La plataforma estadounidense Airbnb opera en nuestro país conectando a propietarios con personas que buscan un alojamiento temporal a través de internet, impactando incluso en los hábitos turísticos. Desde el sector inmobiliario solicitan al Estado su intervención como contralor para que quienes utilicen el portal tengan las mismas obligaciones que quien coloca su casa a través de una inmobiliaria.
El exponencial desarrollo tecnológico ha llegado a todas las áreas de la economía, permitiendo el arribo de empresas extranjeras a nuestro país que desembarcan con ofertas disruptivas para el mercado. Tal es el caso del turismo, donde una plataforma digital estadounidense opera desde hace varios años en nuestro país para aquellos que buscan soluciones habitacionales de corto plazo.
Se trata de Airbnb, una plataforma creada en el año 2008 en California por dos diseñadores que pusieron a disposición el espacio libre de su hogar para tres viajeros que buscaban un lugar donde hospedarse. En poco tiempo logró despegarse y posicionarse hoy como una de las principales opciones para quienes buscan alojamiento temporal a través de internet. En concreto, la plataforma conecta a quienes tienen un sitio para ofrecer (ya sea una habitación o una propiedad) con quienes buscan dónde quedarse.
Un estudio elaborado por OBS Business School –una escuela de negocios de España– sobre el impacto de la plataforma en el sector turístico y hotelero, indicó que esta nueva modalidad responde a la masificación y estandarización de las experiencias turísticas y que es preferida como alternativa a hostales por parte de los jóvenes, y de hoteles por parte de adultos.
Además, indica que dentro de las principales motivaciones que impulsan a elegir esta plataforma se encuentra la interacción con las personas locales, la posibilidad de vivir una experiencia diferente y la similitud con un hogar. Asimismo, el informe destaca que Airbnb “rellena nichos espaciales en un destino, acercando su oferta complementaria a algunos puntos de interés mejor que algunos hoteles, pero creando una presión turística adicional sobre la ciudad y sobre barrios que tradicionalmente eran residenciales y gozaban de cierta tranquilidad”. En concreto, indica que la posibilidad de que hogares pasen a transformarse en sitios de alojamientos de turistas conlleva también una demanda de servicios turísticos. A la vez, sostiene que la presencia de Airbnb “no afecta la política de precios de los hoteles de gama alta, pero obliga a bajar las tarifas de los hoteles de tres estrellas”.
Y, si bien la información sobre cómo opera esta compañía en Uruguay es escasa y no cuentan con oficinas en nuestro país, un estudio presentado por la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de la República (UdelaR) concluyó que existen coincidencias entre la evolución de la oferta de Airbnb en Montevideo y el mercado inmobiliario, pero que “no puede concluirse que la afecta significativamente”. El citado estudio abarcó la oferta que tuvo esta plataforma en Montevideo entre agosto de 2015 y noviembre de 2018 donde hubo 5712 propiedades publicadas en la plataforma.
En el año 2019, la ministra de Turismo de ese entonces, Lilián Kechichián, anunció que Airbnb comenzaría a pagar el IVA sobre la comisión de los servicios que vende, con retroactividad, y que entregaría los datos de las transacciones al gobierno.
Dentro de las plataformas más utilizadas para encontrar un alojamiento temporal vía internet en nuestro país se encuentra Booking y Airbnb. La diferencia entre ambas es que la primera se encuentra orientada mayoritariamente a la hotelería y cobra una comisión del 14%, y la segunda abunda en ofertas de apartamentos o casas compartidas y su comisión es 3%, lo que la hace la preferida. Además, las cancelaciones son menores en Airbnb, ya que tiene una penalidad realizarlo.
¿Qué ha sucedido de este entonces y cómo operan hoy? Álvaro Pereira (nombre ficticio para resguardar su identidad), utilizó Airbnb desde el año 2014 hasta el año 2019, fecha en la cual decidió retirar sus propiedades debido a la baja en la demanda, que se acentuó más adelante por la llegada de la pandemia. Fue entonces que decidió comenzar a alquilar las propiedades mensuales en el público local.
Pero, antes de que ello sucediera, eligió utilizar la plataforma por la practicidad que le otorgaba y porque brindaba la posibilidad de filtrar al futuro huésped, permitiendo una vía de comunicación previa que permitiera elegir al arrendatario si estaba dispuesto a aceptarlo o no, así como una garantía en el caso de que alguna parte de la propiedad se viera afectada.
En tanto, Paola Queirolo, otro anfitrión de una propiedad ubicada en la Ciudad de la Costa por Airbnb también contó su experiencia en La Mañana. En su caso, puso en alquiler temporal su hogar de la infancia a través de esta plataforma debido a la cercanía con el Aeropuerto Internacional de Carrasco de la propiedad y la posibilidad de llegada al público extranjero que brinda la plataforma.
“De 12 meses que estuvo disponible, se alquiló nueve meses. Llegué a mucha gente del exterior. Muchos la utilizaron para hacer las cuarentenas. Vino gente de Serbia e Irlanda, y de otros países de Europa. Algunos de ellos lograron hacer amistades con los vecinos, porque les permite estar más en la comunidad a diferencia de un hotel. También tuvo mucho movimiento de brasileños cuando fuimos sede de la Copa Libertadores”, relató. Indicó, además, que le pareció intuitiva para su utilización, aunque tuvo dificultades para asociar su cuenta bancaria para que le depositaran, ya que debe ligarse a una tarjeta internacional.
La visión inmobiliaria
Javier Sena, presidente de la Cámara Inmobiliaria de Punta del Este y Maldonado, expuso a La Mañana su visión sobre el impacto que tuvo Airbnb para las inmobiliarias. “Por supuesto que ha habido un impacto. Desde que comenzaron a trabajar, notoriamente se han visto perjudicadas las inmobiliarias porque el perfil de los que visitan (alojamientos) son personas que no están registradas y que no tienen toda la documentación en orden, tanto en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social como el Ministerio de Turismo, para realizar los negocios, mientras que las inmobiliarias que estamos en la costa y en Colonia debemos estar registrados con un aval que nos permite alquilar y vender”, informó.
En este sentido, subrayó que “el país se siente perjudicado por el no pago de impuestos” y que muchas veces “los visitantes se encuentran con una casa que difiere a lo que indican las fotos”. En resumen, indicó que el perjuicio no es solo hacia el sector inmobiliario sino al Estado en general. Además, indicó que esta situación se da en el marco de un descenso del 25% en cuanto a alquileres en el mes de enero y con “muy pocos alquileres” en lo que va del mes de febrero.
Sena agregó que desde el sector solicitan al gobierno que ejerzan un rol de contralor, para que quienes arriendan sus propiedades por Airbnb tengan el mismo nivel de obligaciones que quienes lo hacen a través de una inmobiliaria.
En este orden, informó que cuentan con tres proyectos de ley ingresados en el parlamento para lograrlo. Uno de ellos es el de Corredor Inmobiliario, que busca dar un marco regulatorio al sistema que beneficie al inquilino, al inmobiliario y al Estado. El segundo refiere a viviendas turísticas. “Estamos esperando que se pueda aprobar para que los que están habilitados para realizar hotelería lo hagan en condiciones”, dijo. El último proyecto, que se encuentra a estudio en el Senado, tiende a regular las plataformas “para que todos tengamos las mismas posibilidades de trabajar y pagar impuestos”, informó.
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