La búsqueda de soluciones para las personas sin techo era parte de la agenda del nuevo gobierno, pero el estado de emergencia ante la llegada del COVID-19 apresuró el proceso.
El gobierno entrante se había planteado para este período la posibilidad de entregar viviendas a quienes vivieran en situación de calle. Sin embargo, la irrupción del nuevo coronavirus, sumado a la proximidad con la entrada del invierno, agilizaron los procedimientos para su puesta en marcha.
De esa manera, el pasado martes 28 de abril, se firmó un convenio entre el Ministerio de Desarrollo Social (Mides), el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (Mvotma) y la Agencia Nacional de Vivienda (ANV), con el objetivo de destinar inmuebles para aquellos que carezcan de ese bien y que, por dicha condición, se encuentran en riesgo de contagio del virus.
Como brazo ejecutor del Mvotma, la ANV tiene el cometido de hacer cumplir este acuerdo. El mismo se basa en implementar una nueva modalidad de alojamiento para esta población, a través de la utilización de viviendas que son propiedad del Estado. El presidente del organismo, Klaus Mill von Metzen, explicó a La Mañana en qué consiste.
En primer lugar, se destinarán casonas que son administradas por la agencia y que necesitan determinadas refacciones previas para poder funcionar, dado que algunas están tapeadas. En Montevideo hay tres y la idea es que sean usadas como refugios.
Otro de los mecanismos previstos en el convenio es la colocación de viviendas rápidas en terrenos disponibles en el país.
El tercero es el de las viviendas ya construidas. Está pensado para aquellas personas que el Mides entiende que están próximas a ingresar al mercado laboral o que tienen un trabajo informal (como los cuidacoches o vendedores ambulantes), por lo cual, eso les permite salir de los refugios y tener su primer inmueble.
La ANV cuenta con varias viviendas que pueden servir a ese fin. Hasta el momento hay un total de 10 en Montevideo, que ya estarían casi prontas para ser habitadas. Al mismo tiempo se están empezando a clasificar otras en el interior del país.
Estas edificaciones están ubicadas, básicamente, en zonas de contexto crítico. Cuando se las promueve para las familias destinatarias de la agencia, por lo general, a la mayoría de ellas no les interesan o no quieren ir, por lo tanto, “no tienen salida al mercado, están vacías y van a continuar estándolo”, sostuvo el jerarca. Es decir que esta es una forma “positiva” que se encontró para poder darles uso.
El hecho de que se sitúen en lugares complejos implica que será necesario desarrollar un trabajo social, tanto por parte del Mides como de la ANV. “Lo que más nos preocupa de estas viviendas es que en esas zonas de contexto crítico, al momento de que alguien vaya a ocupar un apartamento vacío, para las familias que están viviendo ahí, puede ser una situación de invasión”, advirtió. Es por ello que los asistentes sociales de la institución estarán en permanente contacto para detectar que no haya problemas de convivencia.
De todas maneras, el objetivo final de la agencia es otorgarles una solución a las personas que viven en las condiciones más vulnerables, y hacia eso apuntarán.
El acuerdo fue firmado por todo el período de gobierno, lo que significa que en estos cinco años se podrán seguir brindando alojamientos. “La pandemia aceleró este proceso, pero ya era algo que se venía conversando. Se vio la urgencia de hacerlo antes de ingresar al invierno”, señaló Mill von Metzen.
El cometido del Mvotma es ceder al Mides los inmuebles, pero este deberá realizar un seguimiento sobre los beneficiarios. Aquellos que tengan la posibilidad de regularizar su situación pueden terminar siendo propietarios de su vivienda, con el Mides como garante.
Asimismo, se conformará una comisión integrada por dos miembros en representación de cada ministerio y de la agencia, que se va a encargar de estudiar cada situación particular, a fin de definir dónde y de qué modo insertar a los usuarios, y cómo se hará el seguimiento.
Los recursos humanos y su aporte “fundamental”
Cuando Mill von Metzen asumió la Presidencia de la ANV, en plena pandemia, aquella ya había tomado recaudos debido a la emergencia sanitaria decretada por el Poder Ejecutivo. Es por eso que se encontró con un organismo prácticamente “vacío”, donde la gran mayoría de sus funcionarios estaban haciendo teletrabajo. Frente a esto, la buena sorpresa de los trabajadores fue que, sin saber si funcionaría la modalidad remota, quedó demostrado que se puede llevar adelante de forma muy efectiva.
Al igual que lo hizo el día en que tomó posesión del cargo, destacó que la agencia funciona gracias al aporte de sus recursos humanos, que es “fundamental”. El equipo humano, con el que se mantiene en contacto vía Zoom, “es muy importante para la Presidencia y todos los conocimientos que tienen son muy valiosos; es un equipo multidisciplinario donde todos aportamos vertical y transversalmente”, aseveró.
Hasta el día de hoy se siguen realizando todos los procesos a través de esa práctica y, paulatinamente, a medida que la realidad cambie, se espera que los empleados puedan volver a las oficinas, dado que en algún momento deberán abrirle las puertas al público. Llegado el caso, el organismo tendrá que tomar todas las medidas de seguridad necesarias para el personal y para quienes se hagan presentes en el lugar.
Potenciar la gestión y apuntar a nuevas tecnologías
El jerarca, arquitecto de profesión, proviene del ámbito privado. Si bien conocía la agencia, al llegar descubrió que esta realiza un trabajo “súper interesante”. Como el problema del COVID-19 tiene absoluta prioridad, todavía está en la etapa de aprendizaje de muchas facetas de la institución.
La gestión que le toca hacia el futuro es, en parte, desarrollar y profundizar todo lo que se ha venido haciendo desde los gobiernos anteriores, es decir, no frenar las cosas que se están desarrollando, sino potenciarlas. Adicionalmente, se propuso apuntar a las nuevas tecnologías.
Una medida de emergencia
La ANV, en conjunto con el Mvotma, fue de los primeros organismos estatales en tomar medidas a raíz de la emergencia sanitaria, con el propósito de paliar la situación de aquellos usuarios cuyos ingresos se vieron afectados.
En principio, la definición fue brindar la posibilidad de diferir el pago de las cuotas de abril y mayo, sin generar multas ni recargos. Sin embargo, no se descarta prorrogarla, según informó semanas atrás a La Mañana, la ministra de Vivienda, Irene Moreira.
“A fin de mes nos vamos a enterar de cuál fue el efecto real” de estas medidas para la institución, señaló Mill von Metzen. Lo que se sabe hasta el momento es que mucha gente se acogió a los beneficios porque no tenía opción, pero otra cantidad importante de personas que podían pagar, lo hicieron. Estos últimos fueron beneficiados con una rebaja del 10%, que se acumula a un descuento del 10% ya existente para los buenos pagadores.
Si bien esta fue una primera gran resolución de emergencia que se tomó, siempre está abierta la puerta para analizar y establecer nuevas definiciones, de acuerdo a los lineamientos del gobierno, expresó el presidente de la agencia.
