A medida que el crimen organizado crece en estructura, los ejércitos que va formando utilizan cada vez más a menores de edad.
Como forma de crecer dentro de la organización criminal, los novatos deben participar de delitos como la entrega de drogas y hasta el sicariato. En la medida en que cumplan permanecerán bajo la tutela de sus jefes, en caso contrario mueren, habitualmente a manos de otros adolescentes. En el pasado el país ya conoció la triste trayectoria de muchos jóvenes que asumiendo cargos de jerarquía en algunas bandas sembraron el terror en diferentes zonas del país. Los casos abundan.
La situación llevó a que por iniciativa del entonces senador Pedro Bordaberry, quien recolectó las 350 mil firmas requeridas, en las elecciones del 26 de octubre de 2014 la ciudadanía votara a favor o en contra del proyecto para bajar la edad de imputabilidad de dieciocho años a dieciséis. Bajo el lema “Ser joven no es delito”, el 56.81 por ciento de la población decidió rechazar la reforma propuesta por el colorado.
Datos del Observatorio de Violencia y Criminalidad del Ministerio del Interior
La delicada situación se remonta a 2012, cuando desde el inicio de ese año el número de homicidios contra niños, niñas y adolescentes (menores de diecisiete años) comenzó a crecer. La cantidad de homicidios dolosos cometidos contra menoras a lo largo del período 2012-2019 se situó en un total de 186, representando el 7.6 por ciento del total de homicidios consumados en el país. Los porcentajes muestran que cada cien homicidios dolosos acontecidos en el país entre 2012 y 2019, ocho tuvieron como víctima a un niño, niña o adolescente. Y hasta aquí se habla de víctimas y no de victimarios.
2019 a la fecha: hechos, no palabras
Como mencionamos, el crecimiento del narcotráfico incrementó los números de forma exponencial. En febrero de 2020, en entrevista brindada a medios de prensa capitalinos, Federico Barreto, entonces presidente del Instituto Nacional de la Juventud (INJU), manifestaba su inquietud expresando: “Preocupan las altas tasas de jóvenes privados de libertad, uno de cada diez jóvenes está preso en estos momentos. Es escandaloso el número, uno de las más altos del continente”. Para corroborar lo expresado por el expresidente del INJU, entre 2020 y 2021 el número de adolescentes vinculados a homicidios fue de veintinueve y se vio incrementado a la fecha con casos de gran impacto, como el del adolescente que fue asesinado frente a su madre y hermana por un grupo de jóvenes en la zona de Cruz de Carrasco. En otro caso, un adolescente de diecisiete años fue imputado por el triple crimen de Estación Floresta.
La LUC endurece las penas
La Ley de Urgente Consideración (LUC) duplicó las penas para adolescentes de tal forma que la mínima subió de uno a dos años para la mayoría de los delitos y para los considerados delitos graves subió de cinco a diez años. Se logró la inaplicabilidad del régimen de semilibertad para la mayoría de los delitos. Se engrosó la lista de los delitos, por lo que se mantienen antecedentes además de sumar la consideración de agravante.
Para algunos abogados, la aplicación de la LUC “es un grosero error y no es nuevo”. El doctor Martín Fernández es abogado, docente e investigador de Derecho Penal de la Facultad de Derecho de la Udelar. A requerimiento de la prensa, Fernández expresó que la duplicación de penas a través de la LUC “desnaturaliza el derecho penal para los adolescentes y la privación de la libertad no es la mejor herramienta para trabajar con sujetos en desarrollo”.
Inisa: un camino hacia la recuperación
Desde su creación, el Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (Inisa) ha buscado a través de experiencias aplicadas en otros países la solución al problema de la juventud infractora. En los últimos años y bajo la gestión de la ahora expresidente, la socióloga Rosana de Oliveira, se ha logrado que la mayoría de los jóvenes que allí se alojan prefieran la disciplina, los buenos hábitos tanto físicos como alimenticios y hasta la posibilidad de aprender un oficio mediante cursos.
Consultada por La Mañana al respecto, De Oliveira expresó: “El Inisa tiene trece centros de privación de libertad en todo el país. En referencia a la discusión que generó la aplicación de la LUC, desde 2021 aumentaron las medidas alternativas a la privación de la libertad, números que se mantuvieron durante 2022 y 2023. Por eso podemos afirmar que hay más adolescentes con medidas alternativas que privados de libertad. La reglamentación internacional dice que la privación de la libertad de los adolescentes tiene que ser una última medida, por eso podemos decir que Uruguay se ajusta a las reglas internacionales. La idea es darles a los adolescentes infractores todas las posibilidades durante el pasaje por la institución, luego de las medidas socioeducativas dispuestas por la Justicia. Es también mostrarles durante el transcurso de ellas que el delito no es un camino válido y que hay otras oportunidades”.
Por último De Oliveira manifestó: “Hay que considerar que la mayoría de los jóvenes que delinquen vienen de familias fragmentadas. En un estudio realizado por Unicef en 2021 dentro del Inisa, para el que se encuestó a todos los jóvenes allí alojados, quedó demostrado que más del sesenta por ciento de los jóvenes que ingresan al sistema tienen por lo menos un familiar, como padre, madre o hermanos, en privación de libertad como adultos, esa es la impronta con la que llegan”.
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