Este 9 de agosto se cumplieron dos años de la primera reunión de Familias Presentes, una asociación civil que nuclea a familiares de privados de libertad y que busca la mejora del sistema penitenciario, tanto para reclusos como para las propias familias. Para celebrarlo, organizaron dos conversatorios. El primero fue el 2 de agosto, un evento con más de 10 organizaciones sociales que trabajan dentro de las cárceles y con liberados. El segundo se realizó este lunes, con la participación de organizaciones del mundo del trabajo (ver página 9). Gabriela Rodríguez, una de las integrantes fundadoras, conversó con La Mañana sobre los objetivos de la organización.
¿Cuántos familiares integran la asociación? ¿Cómo organizan el voluntariado?
Somos una cincuentena de socios y ya hemos trabajado con más de 300 familias. Tenemos un teléfono, 099 077 000, al cual las familias pueden mandar un mensaje para dejar sus consultas y nosotros las respondemos lo antes posible. Así hacemos un acompañamiento de pares entre familiares y recopilamos información a partir de las preocupaciones que van surgiendo en cada familia. Hay varios grupos de trabajo: un equipo se ocupa del voluntariado en las filas de espera de visitas en las cárceles, otro hace el trabajo de asesoramiento a las familias, y luego tenemos actividades de incidencia política, como idas al Parlamento en la Comisión Especial para el Seguimiento de la Situación Carcelaria, a las comisiones de presupuesto en la época de Rendición de Cuentas, a la Institución de Derechos Humanos, por ejemplo. Hemos participado también en muchos seminarios como integrantes de las mesas interinstitucionales y valoramos mucho que con una vida tan corta nos inviten a ser un actor más.
En el conversatorio mencionó que los familiares sufren de una invisibilización por parte del sistema penitenciario. ¿Cómo se manifiesta esto en el día a día?
Esta invisibilización se basa en que las familias no somos tenidas en cuenta como sujetos de derecho. Desde el punto de vista de cuando uno va a visitar la cárcel, se puede estar tres o cuatro horas en la fila de espera, en muchos casos a la intemperie, donde no se puede usar un gorro, un paraguas, una capucha o un sombrero de sol en verano, porque luego no te permiten ingresar con eso. Parece que las recomendaciones de salud no corren para nosotros, no importa si alguien tiene problemas de salud o hace mucho frío. Los bebés, niños y adolescentes son desnudados en cárceles donde no hay escáneres para los visitantes, y sabemos lo que implica la desnudez en determinadas etapas de la vida.
A eso nos referimos, nos sentimos delincuentes, porque parece que nosotros somos los que cometimos el error con la sociedad. Tampoco hay una atención especializada para las familias, para informarlas, conocer sus condiciones y orientarlas en el acceso a algún servicio de ayuda. El INR tiene en Montevideo un servicio centralizado, pero es una atención administrativa, no es especializada para hacer un abordaje familiar, y en el interior también hay muy poco. No hay una concepción de decir, “Bueno, tenemos 16.000 privados de libertad, por lo tanto, son 16.000 familias que probablemente la mayor parte de ellas necesite algún tipo de asistencia, orientación, contención, etcétera”. La familia tiene que ser un vínculo que fortalecer si está débil, y si no existe, tratar de reconstruirlo, porque va a ser seguramente el espacio que va a recibir a esa persona una vez que sea liberada. Ese trabajo debe darse desde el principio.
En el ámbito laboral, ¿cuál es la brecha entre los reclusos que participan de talleres de capacitación y los que efectivamente perciben un peculio por su trabajo?
No tenemos las cifras, pero te puedo decir que el número de personas que perciben peculio es ínfimo. Además, el presupuesto para peculio no se ha aumentado en muchos años, y en algunos casos se ha dividido en dos para que se beneficien dos personas, lo cual es un reparto de miseria. Después, los talleres de capacitación en oficios son muy pocos.
En la mesa también mencionó la ineficacia del convenio entre el Inefop y el INR. ¿A qué se debe?
Lo que más se lleva adelante son cursos de habilidades digitales, que sí son importantes porque en la actualidad todos las necesitamos para la vida cotidiana. Pero deberíamos avanzar mucho más, con capacitaciones de oficios para muchísimas más personas. La UTU fue la última institución de educación pública formal en ingresar a las cárceles, cuando en realidad entendemos que debería haber sido una de las primeras y la que debería tener un desarrollo mucho más importante. Ahora pusieron algunos cursos en la Unidad N.º 5 de mujeres, y en el Comcar inauguraron centros educativos. Son pasos importantes, pero deberíamos redoblar muchísimo esa apuesta.
¿Y en el caso de la Dirección Nacional de Apoyo al Liberado (Dinali)?
Tiene muy poco presupuesto, y programas piloto que abarcan a muy poca gente. Creo que la acción de Dinali es imprescindible, pero debería tener un mayor equipo técnico y dar cobertura a todas las personas previamente a la liberación. También trabajar más con aquellos que tienen mayores dificultades, porque a veces se termina trabajando con los que tienen menos problemas y más proactividad a adherir a los distintos programas. Debe ser un trabajo codo a codo con el sistema penitenciario, con educación, con trabajo, con salud mental, con rehabilitación de adicciones.
¿Cuáles son las dificultades que no permiten aceitar estos procesos?
Las trabas administrativas están a la orden del día. Hay muchos atrasos, muchas veces la información no es clara, no se sabe cuánto es lo que le van a pagar de peculio al recluso y cuánto es lo que le van a retener. El monotributo que se creó tiene demasiados requisitos para ser autorizado como emprendimiento. El proceso de comercialización y de la rendición de cuentas de lo que se vende es tan engorroso que la persona termina prefiriendo seguir colocando sus productos como puede, sacándolos a través de su familia. Así el trabajo informal termina siendo preferible, porque por lo menos puede sacar su producción por pequeña que sea. Todos estos mecanismos deben revisarse para que realmente puedan ser utilizables.
Con el comienzo de un nuevo período de gobierno, ¿qué les gustaría que se lograra?
Como asociación entendemos que el foco más importante debe ser durante la privación de libertad, para que la persona esté en condiciones de salir de la mejor manera y transitar su vida en privación con dignidad. No es un impasse en la vida de una persona, sigue viviendo y formando parte de nuestra sociedad, aunque esté del otro lado del muro. Cuanto más grandes son las unidades, más complejas son. Por esto hay que abatir el hacinamiento, mejorar las condiciones materiales, brindar posibilidades de atención en salud mental y las adicciones, y ampliar la educación y el trabajo como derechos. Por otro lado, aspiramos a que se ratifiquen los principios de Bogotá, que son las buenas prácticas para el tratamiento de los familiares de personas privadas de libertad.
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