Consultado por La Mañana, el presidente de la Cámara de Industrias del Uruguay (CIU), Alfredo Antía, reflexionó sobre los sectores que pueden ser más beneficiados y los más perjudicados, y expresó su preocupación sobre la competitividad de la industria uruguaya respecto de los productos argentinos.
¿La medida de bajar aranceles a las importaciones fue coordinada con la CIU?
No, la CIU ha expresado una y otra vez, y desde hace años, su preocupación por medidas distorsivas a la competencia aplicadas por la República Argentina ya sea a través del régimen de detracciones a las exportaciones, ya sea como ahora con el recientemente instaurado fideicomiso del trigo que le permite a la industria argentina elaborar con esa harina subsidiada y exportar al Uruguay con arancel cero.
Ante un escenario como éste, es un verdadero desafío para el Poder Ejecutivo definir qué medidas aplicar para, por un lado, procurar contener la inflación, y por otro, no afectar a los sectores industriales nacionales y los empleos involucrados.
¿Qué posición tiene la cámara sobre los posibles efectos de estas medidas?
Estamos expectantes respecto a cómo finalmente se instrumenten; no obstante, en esto hay dos perspectivas a tener en cuenta: por un lado, la harina y el aceite son dos insumos fundamentales de la industria de panadería, galletería y fideería del país, y por otro, ambos insumos son productos fabricados por la industria harinera y aceitera nacional. Pero ojo, estamos en un escenario de alta volatilidad y todo es relativo. La harina que valía en plaza US$ 400 la tonelada en 2020 hoy vale aquí US$ 610… En el ínterin se coló la pandemia, un encarecimiento de los fletes y una demanda insatisfecha agravada por la invasión de Ucrania.
A priori podríamos decir que la reducción arancelaria en cuestión, por un lado, impactaría favorablemente a la industria nacional que utiliza tales productos como insumos en sus ciclos productivos, y ello permitiría mejores costos, menores precios finales y por tanto menor presión inflacionaria. Pero en sentido inverso, afectaría a la industria harinera y aceitera del Uruguay, que enfrenta precios distorsionados de Argentina producto del esquema de retenciones a la exportación. Por ello no puedo transmitir una opinión excluyente al respecto. Son dos sectores de actividad industrial que agregan valor y empleo en el país y que nuestra cámara representa.
¿Cuál es la principal preocupación que tienen acerca de la competitividad de la industria nacional respecto de los productos importados beneficiados?
La situación competitiva con Argentina es muy difícil en todo sentido y si algo faltaba, es esta norma que asegura un precio interno para la harina sustancialmente más bajo que el que tenemos en Uruguay. Como si fuera poco, la vuelta a la normalidad desnuda aquel escenario que vivimos en la pandemia en el que, con las fronteras cerradas, nuestras empresas “exportaban” al Uruguay. Es decir, descubrieron que vendían a clientes que antes no existían fruto del contrabando y de la venta al menudeo en la frontera al litoral y también en la frontera seca con Brasil.
Vale resaltar que Uruguay, gracias a su industria, tuvo abastecimiento de alimentos y a precios competitivos y respetando las normas de calidad y controles que nos damos entre casa, y que, por cierto, obligan a los importadores y ellos tanto resisten.
¿La baja de tasas del LATU para algunos productos importados representa algún tipo de desigualdad con respecto a los producidos en Uruguay?
Estamos estudiando el asunto. Claramente por un 1% de reducción poco o nada cambiará para el consumidor y sí lo hará a favor del importador, que ya goza de las ventajas de vender productos en un mercado donde la industria nacional se ve tan afectada en sus condiciones de competitividad.
Hay que ver que con esa recaudación el LATU es responsable de verificar la calidad de los alimentos y el cumplimento de la normativa que establece el país, por ejemplo, los famosos octógonos. Si con la norma obligatoria para todos, hay varios importadores que la esquivan (y suelen ser los mismos), con esta norma amigable al importador habrá más “apurados” que esquiven ese radar, que ni más ni menos cuida el cumplimiento y la inocuidad de los alimentos que consumen los uruguayos.
Y dejo una pregunta a quienes defienden la idea de liberar todo: ¿creen que algún producto uruguayo cruza el puente o el Chuy o cualquier aduana del mundo sin los máximos controles? ¡Por favor! ¡Aproximadamente el 10% de los alimentos evaluados por el LATU son observados!
Vivimos en un mundo en el que la certificación es una medida de seguridad sanitaria y ningún país serio reduce los controles de lo que importa, que por otra parte son los que rigen para los productores locales. Espero que el Uruguay sea estricto en el cumplimiento de las normas y en la penalización de los que las esquivan.
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