Después de varios años de fuerte crecimiento, la economía uruguaya redujo el ritmo de su expansión, para mostrar ahora un estancamiento preocupante. Según los datos del BCU, el PBI se mantiene básicamente estancado desde hace un año.
Mientras el crecimiento fue intenso (entre 2007 y 2014), el salario real subió en forma destacada, superando en 25% su nivel de fines de los 90 (el anterior ciclo de expansión). Y también creció el empleo, que superó la tasa del 60% (más de 60 de cada 100 personas mayores a 14 años trabajaban).
Ese virtuoso escenario cambió a partir de 2015: el empleo comenzó a retroceder y el salario mantuvo su crecimiento, pero no todo pudieron aprovecharlo: el desempleo subió a niveles superiores a 8,5%.
Esta situación de empleo en baja y salario en suba está reflejando que la productividad promedio del trabajo en la economía no avanzó de manera firme, y ahora solo se sostiene reduciendo puestos de trabajo. Es una situación preocupante porque –desde el punto de vista de la economía- el empleo es el gran integrador social, vínculo esencial de las personas con el resto de la sociedad.
La política laboral del gobierno apuntó a subir el salario en forma significativa, y en particular a subir los salarios bajos, de manera de garantizar ingresos mínimos más dignos a los trabajadores. Es una aspiración compartible, pero se sostiene si la economía mantiene dinamismo, con inversiones que mejoren la productividad. De lo contrario, el desempleo sube porque a las empresas les resulta difícil sostener los costos laborales que se les imponen.
No se trata de volver atrás en lo avanzado. “No queremos ‘cualquier empleo’”, señalaba hace un tiempo el ministro Murro y también es una aspiración razonable, pero solo si se les abre a las empresas el espacio como para articular mejor la relación entre empleo y productividad, de manera de competir mejor en el mercado local y en el exterior.
El reciente pronunciamiento de la OIT (Organización Internacional del Trabajo) puede ser una interesante oportunidad, a pesar de que el gobierno (y el PIT-CNT) no lo han recibido bien. El organismo pide que se priorice la negociación bipartita, tal como establece el convenio 98 (negociación colectiva). Esto implica modificar la ley, lo que el gobierno hará a regañadientes.
Sin embargo, la negociación bipartita (el Estado solo arbitra si no hay acuerdo, y solo salarios mínimos) puede ser un ámbito mejor para discutir una relación salario-empleo más equilibrada en las empresas. ¿No perderán salario los trabajadores? En la medida que el accionar sindical está garantizado (en particular luego de las leyes que impulsó el primero gobierno del FA), puede esperarse que el salario no sea una variable de ajuste de primera instancia, y solo negociarlo si el empleo está seriamente amenazado. Lamentablemente, esto sucede en muchas empresas, pero no en todas.
Si estas modificaciones en las relaciones laborales se acompañan con mejoras en la competitividad (reducción de costos, más mercado, tarifas razonables) y llegan nuevos proyectos de inversión, salario y empleo podrían volver a marchar juntos.
- Columnista invitado
