Para Hoenir Sarthou –a la cabeza en la lucha contra las grandes corporaciones–, Uruguay se encamina a un modelo de producción de celulosa e hidrógeno, dejando de lado lo ganadero y agrícola. En diálogo con La Mañana, señaló que el tren de UPM es uno de los puntos finales de un proceso que comenzó en 1987.
¿Qué significa la puesta en marcha del tren de UPM?
La inauguración confirma lo que habíamos señalado, que esto es un proyecto a la medida y con base en el interés de la empresa UPM y no está previsto el transporte de pasajeros. El tren va desde la planta del UPM al puerto y va a ser muy difícil hacer contratos con otras empresas para que usen las vías, ya que el contrato vigente establece que el régimen es de disponibilidad plena preferencial para UPM las 24 horas del día, los 365 días del año. Eso lleva a que va a ser un poco complicado hacer compromiso con otras empresas, mucho más de pasajeros, cuando la prioridad la tiene UPM. De esta manera, el Estado uruguayo queda sujeto a lo que disponga la empresa.
¿Cuál fue el costo de esta obra, que deberá pagar el Estado?
Se empezó hablando de 1000 millones de dólares, pero nos va a costar aproximadamente más de 3000 millones de dólares. Se deberá pagar más de medio millón de dólares por día por los créditos que se obtuvieron para construir la vía, y esto será pagado íntegramente por el Estado.
¿Qué paga UPM por el uso de la vía?
Pagan un canon por tonelada de transporte, pero no compensa el costo enorme que tenemos. El costo de esa construcción por los próximos años es brutal. Además del tren, a UPM se le dio una zona franca y exoneraciones, por lo tanto, hay una afectación territorial. A esto se suma el uso del agua de manera gratuita y la plantación de eucaliptos. Estas empresas tratan de tener los montes de eucaliptus a no más de 200 kilómetros de la planta. Esto implica que no puedan usar siempre tierras de baja productividad, porque si quedan lejos no les sirven. Entonces, terminan afectando zonas de buena tierra y de buena productividad en las cercanías de la planta. Eso genera un daño directo por la tierra que se usa y el agua que se consume.
¿En qué contexto observa este tipo de inversión?
Es una inversión descabellada para los uruguayos y el Estado, pero obviamente es muy conveniente para la empresa UPM. Creo que todo tiene relación con una larga política de forestación y de producción de celulosa determinada por el Banco Mundial. Debemos tener en cuenta que la ley forestal que se aplica se votó en 1987.
En ese momento el Banco Mundial había establecido que esta región, que comprende Uruguay, parte de Argentina, Brasil y Chile, era apta para la forestación y nos asignaron ese papel. El Banco Mundial dio préstamos al Estado para que se subvencionara la plantación de árboles, cosa que nadie entendía en su momento. También en 1987 se votó la Ley de Zona Franca y en el período siguiente, en el gobierno de la Lacalle padre, se votó la Ley de Puertos. Con eso armaron la ingeniería jurídica para que, entre esas leyes, más los préstamos del Banco Mundial y la Ley de Promoción de Inversiones, generar las condiciones para que estas empresas con una inversión muy chica obtuvieran del Estado una cantidad de ventajas incalculables. Eso está ligado con nuestra situación de endeudamiento, y las condiciones para que nos sigan renovando los créditos y nuevos préstamos son que se acepten contratos ruinosos con las multinacionales. El vínculo entre este modelo forestal celulósico y el Banco Mundial es clarísimo. No solo financió la forestación, sino que además es el árbitro en caso de que tengamos disputas con UPM. Si existe algún conflicto se dirime en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias, que forma parte del denominado Grupo Banco Mundial.
Esta serie de leyes de las últimas décadas, ¿tiene relación con la construcción del tren?
Por supuesto. Distintos organismos de crédito internacional nos dieron préstamos, como la Corporación de Fomento Andina, el BID y el propio el Banco Mundial para hacer la infraestructura del modelo de la celulosa. Cuando se pasa raya nos preguntamos qué nos deja como país, ya que no le cobramos impuestos, ni el agua y además a UPM la UTE tiene que comprarle la energía que genera.
UPM tiene que ver con el gobierno de Finlandia, ¿qué papel juegan estos gobiernos europeos que defienden el medioambiente en sus territorios?
En Finlandia, y en general en Europa, existen regulaciones que impiden este tipo de emprendimientos de celulosa, entonces los vienen a hacer acá, por las condiciones absolutamente ventajosas. UPM cerró plantas en Finlandia porque abría las de Uruguay. Tienen permisos acá que en Europa no tendrían por la contaminación que generan.
Mirando hacia el futuro se habla del hidrógeno verde, ¿esto sería como la nueva forestación en Uruguay?
El hidrógeno verde es de alguna manera una consecuencia de la guerra en Ucrania. Se recortó a Europa el acceso al gas y el petróleo que les llega desde Rusia y están buscando energías y recursos energéticos en el resto del mundo. Por eso lanzaron este asunto del hidrógeno verde que afecta a toda América, por las reservas de agua, ya que se necesitan para producir hidrógeno y además la materia prima, precisamente el agua, es gratis. Es un saqueo total de recursos fundamentales. Y si además consideramos que están viniendo préstamos que condicionan sus intereses a que se reduzca de la producción ganadera por la tesis de que el ganado contamina, estamos en un país que está cambiando su matriz productiva de alimentos hacia la producción de celulosa e hidrógeno verde, que ni se comen ni se toman y no tienen otro valor que el que les da el importador extranjero.
¿Considera que Uruguay va a dejar de producir carne para ir a otro modelo que implique la celulosa y el hidrógeno?
Creo que sí, que de eso se trata. Está bastante claro. Desde 1987 todos los gobiernos vienen trabajando en esa dirección y ahora los organismos de crédito internacionales prestan dinero para fomentar primero la celulosa, ahora el hidrógeno y apuestan a una reducción en la producción de ganado. Está bastante claro que las grandes corporaciones globales invierten en la agroindustria, con la compra de grandes extensiones de tierra desestimulando absolutamente a la producción familiar. Eso se ve. Hay estímulos y privilegios enormes para la celulosa y el hidrógeno verde y casi ninguno para la producción a pequeña escala de la horticultura. También vemos cómo se impulsa a nivel global las inversiones en carne artificial e incluso en harinas de insectos.
Parece que hay un ataque a todo lo que es la alimentación tradicional, que era nuestra carta fuerte como país. O sea, la producción de alimentos era nuestro fuerte y esto se ha cambiado. Hay intereses para modificar las formas de generación y de consumo de alimentos. No solo está pasando acá. Ya lo hemos visto en Francia, España y Holanda, donde hay enorme protestas y conflictos con los productores básicamente de carne. Les imponen reglas de calidad y de control que no pueden sobrellevar y después los hacen competir con mercaderías que vienen de lugares donde esas reglas no rigen. Eso lleva a que las grandes corporaciones agroindustriales compren la tierra y la producción de carne sea sustituida por otros productos.
¿Qué piensa del futuro de la carne de laboratorio?
Hay mucho dinero de los grandes fondos de inversión en la producción de carne artificial o de comestibles hechos con insectos y en la producción agrícola con semillas genéticamente modificadas, que después no se pueden plantar si no se paga al laboratorio para obtener el permiso de usarlas. Lo triste es que en Uruguay esto no se habla ni por los políticos ni por la prensa, con excepción de La Mañana. Y se trata del futuro. Cuando uno hunde a los productores de carne, de trigo o de fruta, está matando la autonomía alimentaria y económica del país.
¿Cómo avizora al país en diez años si este modelo continúa?
El esbozo lo tenemos con lo que está pasando con el hidrógeno y la celulosa. Grandes corporaciones que obtienen un régimen de privilegio absoluto y tienen llegada directa a las autoridades públicas. En los hechos son quienes gobiernan. Los gerentes de estas empresas son los que les dan la línea a los gobiernos. No es que me lo contaron, lo he visto. Son los que dan las órdenes y esos gerentes son más poderosos que los ministros y que los legisladores uruguayos. Los políticos tienen terror de que esos gerentes se les enojen. Si esto se expande más y abarca también el suministro de carne a la población y los productos hortícolas, vamos a tener es una población desocupada y con graves problemas, porque evidentemente la celulosa y ahora el hidrógeno generan muy poco empleo. También se va a generar una dependencia muy grande de esas empresas en materia de exportaciones y Uruguay se puede transformar en una gran factoría de estos productos, ignorando estas empresas al Estado y a la población.
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