Uruguay exige a la empresa chilena HIF evaluar el impacto en Argentina de su megaproyecto de hidrógeno verde, reavivando viejas tensiones en el Río Uruguay y poniendo a prueba la diplomacia ambiental entre ambos países.
En un movimiento que refleja la delicada naturaleza de los proyectos transfronterizos, el Ministerio de Ambiente de Uruguay ha pedido formalmente a la empresa chilena HIF Global que evalúe específicamente los impactos que su planta de hidrógeno verde tendría sobre la ciudad argentina de Colón. Esta solicitud, detallada en los “términos de referencia” enviados a la empresa, llega en respuesta al reclamo diplomático de Argentina y bajo la sombra del histórico conflicto por las papeleras, que hace dos décadas tensó las relaciones bilaterales a orillas del mismo río.
El proyecto, considerado la inversión más grande en la historia de Uruguay con un monto estimado entre 4.000 y 6.000 millones de dólares, prevé la construcción de una planta de producción de hidrógeno verde y combustibles sintéticos (e-combustibles) en Constancia, Paysandú. Su ubicación, a menos de 4 kilómetros en línea recta de Colón, ha reavivado viejas tensiones y planteado un nuevo desafío para la convivencia y la gestión ambiental conjunta del Río Uruguay.
Un proyecto de gran escala y ambición
La iniciativa de HIF Global, que ya cuenta con la Viabilidad Ambiental de Localización otorgada por Uruguay, es de una envergadura colosal. Se planea una planta que en su etapa final produciría 880.000 toneladas anuales de e-combustibles como e-metanol y e-gasolina, destinados a la exportación a Europa y Asia. Para 2029, se estima que generará exportaciones por más de 1.000 millones de dólares anuales y creará cientos de puestos de trabajo.
El proceso se promociona como “verde” porque utiliza energía solar y eólica para, mediante electrólisis, separar el hidrógeno del agua que se captaría del río Uruguay. Este hidrógeno, combinado con dióxido de carbono capturado, produce los combustibles sintéticos. La empresa insiste en que no habrá descargas contaminantes y que los efluentes serán tratados con los más altos estándares.
La raíz del conflicto: geografía e historia
El núcleo de la controversia es la proximidad de la planta a Argentina. Mientras que el centro de Paysandú está a unos 15 kilómetros, la ciudad de Colón se encuentra a apenas 4.75 kilómetros en línea recta. Esta asimetría hace que, para los colonenses, los riesgos potenciales sean directos y mayores que los beneficios, los cuales perciben concentrados en suelo uruguayo.
“Lo digo con total firmeza: no podemos cometer el mismo error. Tenemos que aprender de lo que nos pasó con Botnia. Fue un proceso doloroso y todavía quedan heridas abiertas”, declaró el intendente de Colón, José Luis Walser.
El fantasma del conflicto por la planta de celulosa UPM (ex Botnia), instalada frente a Gualeguaychú y que llevó a ambos países ante la Corte Internacional de Justicia, planea sobre todas las discusiones. Vecinos y autoridades temen que se repita un escenario de desconfianza, protestas y división social.
Las demandas del estudio de impacto ambiental
En respuesta al reclamo argentino, los términos de referencia enviados por el Ministerio de Ambiente uruguayo a HIF son extensos y específicos. Clasificado en la categoría C (la de mayor exigencia), el proyecto requiere un Estudio de Impacto Ambiental “completo” que incluya audiencias públicas.
El documento ministerial instruye a la empresa que:
- Incluya a Colón dentro del área de influencia directa del proyecto, evaluando impactos sobre su población, turismo y economía.
- Detalle y justifique la selección del sitio elegido para la planta, un punto que toca directamente la petición argentina de relocalización.
- Evalúe el impacto en la calidad visual del paisaje, considerando las chimeneas de 80 metros de altura y otras estructuras industriales visibles desde “receptores sensibles” como viviendas y zonas recreativas de ambas costas.
- Profundice en el análisis hidrológico del río Uruguay, modelando escenarios con y sin la descarga de efluentes de la planta, incluso bajo condiciones de cambio climático y eventos extremos.
- Analice los efectos en todas las fases (construcción, operación y cierre), y proponga medidas de mitigación, restauración y compensación en caso de impactos residuales significativos.
Perspectivas enfrentadas y un diálogo en curso
Las posiciones de los actores involucrados reflejan intereses y prioridades distintas:
- HIF Global y el Gobierno uruguayo: Defienden el proyecto como una oportunidad histórica para el desarrollo económico y la transición energética. El intendente de Paysandú, Nicolás Olivera (nacido en Colón), sostiene que “no es una pastera” y que la empresa está obligada por los mercados internacionales a cumplir los más altos estándares ambientales para poder vender su producto. La empresa asegura haber mantenido más de 15 instancias de diálogo con las comunidades.
- Vecinos y Autoridades de Colón: Ven una amenaza existencial para su modo de vida, basado en el turismo. Exigen la relocalización de la planta hacia el interior uruguayo, argumentando que el riesgo, por mínimo que sea, recae injustamente sobre ellos. Han realizado marchas de protesta y asambleas urgentes.
- El Gobierno argentino: Ha adoptado una postura de diplomacia cautelosa. A través de la Cancillería, ha solicitado información técnica a la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) y ha subrayado la necesidad de “transparencia ambiental y cooperación diplomática”, sin oponerse al desarrollo del hidrógeno en sí mismo.
Más allá del río: lecciones y desafíos futuros
El caso HIF-Colón pone a prueba si los mecanismos de diálogo y evaluación binacional han madurado desde el conflicto de las papeleras. Muestra la complejidad de equilibrar la urgente transición energética global con las realidades locales y la justicia ambiental.
Mientras Uruguay avanza con decisión en su estrategia para convertirse en un exportador de energías limpias, Argentina observa con preocupación y cierta frustración la brecha tecnológica y de inversión que se abre. El desafío para ambos gobiernos será demostrar que es posible generar desarrollo sin erosionar la confianza entre comunidades hermanas, asegurando que el hidrógeno verde no termine teñido por el mismo conflicto que, hace veinte años, dividió a dos pueblos unidos por el agua.
