En momentos donde la población busca salidas alternativas para generar recursos económicos, la Intendencia de Montevideo a través de la División de Bromatología lleva a cabo una suerte de persecución a comerciantes y distribuidores, según denuncian.
Las mismas refieren a los malos tratos, prepotencia y hasta amenazas efectuadas por los inspectores municipales, trabajando conjuntamente con policías (bajo la modalidad del Art. 222), a los que se los acusa de abuso de funciones.
Las razones esgrimidas para realizar los procedimientos son: autorización de los vehículos, estado de los mismos y etiquetado de alimentos, entre otras exigencias.
Las situaciones se han generado en diferentes zonas de la capital del país y los afectados son comerciantes con muchos años en el comercio.
Consultado por La Mañana, Carlos Damián Calisto, comerciante capitalino y distribuidor de chacinados, expresó: “A veces nos vemos sorprendidos por vehículos particulares que se te cruzan por delante en plena calle y sin importar la zona. Se bajan personas con equipos de radio en mano, vestimenta particular, gorrita, tapabocas y con un chaleco negro sin identificación visible, acompañados de funcionarios policiales”.
Según el entrevistado, por lo que él pudo averiguar, “son más de 50 los vehículos contratados por la Intendencia para la tarea y quienes lo manejan no son funcionarios municipales. Algunos son retirados militares tanto choferes como inspectores”.
En lo referente a la actitud de los funcionarios al momento de actuar, el comerciante manifestó: “Cuando me tocó a mí no se identificaron, y después de un buen rato de maltratos y de amenazas y ante mis reclamos recién en ese momento me mostraron un carnet”.
En un procedimiento en una panadería que el entrevistado filmó con su celular, se ve en la grabación a una persona tapando la cámara y ordenando que dejara de filmar. “Fue un policía”, señaló. “Le estaban sacando galletas que había elaborado por falta de etiquetas, cuando en la reunión que mantuvimos se habló de una tolerancia por las demoras que generó la pandemia a todo nivel. En otra oportunidad cuando estaba en mi vehículo y con el celular llamando al 911 para denunciar los atropellos, un policía casi me arrancó el celular de la oreja y me ordenó que me pusiera el tapabocas. Los inspectores te amenazan permanentemente con denuncias penales en caso de que los filmes estando en la vía pública, y yo he realizado varias denuncias en contra de ellos”, relató.
“Es un abuso constante”, agregó Calisto. “A un colega que trabaja en el Cerro ya lo han detenido en varias ocasiones y le han quitado todo. En una oportunidad venía en un vehículo propiedad de un vecino, lo detuvieron y sin mediar palabra le abrieron las puertas y le quitaron todo. El colega me dijo que el inspector le manifestó, ‘te vamos a sacar todo cada vez que te veamos, y si ves que no conseguís trabajo anda al MIDES que te van a atender’”.
“Situación insostenible”
Al ser consultado sobre el rubro objetivo de las inspecciones, nuestro entrevistado manifestó: “Es en todas partes, comercios, ferias, repartos, hasta en un reparto de leche. En ese caso, al colega que trabaja en eso hace casi 20 años le tiraron las bolsas de leche de 11 cajones como si fueran bolsas de basura, le sacaron todo y supuestamente lo llevan al vertedero municipal que está en Camino Toledo Chico. La exigencia era de un equipo de frío lo que no es usual en el reparto de leche, y ante el reclamo de mi colega el inspector le habría manifestado ‘si no te gusta anda a quejarte en la Intendencia’”, indicó Calisto.
“Te elaboran un acta donde consta que tenés una multa que de inicio son de 5 U. R. pero que van aumentando si te encuentran de nuevo. Te invitan a que concurras a la oficina correspondiente para hacer los descargos, pero ya perdiste la mercadería. Hay personas que van por la tercera o cuarta multa, pero de todas formas tienen que seguir trabajando”, añadió.
Según el entrevistado, los trámites serían confusos y expuso su caso. “Tengo una distribución de chacinados y me obligan a hacer los registros en DGI y BPS para después ver si me habilitan el vehículo, que pueden demorar hasta seis meses. Y debería ser a la inversa”, indicó.
Para finalizar, Calisto señaló: “Hay cosas que están pasando que hacen insostenible la situación, de todo lo que compro para distribuir tengo la boleta correspondiente. Y continuaremos así porque necesitamos seguir trabajando”.
Mayores demoras de trámites durante la pandemia
Los comerciantes han manifestado la intención de regularizar su situación, pero señalan que hay demoras de habilitación que pueden llegar desde los cuatro a los seis meses. Esto llevó a que se formara una comisión para reunirse con autoridades de la IMM.
Señalan que consiguieron que se bajaran los costos del trámite y que se extendieran los plazos para la tramitación de diferentes permisos por resolución 25/21/5500 del 26 de marzo de 2021. Sin embargo, advierten que después, cuando se recorría las diferentes oficinas, nadie atendía por la pandemia.
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