La implementación total de la facturación electrónica, vigente desde el 1º de enero de este año, ha marcado un cambio significativo para el comercio minorista.
Las facturas electrónicas se denominan Comprobantes Fiscales Electrónicos (CFE). Son documentos electrónicos que tienen la misma validez legal y tributaria que las facturas en papel. La Dirección General Impositiva (DGI) es la encargada de regular y controlar el sistema de facturación electrónica.
Daniel Fernández, presidente del Centro de Almaceneros Minoristas, Baristas, Autoservicistas y Afines del Uruguay (Cambadu), dialogó con La Mañana sobre este proceso y otros temas clave que afectan a los negocios de barrio, desde el auge de los pagos digitales hasta las políticas de gestión de envases plásticos.
Según Fernández, la obligatoriedad de los Comprobantes Fiscales Electrónicos (CFE), establecida por la Dirección General Impositiva (DGI), no representa una carga significativa para los comercios pequeños que ya operaban dentro del marco legal. “A quienes estaban obligados a incorporarse, como todos los contribuyentes de IVA, el sistema les aporta mayor organización”, afirmó. Este mecanismo, que elimina la posibilidad de operaciones informales, beneficia tanto al comerciante, al regularizar su situación fiscal y administrativa, como al Estado, que incrementa su recaudación tributaria. Sin embargo, el panorama es menos alentador en los márgenes de la informalidad. Fernández destacó la existencia de numerosos comercios en barrios periféricos que operan sin registro alguno, carentes de tecnología electrónica y con una fiscalización estatal insuficiente. “Son negocios que apenas cubren el costo de la electricidad”, señaló, evidenciando una brecha persistente entre el sector formal y el informal.
Implementación gradual
La transición hacia la facturación electrónica culminó tras más de una década de implementación gradual, iniciada en 2012 con los grandes contribuyentes. A pesar de intentos en la legislatura previa por postergar su entrada en vigor, los plazos se mantuvieron y Fernández considera que los comercios establecidos estaban preparados para asumir el cambio. “Para quienes ya cumplían con sus obligaciones tributarias, fue un avance en la modernización”, explicó. El sistema implica costos asociados, como la obtención del certificado digital, y la contratación de proveedores autorizados. Aunque la DGI ofrece un beneficio fiscal de hasta 80 unidades indexadas mensuales (unos 480 pesos) para pequeños contribuyentes, este incentivo no elimina por completo la inversión inicial requerida. También hay un crédito fiscal por arrendamiento de terminales POS. A cambio, los comerciantes ganan claridad en sus finanzas, permitiéndoles calcular con precisión la rentabilidad de sus operaciones, un aspecto que muchos desconocían bajo métodos manuales, destacó también el presidente de Cambadu.
Paralelamente, el comercio minorista ha experimentado un crecimiento notable en el uso de tarjetas de débito, un fenómeno que Fernández vinculó a los cambios en los hábitos de consumo. “El ciudadano recibe su salario en una cuenta bancaria y se habitúa a pagar con tarjeta”, afirmó. Si bien las transacciones en efectivo persisten para compras menores, los montos más elevados tienden a canalizarse a través de medios electrónicos. Fernández también destacó que este cambio se ve reforzado por la Tarjeta Uruguay Social, que mueve millones de pesos y obliga a los comercios a contar con terminales electrónicas para atender a esos usuarios. “Quienes ya disponían de esa tecnología estaban mejor posicionados para adaptarse también a la facturación electrónica”, añadió, subrayando la interconexión entre ambos procesos de digitalización.
Ventas estables
Al ser consultado sobre cómo está funcionando el comercio minorista en cuanto a ventas, el presidente de Cambadu sostuvo que en términos económicos el primer trimestre de 2025 refleja una estabilidad relativa para el sector. Las ventas, ajustadas a la inflación acumulada del año anterior, se mantienen en niveles similares a los de 2024, aunque enfrentan desafíos estacionales. “Enero es complicado por el turismo, y febrero y marzo se ven afectados por los gastos escolares”, explicó. A pesar de estas variables, no se observan caídas significativas ni crecimientos destacados, lo que sugiere un inicio de año sin sobresaltos para los almacenes y autoservicios.
Por otra parte, las expectativas de Cambadu hacia el gobierno que asumió funciones hace poco más de un mes se mantienen cautelosas. Hasta el momento, la gremial ha sostenido una única reunión formal con el ministro de Ambiente. “Esperamos que el bienestar del gobierno impulse el crecimiento del país”, expresó Fernández.
En el encuentro con el ministro de Ambiente se abordó un tema pendiente: la gestión de envases plásticos y el sistema de devolución que busca reducir su impacto ambiental. Esta idea está planteada desde hace varios años y se denomina Plan Vale. Consiste en que el consumidor paga el valor del envase desechable (plástico, lata o tetrapak) al momento de la compra. Cuando el envase se devuelve vacío, el consumidor recibe de vuelta el valor que pagó y de esta manera el envase se recupera y puede reutilizarse o convertirse en un nuevo envase.
Fernández dijo que en el gobierno anterior el proyecto quedó estancado por falta de diálogo con los comercios, principales actores en la cadena de distribución. “Con el gobierno anterior estaba todo en agua de borraja, porque realmente los mayores protagonistas son los comercios, y nunca hablaron con el comercio”, afirmó. Ahora sostiene que se parte de cero.
La propuesta de devolución de envases plantea desafíos operativos significativos para los comercios pequeños, según Fernández. “No tienen espacio físico para almacenar los envases que los clientes devuelvan”, indicó, señalando que un almacén típico de barrio carece de la infraestructura necesaria para implementar el sistema en su forma actual. Aunque reconoce el propósito ambiental de la medida, insistió en la necesidad de ajustes logísticos y financieros para hacerla viable. Sin esas correcciones, es imposible llevarla adelante de manera eficiente, advirtió. Por el momento, no se han establecido fechas concretas para su ejecución (se ha mencionado que la intención es que sea este año), pero Fernández anticipó que en las próximas semanas se realizarán nuevas reuniones con el Ministerio de Ambiente y la empresa involucrada para avanzar en una solución consensuada.
