A pesar de la amenaza de la Confederación de Funcionarios Estatales (COFE) de demandar al Estado por la “inconstitucionalidad” del nuevo régimen y una paralización de actividades, sigue adelante el nuevo régimen de licencias médicas para funcionarios públicos.
COFE anuncia medidas
La confederación sindical denunciará ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) el nuevo sistema de certificaciones para empleados públicos.
Al mismo tiempo, los funcionarios públicos definieron un paro por veinticuatro horas para el 18 de abril y no descartan ocupación de ministerios. Además, de acuerdo con lo publicado por La Diaria el pasado 3 de abril, COFE anunció que presentaría un recurso ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo para que analice la nueva normativa, en cuanto entiende que no se cumplió con las formas para su aprobación.
Por otra parte, los trabajadores del Estado solicitaron a su equipo de abogados que avanzara en la presentación de un recurso de inconstitucionalidad contra la normativa del gobierno. Asimismo, se mantiene la voluntad de presentar una denuncia ante la OIT, medida que se había planteado días atrás. Desde COFE entienden que el nuevo régimen de licencias médicas viola varios convenios de la OIT, fundamentalmente el de negociación colectiva, ya que aseguran que no hubo diálogo con los trabajadores para delinear el nuevo régimen de licencias.
Alberto Scavarelli, ex director de la Oficina Nacional del Servicio Civil: “En Uruguay tenemos esa manía de calcular todo en función de quienes no cumplen”
El doctor Alberto Scavarelli Escobar es un abogado y político uruguayo. Presidente de la Junta Nacional para las Drogas (1994-2000), presidió también los organismos de Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos (OEA) para la lucha contra la droga y el crimen organizado. En el período 2015-2020 fue director nacional de la Oficina Nacional del Servicio Civil, motivo por el cual fue entrevistado por La Mañana para recabar su opinión al respecto de la medida.
¿Qué opinión le merece el nuevo sistema de certificación médica para funcionarios públicos?
Es un tema que trabajamos realmente mucho. La modificación, en realidad, abandona la diferencia entre lo público y lo privado. Los tres primeros días son salarios perdidos en primera instancia, los públicos a diferencia de los privados no tenían descuento. Cuando surgió la pandemia, como en cualquier proceso epidémico, se interrumpió el proceso que se estaba discutiendo. El funcionario público no goza de buena publicidad, salvo cuando las personas necesitan y se cumple su solicitud. El problema de la falta por enfermedad se vincula con la certificación médica, en ninguna actividad se puede hacer esto sin justificación. El problema es que se detecta un abuso. Cuando se produce un abuso hay que diferenciar entre quiénes son y quiénes no, pero ¿quién certifica? Cuando estábamos en el gobierno tuvimos discusiones y concluimos que se tiene que aplicar la ley, debemos entender que el médico debe verificar la certificación y cuando no hay razones para tal se tiene que aplicar todo el peso de la ley. En Uruguay tenemos esa manía de calcular todo en función de quienes no cumplen. Lo hemos visto con las patentes, impuestos, cuando existía evasión se aplicaban medidas para compensar la pérdida en vez de sancionar. Cuando no controlamos buscamos cobrar más. Pensemos en las elecciones nacionales, las autoridades deben tener las hojas, pero en las internas es responsabilidad de los partidos, es decir, todo por el lado del recorte. Hay un tema dramático: un individuo está enfermo y necesita cobrar, pero ahora se genera la duda, sale a trabajar a como esté o se certifica. No se pueden perder jornales, se debe igualar, pero para arriba. Si una persona está estornudando, pero trabajando y contagia, ¿cuánto le sale al país esto? Debemos ver además la cuestión de la presencialidad patológica, es decir, la persona que va a trabajar igual. Ahora bien, si vemos que una persona miente debemos aplicar la normativa.
De un tiempo a esta parte el estrés se hizo parte de las nuevas enfermedades, ¿vale siempre como justificativo?
Como se desarrolla, es llevar agua al molino. Uno habla de la generalidad de la situación, pero es necesario estar controlado. En materia de estrés, vemos que hay personas que están con licencia, pero están de vacaciones o en otro trabajo. Cuando procedimos decían que era el trabajo público que les generaba estrés. Nos encontramos con un problema en ese momento de cómo procesar el estrés selectivo. Un individuo puede estar sometido a un acoso, estos pueden estar cómodos en otro lugar, pues bien, se hacían seguimientos clínicos, controles realizando informes a las mutualistas. Quiero decir que lejos estoy de facilitar la vida a quienes realizan esto, uno se preocupa siempre por la desesperación de quien cumple. Hay otras personas que aprovechan esto.
¿Podemos poner a todos en la misma posición?
Hay algo que es muy importante, cuando vemos vocaciones de personas que cumplen actividades que uno no quiere cumplir, se dice: “¿Cómo hay personas que cumplen esta tarea?”. Es simple: vocación. La exposición a riesgos sanitarios son un claro ejemplo. Se da la magia de la condición humana y hay personas que no son reconocidas. Antes se aplaudían a personas que estaban en la salud, decíamos que por fin iban a ser reconocidos. Muchos de estos héroes quedaron sin trabajo en situaciones como Casa de Galicia. Tenemos que comprender que hay un tema de ausencia de políticas públicas que premien tareas complejas. Digo que tengo una oración laica a personas que sirven al país. No podemos tratar igual a quienes hacen tareas desiguales. Hay personas que hacen un esfuerzo tremendo y no les reconocemos esto ni siquiera en los salarios, no podemos pensar que todo se arregla igual. No he podido, a pesar de tantos años, simplificar hacia abajo. En Europa faltan médicos, cuando mañana vengan personas a ofrecerle empleo a quienes no valoramos, nos vamos a encontrar con que no tenemos el capital necesario. Las formativas en el fútbol fueron un ejemplo y su solución también, pero esto no lo queremos arreglar.
¿Las formas de valoración en determinadas situaciones no son injustas?
Hay dos casos típicos, el otro caso es cuando se llama a concurso, por ejemplo, a informática, ¿qué hacemos en este caso? Las personas entran de forma provisoria ganando el sueldo mínimo y durante tres años no pueden concursar. Pasan los meses y las personas deben hacer ocho horas y se termina generando la salida de ellas aun cuando terminan siendo formadas por el Estado. Es mi indignación. Si la sociedad no reconoce, si se pone en juego lo mínimo, igualamos hacia abajo. Cuando preguntamos vemos que la oficina oprime a las personas. Vemos a personas que están desequilibradas y preguntamos ¿cuál es el bien jurídico? Debemos controlar de forma más eficaz. Yo prefiero detectar el abuso y no encontrarme que estoy obligando a personas a trabajar”.
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