La disponibilidad de agua potable para consumo humano es relevante e impactante en cualquier país. Uruguay no es la excepción. La crisis hídrica uruguaya de los años 2023 y 2024 lo pondrá en evidencia generado desconcierto y alarma. A nuestro entender, como analistas de los principales riesgos de ruptura en los sistemas sociales uruguayos fundamentales, si tuviéramos que caracterizar este riesgo lo ubicaríamos posiblemente como primero, o sea el de mayor risk score por su probabilidad y su impacto. Esto reafirma más aún que el país debe contar con un comité de gestión de riesgos específicos de acceso a recursos que sabemos que son imprescindibles para la vida, como el agua.
Cabe consignar, para ilustrar la magnitud de los problemas con el agua potable que la zona metropolitana que hemos atravesado desde el año 2023, que se trata de la mayor deficiencia del recurso hídrico desde que se tienen registros históricos sistemáticos. Se generaron varias alarmas que alcanzaron estado público por la reducción incontenible del nivel del embalse de agua de la cuenca del Santa Lucía y por la calidad de agua potable usada para consumo humanos. Para contener esta situación y dar respuesta al abastecimiento de agua de calidad a la población, el Estado uruguayo debió coordinar en todos los niveles de gobierno, ministerios y organismos el diseño y ejecución de la estrategia para asegurar el abastecimiento de más del 60% de la población del país.
¿En qué condiciones podría decirse que estamos luego de que las lluvias aliviaron la tensión gracias a las nuevas lluvias? Actualmente el país se encuentra, según nuestros estudios de riesgos nacionales de ruptura, frente al resultado de una desprolija gestión ambiental y una destrucción de los recursos naturales que ha determinado, con el paso de los años, una marcada eutrofización de los grandes reservorios de agua que son utilizados para producir el agua potable para abastecer la población. No solo nos referimos a la eutrofización la fuente de agua del área metropolitana, sino que la gran mayoría de las cuencas relevantes como en el caso de la que alimenta a la población del departamento de Maldonado y las necesidades crecientes de Punta del Este.
Las principales vulnerabilidades del abastecimiento de agua potable para Montevideo y su área metropolitana, evidenciadas especialmente durante la crisis hídrica de 2023, están relacionadas con la dependencia de fuentes superficiales (riesgos inherentes) y con las sequías. El sistema depende fuertemente de embalses (como los de Paso Severino y Canelón Grande) que son muy sensibles a la disminución de lluvias y a la sequía prolongada. La falta de precipitaciones reduce drásticamente la disponibilidad de “agua dulce” para potabilizar. La baja disponibilidad de agua dulce obligó a recurrir a fuentes con mayor concentración de cloruros y sodio (agua salobre o salada) al aumentar el nivel de captación en el Río de la Plata. Esto ha generado problemas de calidad (superando los valores históricos recomendados, aunque bajo decretos considerados excepcionales) y riesgos para la salud de poblaciones vulnerables, además de problemas dermatológicos por el uso prolongado.
En este proceso que pasó de emergencia a crisis se dejaron en evidencia problemas gobernanza y de gestión de contingencias. Se señaló una tardanza o ineficiencia en la asunción de la gravedad de la situación y en la implementación de medidas explícitas de prevención y contingencia hacia la población. Además, se han planteado problemas de infraestructura de embalses y de potabilización de cara al futuro. Aunque existen planes, la necesidad de obras (nos referimos al proyecto Arazatí ahora descartado y el resurgimiento de un nuevo embalse en el río Santa Lucía en Casupá y una futura planta potabilizadora cercana a la actual) y la gestión de la infraestructura a largo plazo frente al cambio climático parece que seguirán siendo puntos críticos para asegurar la resiliencia del sistema ante eventos extremos futuros. La mención a la “mercantilización del agua” también surge como una preocupación social en el contexto de la crisis.
En resumen, la principal vulnerabilidad identificada en los estudios realizados es la alta sensibilidad a la escasez hídrica debido a la dependencia de embalses poco resilientes y crecientemente contaminados por la acción antrópica y los riesgos asociados a la calidad del agua cuando se recurre a fuentes alternativas con alta salinidad. Dos problemas conocidos, pero no encarados adecuadamente. Entendemos que no es necesario abundar en la criticidad del problema. En primera instancia se requiere detener el proceso de deterioro del agua de los reservorios y luego, si ello es posible, mejorar la calidad por el momento. No desconocemos por cierto que todavía, sin que se vean grandes avances en estos asuntos, se están realizando actividades para mejorar o detener el deterioro. Pero hay problemas institucionales y culturales que sobrevuelan sobre los problemas perversos con los que no se está lidiando y que no están siendo eficazmente atendidos.
No podemos recrear al “hermano mayor” buscando controlar todo. Los excesivos controles llevan a la inoperancia. Por otra parte, debemos reconocer que los escasos controles facilitan las conductas delictivas. Además, se generan condiciones para potenciar los impactos de eventos indeseados como condiciones climáticas extremas, debemos recordar que los entornos VUCA (sigla en inglés de vulnerable, incierto, complejo y ambigüedad), ahora potenciados por BANI (sigla en inglés de fragilidad, ansiedad, no lineal e incomprensible) en que actualmente vivimos inmersos, potencian los riesgos, sean estas amenazas u oportunidades. Las señales relevadas muestran que los cambios climáticos impactarán sobre el acceso humano al agua potable y eso no puede ser soslayado. Necesitaremos un gran hacedor, pero también un pensador. En cierta medida, el directivo será mitad yogui y mitad comisario, como sentenciara hace tiempo Prahalad (que describe el tipo de líder que se necesita para impulsar una transformación organizacional profunda y el cambio radical necesario para prosperar en la nueva economía). Pero estamos convencidos de que todo eso será realmente muy difícil de desarrollar con empresas que tienen un claro modelo burocrático administrativista que luce rígido y poco dispuesto a realizar los cambios que actualmente se necesitan.
Ese directivo que se ponga a tono con el siglo XXI, debería ser capaz de operar como un impulsor para la creación de conocimientos nuevos que a su vez generen opciones para mejorar lo existente o para innovar comprendiendo las “discontinuidades competitivas” que menciona Prahalad. En una nueva era –en que lo que se aprende y se sabe tendrá un peso muy importante– será necesario además aprender a manejar con eficiencia lo que se sabe y cómo capitalizarlo. Tal vez este sea el comienzo para romper algunos bloqueos que evitan trasformaciones relevantes en las empresas públicas. Respecto del conocimiento y la forma de administrarlo en términos empresariales, existe también un enorme desafío porque en las organizaciones, tienen más conocimiento tácito que expreso. Por lo tanto, muchas veces es necesario hacer que aflore formalmente lo que se sabe, aprender a ubicar nuevos conocimientos y finalmente lograr que se gestionen adecuadamente, aunque no estén formalizados. Ya no bastará con saber lo que se tiene formalmente acumulado, sino percibir aquello que circunstancialmente no está todavía disponible, pero que va a ser necesario en el futuro, muchas veces para mejorar las posibilidades de supervivencia futura de la organización.
Lo que se ha plantado hasta aquí es relevante para encarar exitosamente futuras transformaciones en las empresas públicas uruguayas. No solamente pensando en el caso de OSE, que no es la única organización que ha sido interpelada ante la última crisis hídrica metropolitana. Se trata de encarar desafíos que una organización burocrática tradicional, que ha sido el sustento del funcionamiento de nuestras empresas públicas propio del pasado, está muy lejos de poder encarar, sin importantes cambios de estructura y de funcionamiento, pero por, sobre todo, de conocimientos y actitudes de los agentes involucrados. Los entornos BANI renovados seguirán poniendo a prueba la capacidad de administrar emergencias, crisis o desastres en el futuro. No hacer nada es subestimar nuestra suerte. No juguemos con fuego que nos podemos quemar.
* Carlos Petrella y Carlos Tessore son ingenieros de la Universidad de la República, Uruguay, y doctorados en España y Estados Unidos, respectivamente. Codirigen un equipo de investigación en Gestión de Crisis Antrópicas.
