La investigación que estuvo a cargo de la fiscal Beatriz Protesoni y estableció que no hubo móvil político en el ataque. “Si bien las personas agredidas estaban poniendo carteles de propaganda política, se descarta que el móvil haya sido político, fue un hecho puntual que pasó por una discusión del momento”, consideró la magistrada.
La fiscal de Salto Beatriz Protesoni imputó el pasado 14 de agosto por “lesiones graves agravadas” a Pablo Laurencena, que en la noche del 12 de agosto apuñaló a un militante frenteamplista, Alberto Acosta, que colocaba carteles de propaganda electoral.
También fue imputado y enviado al Instituto Nacional de Inclusión Social y Adolescente (Inisa), el hijo de Laurencena, de 15 años, por tres infracciones graves a la ley penal. Una como “coautor de un delito de lesiones graves” y otras dos como “autor de lesiones personales”.
La noticia se conoció luego de que varios dirigentes del Frente Amplio en Salto utilizaron sus redes sociales para repudiar un ataque que, según ellos, tenía un “claro móvil político”. Todos coincidían en señalar que un militante del Frente Amplio había sido apuñalado mientras colgaba carteles a favor del candidato Andrés Lima.
El relato inicial indicaba que el incidente se había generado en la zona del Obelisco, mientras un grupo de militantes colocaba los carteles en el marco de una campaña electoral municipal. Al otro día del ataque, el vocero de la Policía en Salto, Giovanni Bacci, dijo a la prensa que se estaba investigando una “reyerta casual”, descartando a priori un móvil político.
Sin embargo, el vicepresidente de la Departamental del Frente Amplio en Salto, Daniel Cattani, ese mismo día se desmarcaba de la información oficial, afirmando que la violenta agresión a militantes de su partido “fue un ataque político”.
Tras una discusión inicial, los agresores regresaron minutos después y “sin decir nada” atacaron a quienes allí estaban. El principal atacante “volvió dispuesto a matar, porque el ataque hacia el compañero fue brutal”, manifestó el dirigente del Frente Amplio a Radio Uruguay.
Ese mismo día, militantes del Frente Amplio se concentraron la Plaza Artigas del departamento, y tras entonar las estrofas del himno nacional, repudiaron la agresión sufrida por sus militantes. Los principales dirigentes del Frente Amplio señalaron allí que pretendían un acuerdo con los demás partidos políticos para prevenir nuevas situaciones de violencia en el marco de la campaña.
Mientras la Policía descartaba el móvil político y los dirigentes del Frente Amplio aseguraban que ese había sido el motivo del ataque, los principales candidatos de los otros partidos también se pronunciaban en redes sociales. En ese sentido, desde el Partido Nacional hubo manifestaciones de repudio a la agresión, por parte de los candidatos César Mari, Carlos Albisu y Francisco Blardoni. Lo mismo ocurrió con Germán Coutinho, el líder de Vamos Salto, sector del Partido Colorado.
Mientras el sistema político se centraba en discutir algo que la Justicia aún estaba investigando, la Policía conjuntamente con Fiscalía llevaban adelante la investigación, con el agresor detenido e incomunicado.
Pablo Daniel Laurencena Albín, tenía dos antecedentes penales. En agosto del año 2005 había sido procesado sin prisión por “lesiones personales”, y en junio de 2013 con prisión por “violación de domicilio y violencia privada”.
Para la Policía llamaba poderosamente la atención que el ataque tuviera un móvil político, cuando tras las diferentes actuaciones, algunas personas interrogadas por los agentes, señalaban que el detenido, era militante del Movimiento de Participación Popular (MPP).
Según el documento donde se solicita la formalización de la investigación al que accedió La Mañana, los agresores, pasaban por el lugar donde estaban colocando cartelería político partidaria.
“Cruzan por donde estaba el grupo de personas, éstas se apartan para dejarlos pasar y en esas circunstancias el imputado, pisa una parte de la cartelería que estaba en el piso. Ese hecho generó un intercambio de palabras”. Sin embrago, en esa primera instancia, nada sucedió, ya que los agresores, se fueron del lugar.
El documento agrega que “unos diez minutos más tarde el imputado acompañado de su hijo vuelven sobre sus pasos, dirigiéndose directamente hasta donde se encontraba el grupo de personas que proseguía con su labor”. “El imputado comienza a sacar fotos del vehículo perteneciente a uno de quienes colocaba la cartelería, mientras éste trata de impedirlo con ademanes recriminándole por la actitud. Se genera entonces una discusión entre el grupo y el imputado junto a su hijo”, describe. Es en ese contexto, en que se da el ataque.
Tras las diferentes actuaciones judiciales, la fiscal Beatriz Protesoni, que llevó adelante la investigación, concluyó que no hubo móvil político ni la mediación de odio partidario.
Policía desmiente versión periodística
Según publicó diario EL País, en su edición del pasado 5 de agosto, varios cuidacoches y personas en situación de calle en Ciudad Vieja, fueron agredidos por un grupo de jóvenes, con bates de béisbol. De acuerdo a la crónica, los testimonios coincidían en que se trataba de un grupo de seis o siete hombres que llegaron a la zona en autos nuevos y directamente golpean a personas en situación de calle, cuidacoches y consumidores de pasta base. El artículo agrega que los agresores, se ganaron el rótulo de “los antipasta”.
Sin embargo, el Ministerio del Interior revisó las cámaras de la zona y no encontró nada, según dijo a La Mañana, el director de Convivencia y Seguridad Ciudadana, Santiago González. “En las cámaras no se ve absolutamente nada”, dijo González, quien aclaró además, “no hay ninguna denuncia policial sobre los incidentes”.
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