Mientras la mayoría de los uruguayos ajusta el presupuesto familiar para llegar a fin de mes, los directivos de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios decidieron, votarse a sí mismos una partida adicional de $ 131.500 mensuales. El hecho, que ya ha generado un pedido de anulación por violar la ley y el reglamento interno, ocurre en la misma institución que el año pasado requirió un salvataje estatal multimillonario para no colapsar. La pregunta que surge, vista desde la calle, es obvia: ¿cómo se explica que quienes gestionan una caja rescatada con dinero de todos los ciudadanos se autoconcedan beneficios extras, mientras el país enfrenta problemas urgentes como el costo de vida, la inseguridad y acceso a servicios de mala calidad? Porque más allá del tiempo que los directivos deban emplear en esta tarea pública, el meollo es que administran una entidad en terapia intensiva financiada por el Estado. Exigir un adicional, por más que se le llame “compensación” y no “sueldo”, refuerza la peligrosa percepción de que existe un ethos que ve en el Estado, y en los organismos que él rescata, una suerte de “vaca atada”.
La Caja Profesional arrastra una crisis estructural de años. En 2025, el Parlamento aprobó la Ley 20.410, un “salvavidas financiero” que inyectó $ 1300 millones de pesos de fondos públicos ese año y prevé $ 2700 millones para 2026. Es decir, el Estado –o sea, todos los contribuyentes– asumió el costo de evitar la quiebra. En el debate legislativo se discutió acaloradamente quién debía cargar con ese esfuerzo: los profesionales, el Estado o la ciudadanía. Al final, la solución recayó sobre las arcas públicas, lo que significa que cada uruguayo, mediante sus impuestos, está pagando el rescate de una caja que no usa.
Frente a este esfuerzo colectivo, la decisión del directorio de asignarse una partida extra resulta doblemente paradójico. Primero, porque esos cargos deberían ser honorarios, según la propia ley de salvataje. Segundo, porque envía un pésimo mensaje: mientras la gente común sacrifica parte de su ingreso para sostener la institución, sus directores se autoasignan con un adicional que equivale a más del 40% del salario mínimo nacional. ¿Dónde queda la ética en la gestión de lo público frente a la gente de a pie?
La ciudadanía no vive ajena a estos hechos. Los altos costos de la canasta familiar, la preocupación por la seguridad y la lucha contra el narcotráfico copan la agenda diaria. En ese contexto, ver que el dinero de todos se usa para tapar agujeros de una caja mal gestionada y, encima, para financiar partidas a sus directivos, genera indignación y desconfianza. ¿Por qué el esfuerzo fiscal no se dirige con prioridad a políticas sociales que alivien la pobreza, mejoren la educación o refuercen la seguridad? La pregunta no es retórica; es el reclamo de una sociedad que exige coherencia y justicia en el uso de sus recursos.
La crisis de la Caja Profesional no se resuelve solo con dinero público. El núcleo del problema es que miles de profesionales universitarios no aportan porque descreen del sistema. Desde el momento de recibir su título, se les impone la obligación de aportar o declararse en “no ejercicio”, una coerción que muchos rechazan. Además, deben pagar el Fondo de Solidaridad, una contribución que, aunque destinada a becas, es vista por muchos como una “matrícula diferida” que contradice la gratuidad de la enseñanza. La sensación de que la universidad “no fue gratuita” mina la legitimidad del aporte.
A eso se suma la evasión crónica, reconocida como uno de los problemas estructurales de la Caja. Si los propios profesionales no confían en el sistema, ¿cómo esperar que la ciudadanía acepte sin cuestionar que sus impuestos rescaten a esa misma institución?
La partida de $ 131.500 es solo el síntoma de un mal mayor: una gestión opaca, alejada de los intereses de los afiliados y de la ciudadanía. Urge que el directorio revoque esa decisión y demuestre con hechos que su prioridad es la sostenibilidad de la Caja.
Pero eso no basta. La Caja Profesional necesita una reforma profunda que aborde la evasión, revise el sistema de aportes, recupere la confianza de los profesionales y, sobre todo, garantice que los recursos públicos se usen con responsabilidad. El salvataje de 2025 fue un parche necesario, pero no puede convertirse en un cheque en blanco para mantener prácticas cuestionables.
La ciudadanía ya está pagando la cuenta. Tiene derecho a exigir que quienes gestionan la caja actúen transparencia y un sentido genuino de servicio. Solo así se podrá reconstruir un sistema previsional justo, solidario y sostenible para los profesionales que, al mismo tiempo, no sea un peso para el resto del país.
