La polémica medida de OSE que impone un pago por certificados de saneamiento y libre de deuda enfrenta al organismo con los escribanos, quienes ven una barrera económica y dudas sobre su legalidad.
La Asociación de Escribanos del Uruguay (AEU) presentó un reclamo formal ante OSE, poniendo en duda la validez legal de la resolución que impone el pago de una Unidad Reajustable (UR) —equivalente a $1.847,96— por emitir los certificados de saneamiento y libre de deuda. La medida, que se suma a un incremento general del 8.5% en las tarifas, ha generado alerta por su impacto en el acceso a la vivienda y en el “tráfico jurídico” del país.
El corazón del reclamo: fundamento legal y equidad
La protesta de la AEU, organismo que reúne a los notarios públicos del país, se centra en tres argumentos principales extraídos de la nota oficial remitida a OSE:
-Vacíos legales: La asociación sostiene que las leyes 14.497 y 18.840, que regulan la materia, así como sus decretos reglamentarios, no prevén ni autorizan expresamente cobrar por estos certificados. Afirman que imponer un costo vía resolución administrativa (Nº1464/25) podría constituir una “extralimitación de la potestad reglamentaria” y violar principios de legalidad y razonabilidad.
-Impacto social regresivo: Subrayan que el cobro actúa como una “barrera económica adicional e injustificada”, en especial para familias vulnerables o aquellas que acceden a soluciones habitacionales con exoneraciones tributarias, quienes se ven forzadas a un pago obligatorio.
-Falta de claridad operativa: Solicitan a OSE que detalle el procedimiento, plazos de expedición y el criterio para padrones sin cuenta asociada, una situación común que ya genera demoras y perjuicios para los usuarios.
Un trámite clave en la vida de las personas
Estos certificados son documentos obligatorios en toda transacción de bienes inmuebles. El de “Libre de Deuda” (Ley 14.497) acredita que no existen deudas pendientes por obras de instalación de la red. El de “Saneamiento” (Ley 18.840) certifica la obligación de conectar la propiedad a la red pública de cloacas, un requisito para escriturar. Su emisión, por tanto, no es optativa y recae sobre el ciudadano que realiza la compra o venta.
Actualmente, OSE ofrece la solicitud de ambos certificados de forma gratuita y a través de múltiples canales: internet (con usuario registrado), WhatsApp, teléfono (0800 1871) o en persona en sus centros de servicio. Para el certificado de saneamiento, el trámite se divide según si el padrón ya tiene o no servicio de OSE.
Una voz autorizada que pide revisión
La AEU, cuya función pública es dar fe de los actos jurídicos, ha elevado el tono del reclamo. En su comunicado oficial, la asociación no se limita a expresar desacuerdo, sino que argumenta que esta medida “afecta el interés general, entorpece el normal desenvolvimiento del tráfico jurídico y desconoce el rol instrumental del notariado” en las políticas de vivienda. Por ello, exigen una “respuesta clara, fundada y urgente” por parte del organismo.
Este cuestionamiento se enmarca en un escenario más amplio de ajuste en los servicios públicos. La misma resolución Nº1464/25 establece para 2026 un aumento promedio del 8.5% en las tarifas de agua y saneamiento. No obstante, este incremento será menor (4.8%) para usuarios considerados socioeconómicamente vulnerables, como beneficiarios de MIDES o la Tarifa Social. Para el 90% de los hogares que consumen hasta 15 m³ mensuales, el alza se estima en unos $70 por mes.
Un debate que trasciende el costo
La controversia plantea preguntas de fondo sobre la sostenibilidad financiera de los servicios públicos, la equidad en el acceso a derechos básicos como la vivienda y los límites de la potestad reglamentaria de las empresas estatales.
Mientras OSE no se pronuncie oficialmente sobre el reclamo notarial, miles de uruguayos que planean comprar, vender o regularizar su vivienda se encuentran a la expectativa. La resolución de este conflicto podría sentar un precedente importante sobre cómo se financian los servicios esenciales y quién debe cargar con esos costos en procesos vitales para la economía familiar y el mercado inmobiliario.
Para contextualizar rápidamente las posturas, la siguiente tabla resume los puntos centrales del conflicto:
| Aspecto | Posición de la AEU | Contexto de la Medida de OSE |
| Fundamento Legal | Carencia de habilitación legal expresa en leyes 14.497 y 18.840. | Decisión administrativa mediante resolución Nº1464/25. |
| Impacto Social | Barrera económica regresiva, afecta políticas de acceso a vivienda. | Parte de un ajuste tarifario general del 8.5% (menor para usuarios vulnerables). |
| Tipo de Certificado | Indispensable para la función notarial y actos de compraventa. | Acredita obligatoriedad de conexión al saneamiento (Ley 18.840) y ausencia de deudas por obras. |
| Costo Actual | 1 UR (≈ $1.847,96) por certificado. | Servicio previamente gratuito, según el reclamo. |
