La exploración offshore entra en su fase operativa, un momento clave que divide aguas: para el gobierno y las empresas es un paso técnico hacia el desarrollo; para científicos y ambientalistas, una amenaza para ecosistemas marinos únicos. La Justicia tiene la última palabra.
La exploración de hidrocarburos en el mar territorial uruguayo entra en una fase decisiva. La empresa Viridien (CGG Services) confirmó su intención de iniciar actividades de prospección sísmica en febrero, tras presentar el plan de gestión ambiental exigido por el Ministerio de Ambiente. El buque especializado BGP Prospector ya navega hacia el puerto de Montevideo desde Surinam, marcando un punto de inflexión en un proceso rodeado de expectativas económicas, tensiones judiciales y advertencias ecológicas.
El cronograma y la escala del proyecto
Según la documentación presentada a la Dirección Nacional de Calidad y Evaluación Ambiental (Dinacea), la exploración se desarrollará en el bloque offshore 1, a aproximadamente 180 kilómetros de la costa, en aguas cuya profundidad varía entre 70 y 3.000 metros. El plan operativo prevé 104 días de trabajo divididos en dos campañas: una de 61 días y otra de 43, con una pausa entre abril y noviembre para no interferir con la temporada de pesca industrial. La superficie total de adquisición de datos abarcará 4.310 kilómetros cuadrados.
Viridien también posee autorizaciones para los bloques 2 y 7, aunque concentrará sus esfuerzos iniciales en el área mencionada. La operación movilizará, además del buque sísmico, dos embarcaciones de apoyo, un buque de suministro y otro de escolta.
El delicado equilibrio ambiental
La autorización del Ministerio de Ambiente estableció un estricto protocolo de mitigación de impactos sobre la fauna marina. Se exige la presencia de biólogos marinos a bordo para monitorear la ausencia de mamíferos, tortugas y otras especies en un radio de seguridad. Las fuentes de sonido –clave para la prospección– no podrán activarse si hay cetáceos (ballenas, delfines) en un radio de 1.000 metros, o tortugas y pinnípedos (lobos y leones marinos) en un radio de 600 metros.
Un aspecto crítico es la superposición del área de exploración con zonas de conservación definidas en 2022. El proyecto se superpone totalmente con un área de cría permanente de merluza y parcialmente con sectores de la plataforma continental que incluyen cabeceras de cañones submarinos y montículos de coral. La empresa se comprometió a aplicar medidas de preservación y a compensar económicamente a los pescadores afectados.
La batalla legal en curso
El avance operativo convive con un frente judicial abierto. Organizaciones como “Mar libre de petroleras” y “Socobioma” recurrieron la autorización ambiental ante la Justicia. Si bien un fallo inicial obligaba a informar sobre el plan dentro de las 24 horas de presentado, Viridien apeló y aún no hay una resolución definitiva.
“Reclamamos que la Justicia se pronuncie antes de que comiencen las actividades y que ordene su suspensión hasta que exista una sentencia firme sobre la nulidad absoluta de dichos contratos”, declaró el grupo “Mar libre de petroleras”. Esta incertidumbre legal introduce un factor de riesgo para el cronograma de la empresa.
Análisis: ¿Qué está en juego?
El inicio de la exploración sísmica offshore coloca a Uruguay en un mapa energético regional cada vez más competitivo, donde países como Argentina y Brasil han avanzado con resultados dispares. Los potenciales beneficios económicos –regalías, inversión, empleo– se contrastan con los riesgos ambientales intrínsecos a esta industria y con los compromisos globales de transición energética.
La pausa operativa entre abril y noviembre, destinada a minimizar el impacto en la pesca, refleja un intento de conciliar intereses económicos contrapuestos. Sin embargo, la protesta de las organizaciones ambientalistas subraya una desconfianza profunda hacia los mecanismos de control y la evaluación de impactos acumulativos.
La flexibilización solicitada por Viridien respecto a la distancia mínima de 100 km entre buques sísmicos operando en simultáneo –condicionada a monitoreos “in-situ”– será otro punto de vigilancia para las autoridades y la sociedad civil.
Perspectivas
La llegada del BGP Prospector a Montevideo en los primeros días de febrero será el símbolo más tangible de que Uruguay ha cruzado un umbral. El éxito o fracaso de esta fase exploratoria definirá no solo el futuro de la industria offshore local, sino también la capacidad del Estado para gestionar proyectos de alta complejidad técnica y sensibilidad socioambiental en un contexto de urgencia climática.
Los próximos meses serán de intenso monitoreo: por parte de la empresa, que busca datos geológicos prometedores; del gobierno, que debe asegurar el cumplimiento normativo; de la Justicia, que tiene pendiente una decisión crucial; y de la ciudadanía, que observa cómo se dibuja el modelo de desarrollo del país en sus aguas territoriales.
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