podemos proteger físicamente, sino que resulta que la hemos dejado en manos de oportunistas que se aprovechan de sus cultivados vínculos con el poder regulatorio.
Ni siquiera la economía de Chile, con su supuesta herencia “pinochetista”, permite una situación que se acerque a este abuso. En el país trasandino existe una Comisión para el Mercado Financiero que vela, entre otras cosas, por que las entidades fiscalizadas cumplan con las leyes, los reglamentos y otras disposiciones. Como el BCU en Uruguay, publica las tasas máximas a las cuales puede prestarse al público. Y esta tasa es hoy 33,96%. ¿Será que en Uruguay, luego de 15 años de progresismo discursivo, perdimos la genuina sensibilidad social? ¿O se trata simplemente de la presencia de oportunistas que advirtieron la debilidad de un equipo económico que con tal de promocionar su “inclusión financiera” miró para el costado?
La reciente campaña electoral nos permitió apreciar cómo muchos referentes del equipo económico repetían como loros los principios republicanos, la institucionalidad y toda una serie de vocablos que, pronunciados por quienes habilitaron este desmadre, son consignas vacías. Que apenas sirven para que las ya aburridas murgas oficialistas intenten mofarse de un gobierno entrante, que es la única esperanza que le queda a la ciudadanía de que en algún momento, luego de un largo período de espejismo progresista, se termine el recreo.
* P. Rafael Fernández, SJ
Docente principal de la Escuela de Filosofía de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya
