Más que a un deseo real de morir, muchas solicitudes de eutanasia responden al sufrimiento psicológico y a la falta de acompañamiento, de acuerdo con la experiencia de la Dra. Adriana Della Valle, directora de la maestría de Cuidados Paliativos de la UM y jefa de la Unidad de Cuidados Paliativos del Hospital Militar. En conversación con La Mañana, cuestionó duramente la ley aprobada y advirtió por los riesgos éticos y el posible impacto negativo que podría tener en una sociedad con altos índices de suicidio.
“La voluntad de muchos pacientes que solicitan la eutanasia podría cambiar si veláramos por su salud mental”, afirmó a La Mañana Jorge Patpatian, fundador de la Asociación Cristiana Uruguaya de Profesionales de la Salud. ¿Qué reflexión le merece?
Coincido plenamente con esa afirmación. Muchos pacientes oncológicos o personas que padecen enfermedades graves y progresivas, aunque no tengan cura, sí cuentan con tratamientos que permiten manejar adecuadamente los síntomas y mejorar su calidad de vida. A eso debe sumarse un acompañamiento psicológico continuo, que muchas veces es determinante.
Con frecuencia, estos pacientes llegan atravesados por el miedo, la soledad y la angustia. No saben cómo enfrentar el diagnóstico ni todo lo que implica convivir con una enfermedad de este tipo. Se sienten desbordados, sin dormir, nerviosos, con una sensación de indignidad o de estar transitando el proceso completamente solos.
Si pudiéramos garantizar a todos una asistencia adecuada en salud mental –ya sea psicológica o psiquiátrica–, es muy probable que muchos de esos pacientes que hoy llegan angustiados y pensando en la eutanasia, en realidad no deseen morir, sino que pidan ayuda para atravesar el sufrimiento que la enfermedad les genera. En muchos casos, no se trata de una voluntad real de poner fin a la vida, sino de la necesidad urgente de una mano que los acompañe y los sostenga en ese momento tan vulnerable.
Usted ha manifestado una postura crítica respecto a la ley de eutanasia recientemente aprobada. ¿Qué aspectos de la normativa le generan mayor preocupación?
La ley me genera muchísima preocupación en prácticamente todo su articulado. Son muchos los puntos problemáticos, y voy a mencionar solo algunos de los más relevantes.
En primer lugar, el hecho de que no se limite exclusivamente a enfermedades graves, progresivas e incurables, sino que también incluya “condiciones físicas”, abre la puerta a que personas que no tienen enfermedades que limiten gravemente su vida o su calidad de vida puedan solicitar la eutanasia. Esto resulta especialmente preocupante cuando no se garantiza que esos pacientes hayan tenido una atención efectiva en cuidados paliativos, ni una evaluación adecuada de su salud mental, ni la certeza de que estén psíquicamente capacitados para tomar una decisión de este tipo con todas las garantías necesarias.
Otro aspecto que me genera gran inquietud es el sistema de testigos. La norma exige dos testigos, pero solo uno de ellos debe carecer de intereses en relación con el paciente. El otro sí puede tenerlos, lo cual puede resultar muy problemático. Muchos pacientes, especialmente en situaciones de vulnerabilidad, pueden sentirse una carga para sus familiares o cuidadores y verse empujados –de forma explícita o implícita– a considerar la eutanasia como una salida más fácil que recibir cuidados o acompañamiento a largo plazo.
Por último, preocupa seriamente la falta de claridad en el procedimiento. La ley establece que la eutanasia podrá ser realizada por “el médico o a su orden”, una expresión ambigua que deja lugar a múltiples interpretaciones. Esto podría implicar a personal de enfermería, a otro médico o incluso a personas sin formación médica, como un amigo o un familiar del paciente. No definir con precisión quién ejecuta el procedimiento es sumamente grave y puede generar consecuencias éticas, legales y psicológicas muy serias para quien lo lleve a cabo.
¿Qué consecuencias prevé que pueda tener esta legislación en la sociedad uruguaya?
Creo que existe un riesgo muy claro de avanzar hacia lo que se conoce como la “pendiente resbaladiza”. Pacientes que atraviesen determinadas condiciones de salud podrían comenzar a ver en la eutanasia una vía rápida para evitar enfrentar el proceso de la enfermedad que les fue diagnosticada o para no sentirse una carga para sus familias.
Esto probablemente derive en un aumento significativo de las solicitudes de eutanasia, pero también en una consecuencia menos visible y muy preocupante: una detención o incluso un retroceso en el desarrollo de los cuidados paliativos, un área que en Uruguay ha crecido y mejorado notablemente en los últimos cinco años.
Además, no podemos dejar de pensar en el impacto que estas decisiones tendrán en las familias. Las consecuencias emocionales y en términos de salud mental pueden ser muy graves y duraderas, tanto para los seres queridos como para la sociedad en su conjunto, que empieza a naturalizar la muerte como respuesta al sufrimiento en lugar de fortalecer las redes de cuidado y acompañamiento.
Considerando la situación actual del país en materia de salud mental y las cifras de suicidio, ¿cree que la ley podría complicar todavía más esta realidad?
Sí, sinceramente lo creo. En un país que ya enfrenta una situación muy delicada en materia de salud mental y con cifras de suicidio preocupantes, la aprobación de esta ley puede enviar un mensaje social muy complejo.
La incorporación de la eutanasia corre el riesgo de banalizar la muerte como respuesta al sufrimiento y de generar un efecto de arrastre. Es posible que estas prácticas terminen influyendo en un aumento de las conductas suicidas, especialmente en personas vulnerables, que pueden percibir la eutanasia como una validación de la idea de que morir es una solución frente al dolor, la angustia o la sensación de no tener salida.
Como decía, la norma no establece una instancia de evaluación de salud mental previa a la solicitud de eutanasia. ¿Qué opina al respecto y qué implicancias cree que podría tener?
Me parece sumamente grave. La principal implicancia es que la evaluación de la salud mental del paciente podría quedar en manos de médicos que no cuentan con la formación ni la idoneidad necesarias para realizarla. Un médico general o un profesional sin especialización en salud mental, no está capacitado para determinar adecuadamente si una persona se encuentra en condiciones psíquicas de tomar una decisión de esta magnitud. La norma exige la intervención de un médico y de un segundo médico, pero no establece que ninguno de ellos deba tener una especialidad específica en salud mental. Esto implica que decisiones irreversibles podrían tomarse sin una evaluación psiquiátrica o psicológica adecuada, lo cual hace que el impacto y las consecuencias de esta omisión sean extremadamente graves.
Desde su punto de vista, ¿hay garantías suficientes para evitar que personas que padezcan trastornos como la depresión accedan a la eutanasia sin haber recibido el tratamiento adecuado?
No, en absoluto. Considero que esta ley es todo menos garantista. No existe dentro de la normativa ningún mecanismo claro que evalúe trastornos como la depresión, aunque podrían estar presentes otros trastornos psiquiátricos o incluso situaciones sociales complejas que el paciente esté atravesando. La ausencia total de una evaluación específica en salud mental deja especialmente expuestas a las personas más vulnerables. Esto no solo es preocupante, sino que resulta muy duro y muy grave porque permite que personas que podrían beneficiarse de tratamiento, acompañamiento y contención accedan a una práctica irreversible sin haber recibido la atención adecuada.
Por otra parte, hay un aspecto adicional que considero fundamental señalar. Todo este procedimiento se realiza en la soledad del consultorio, entre el médico y el paciente, sin que sea obligatorio que ningún familiar esté presente y ni siquiera informado de que se va a proceder a quitarle la vida a una persona.
Además, el médico recién envía el expediente o el registro del procedimiento al Ministerio de Salud Pública una vez que la eutanasia ya fue realizada. Si hubo un error, si el procedimiento no estaba correctamente indicado o si faltaban garantías, el daño ya está hecho. No existe una instancia de evaluación previa que funcione como resguardo real.
En otros países donde la eutanasia está legalizada, como España, existe un comité de garantías que evalúa los casos antes de que se lleve a cabo el procedimiento. Aquí no. Y después no hay arreglo posible. Una vez realizada la eutanasia, no hay forma de revertir una mala decisión.
