El Ministerio de Ambiente realizó la segunda audiencia pública con participación ciudadana en relación con el proyecto de prospección sísmica subacuática tridimensional en los bloques autorizados por el Estado para la búsqueda de petróleo en la plataforma marítima.
Este tipo de prospección se utiliza para mapear las estructuras geológicas del subsuelo marino mediante ondas sísmicas. Se emplean fuentes como cañones de aire comprimido (airguns) que generan pulsos de energía acústica de alta intensidad. Las denominadas “campañas sísmicas 3D” pueden abarcar áreas de cientos de kilómetros cuadrados y alcanzar profundidades de varios kilómetros bajo el fondo marino. De esta manera, se determina la posible existencia de petróleo. Este trabajo es realizado por empresas que luego venden los datos a las petroleras interesadas.
En 2009, Uruguay realizó su primera ronda de licitación a empresas interesadas, y en 2023 se adjudicó toda la plataforma marítima mediante siete bloques en la Zona Económica Exclusiva. Las empresas adjudicatarias fueron APA Corporation, Shell, YPF (que posteriormente vendió su parte) y Challenger Energy, un consorcio integrado por APA y Shell. El siguiente paso es la exploración para determinar la posible existencia de petróleo. Por ello, se contratan empresas especializadas en estudios de prospección sísmica. Sin embargo, para llevar a cabo estas tareas se requiere la autorización del Ministerio de Ambiente, ya que este tipo de actividades afecta a la fauna marina.
La última audiencia tuvo como eje central la presentación de los servicios de prospección sísmica de la multinacional CGG Services. En enero de 2024, Ancap recibió la autorización del Poder Ejecutivo para suscribir un contrato con esta empresa para adquirir, procesar, interpretar y comercializar datos sísmicos 3D, con una cobertura de entre 5000 y 40.000 kilómetros cuadrados en alta mar.
La audiencia, que duró casi cinco horas, contó con la participación de organizaciones ambientalistas, particulares y la propia empresa CGG Services, que explicó en qué consistía el proceso a aplicar. Esta empresa solicitó en mayo de 2024 la autorización para realizar los trabajos, y el proceso de autorización ambiental previa comenzó en septiembre de ese año. Entre febrero y marzo de 2025, se recibieron 1620 comentarios sobre esta iniciativa. Se aclaró que no existe un plazo definido para la autorización ambiental, pero esta es solo una recomendación al gobierno y no es necesariamente vinculante.
CGG Services trabaja actualmente con Petrobras y ha realizado 33 proyectos de exploración en Brasil. Los técnicos de la empresa explicaron en qué consistía su trabajo de prospección sísmica. El acuerdo con Ancap prevé mapear 5000 km² hasta una profundidad de 7430 metros. Las empresas que ganan la licitación por los bloques adquieren el derecho, pero no la obligación, de realizar el mapeo. CGG es la encargada de realizar este mapeo y puede o no vender los datos obtenidos. Ni Ancap ni ninguna de las empresas paga por este servicio.
Se explicó que CGG planea explorar seis bloques ubicados a 120 kilómetros de la costa, abarcando 51.200 km² en profundidades de entre 70 y 4300 metros. La duración de la exploración por área varía de 125 días para aproximadamente 6000 km² a un promedio de 250 días para 12.000 km².
Carlos de María, de la empresa Estudio Ingeniería Ambiental, presentó el estudio de impacto ambiental. En la zona a mapear existe una intensa actividad pesquera. De María relató los estudios realizados sobre la incidencia de los mapeos sónicos en larvas y peces. En este sentido, indicó que “Uruguay cuenta con más de una década de consolidación de información desde 2014, cuando Ancap publicó el libro El estudio de la margen continental uruguaya con el apoyo técnico de la Facultad de Ciencias”. También en 2016 se realizó otro estudio similar. Destacó dos áreas de importancia, una de ellas la zona de cría de merluza, por donde pasará el barco de prospección.
Los impactos ambientales de la prospección se analizaron en cuatro grupos: la interacción con la pesca comercial, la afectación potencial por las ondas sonoras, la presencia física en la navegación y la percepción social. Para mitigar las ondas sonoras emitidas por el buque, se establecieron radios de mitigación de 1000 metros para mamíferos y 100 metros para tortugas, con monitoreo permanente. Está prevista la presencia de tres observadores de fauna marina en el buque. En cuanto a la percepción social, el técnico señaló que esta actividad se percibe como “una afectación potencial a la actividad económica y productiva de la pesca”.
Esta preocupación fue expresada tanto por empresas como por trabajadores debido a la posible merma en la captura pesquera, especialmente en el sector del cangrejo rojo, y a una percepción social negativa general hacia el proyecto. Entre las medidas definidas por CGG se incluyó “priorizar la contratación de tripulación local y facilitar el acceso de instituciones de investigación a todos los datos recolectados”. Además, se plantean acuerdos con organizaciones no gubernamentales para el monitoreo y rehabilitación de la fauna marina, la capacitación de trabajadores del sector pesquero y medidas de compensación en caso de pérdidas por captura.
Preocupación de ambientalistas y empresarios
La Asamblea Mar Libre de Petroleras, que agrupa a 50 organizaciones sociales, señaló durante la audiencia pública que “la ciudadanía uruguaya no desea estos proyectos para su hábitat”, ya que la exploración sísmica “afecta gravemente la vida marina”. Por su parte, Ricardo Piñeiro, de la Cámara de Armadores Pesqueros del Uruguay, hizo referencia a las prospecciones sísmicas realizadas entre 2012 y 2014. Explicó que las ondas emitidas para escanear el lecho marino alteran el comportamiento de los peces, especialmente en la cuenca del Río de la Plata, donde la corvina y la merluza son especies migratorias. “Cuando ocurre la prospección sísmica, es como si hubiera un terremoto en el mar: los peces cambian su comportamiento, se dispersan y huyen de las zonas donde se producen las explosiones”, sostuvo. Añadió que “esto ha generado, y está comprobado, una disminución en la pesca superior al 40%, lo que provocó una gran crisis en la industria pesquera”. También señaló que, tras estas actividades con ultrasonido, se necesitan cuatro años para recuperar condiciones similares a las previas.
En nombre de la Cámara de Industrias Pesqueras del Uruguay, participó Alejandro Patler. Hace 15 años, la flota pesquera uruguaya contaba con entre 120 y 150 barcos y el sector empleaba a unas 7000 personas. Actualmente, hay unos 50 barcos y la mitad del personal. Las exportaciones del último año alcanzaron unos 100 millones de dólares. Patler hizo hincapié en la compensación propuesta por CGG Services a los pescadores: “¿Cómo se compensarán las divisas que dejarán de ingresar al país durante varios años debido a la reducción en la captura? No lo sabemos, no hay informes”, manifestó. También cuestionó cómo se compensará la pérdida salarial, ya que los trabajadores del sector pesquero cobran por porcentaje, por lo que una disminución en la captura reducirá proporcionalmente sus ingresos.
La última palabra es política
Sandra Corbo, representante de la ONG Red Unión de la Costa, expresó su inquietud por este tipo de prospección y cuestionó la ausencia de ciertos ministerios en el proceso de evaluación. En diálogo con La Mañana, explicó que la Red Unión de la Costa, que agrupa a más de 100 organizaciones de todo el país, envió una carta manifestando su posición sobre la prospección sísmica para exploraciones petroleras.
Corbo señaló que la organización está “preocupada por este y otros temas” y consideró “necesario que estas actividades cuenten con la participación ciudadana”. La representante de la ONG planteó las posibles interferencias entre las actividades petroleras y otros sectores económicos: “El problema de las actividades petroleras en el mar afecta a las comunidades costeras, la recreación, las personas que viven del mar y el turismo”, enumeró. En este contexto, cuestionó la ausencia del Ministerio de Turismo en las audiencias: “¿Por qué no estuvo presente el Ministerio de Turismo?”, preguntó.
La dirigente también mencionó que “hubo presentaciones de las comunidades pesqueras en la audiencia, también preocupadas porque estas actividades no pueden superponerse”. Corbo vinculó la exploración petrolera con la política de conservación marina del país: “Uruguay está en deuda con las áreas protegidas”, afirmó, y señaló que “debemos alcanzar un 30% de áreas protegidas, pero apenas superamos el 1%”.
Respecto a los plazos para el inicio de los estudios sísmicos, Corbo aclaró que “ninguna audiencia pública puede comenzar hasta que el Ministerio de Ambiente emita su resolución”. “El Ministerio de Ambiente tiene la última palabra”, precisó, aunque expresó reservas sobre el proceso: “Es posible que los técnicos del Ministerio no aprueben, pero, en última instancia, siempre es una decisión política, como en todo”.
