Es indudable que la situación existente no lleva apenas unos pocos meses y ni siquiera unos escasos años; por el contrario, se extienden las responsabilidades a gobiernos variopintos y, por qué no decirlo, a la falta de visión si no política, al menos estratégica en esta materia. Tal vez incluso sea en parte comprensible cuando al timón se hallan muchas veces las personas menos idóneas y aun inadecuadas y, por qué no decirlo, no dotadas del coraje, la honradez y el desinterés para implementar ciertas medidas que puedan parecer incluso incorrectas políticamente, pero que a la sazón y sin duda podrían efectivamente hacer la diferencia.
Para empezar y como el Bautista, seguiremos predicando en el desierto: es preciso legislar de una vez por todas una norma clara, completa y detallada acerca de los espectáculos públicos deportivos o de otra índole; definiendo nítidamente figuras delictivas y faltas, enumerando responsabilidades de todos los actores y las penas más severas, así como multas, clausuras, inhibiciones, etcétera.
Es insoslayable reconocer que la Constitución de la República define los fines primarios del Estado y que son esenciales para su existencia, a saber: mantenimiento del orden interno, defensa nacional, administración de justicia, actividad financiera y relaciones exteriores.
Se entiende que el mantenimiento del orden implica asegurar la seguridad ciudadana, así como el funcionamiento pacífico de la sociedad, a través de las instituciones como la Policía Nacional.
Ahora bien, en nuestra república, el concepto de fuerza pública se refiere principalmente a la Policía Nacional –además de la Prefectura Naval y la Policía Aeroportuaria– entendiéndola como institución armada, civil y pública encargada de la protección de las libertades y derechos, entre otros la vida, la libertad individual y la propiedad privada. A la Policía Nacional como institución estatal constitucionalmente se la ha hecho cargo de garantizar el orden y la seguridad interna, actuando además como auxiliar de la Justicia. Es más, la Ley Orgánica Policial (LOP) establece claramente sus cometidos y estructura, dependiendo del Poder Ejecutivo por intermedio del ministro del Interior.
En efecto, el uso de la fuerza pública está regulado por las leyes y protocolos establecidos que establecen los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad y gradualidad. La garantía principal es que el uso de la fuerza sea siempre legítimo, proporcional a cada situación y respetando los derechos individuales.
En suma, no estuvimos de acuerdo cuando hace más de una década, durante la segunda administración frentista se retiró a los efectivos policiales de las tribunas de los estadios y canchas, con lo cual se entregó el territorio y por ende el dominio a los barrabravas y malvivientes, todos ellos o al menos un buen número con intereses que no son los públicos, sino en cambio particularistas y nefastos para la paz y la tranquilidad.
Sin hesitar estamos en condiciones de afirmar que la sola presencia de los efectivos policiales en la parte alta de todas las tribunas de los espectáculos públicos de índole deportivo, como musical, etcétera, sería desestimulante para una serie concatenada de acciones agresivas y violentas; puesto que la disuasión y prevención se ejerce por presencia impuesta –como demostración de fuerza– y la factible represión y ejercicio de la coercibilidad del derecho positivo vigente.
- Desplegar grupos de choque en las tribunas de escenarios problemáticos.
- Disponer la utilización de canes en la parte baja de las tribunas y taludes.
- Utilizar drones de alto desempeño provistos de cámaras y artillados con munición no letal.
- Disponer de un sistema de tótems provistos de control de imagen, entradas e ingreso.
- Potenciar el despliegue de tres círculos concéntricos de contralor (vista, revista y cacheo).
- Inhibición total con listas controladas por la Policía Nacional de los excluidos judicialmente.
- Negación de ingreso de personas embozadas, encapuchadas, con las caras pintadas o similar.
- Prohibición de entorpecer la visual de cualquier forma con banderas o carteles en alambrados.
Los últimos lustros y partiendo de algunas premisas que entendemos erróneas, aun cuando fueran bienintencionadas, se ha perdido completamente el dominio territorial al interior de los estadios y canchas de fútbol, no queremos calificar fuertemente como se nos viene a la pluma, pero es bastante probable que si no es por ignorancia total en la materia, lo sea por pura y llana pusilanimidad.
Por tanto, resulta inexplicable y aun absurdo el haber entregado el control del espacio público graciosamente y se nos ocurre que meramente para esquivar el bulto y, discúlpese la licencia literaria, sacarle la cola a la jeringa, nada más y nada menos que para evitar cumplir con una parte ineludible de la misión consagrada por la LOP para quien detenta la fuerza pública y debe garantizar la paz y la tranquilidad de los ciudadanos.
Los tótems con molinetes distribuidos en todos y cada una de las puertas de ingreso a los estadios o canchas, permitirán registrar a toda persona sin exclusiones que ingrese, sea público en general, empleados, directivos, funcionarios de AUF o CAFO, jugadores, equipos técnicos, vendedores de cualquier bebida, alimento, etcétera, además de la propia prensa y Policía.
De manera indudable la mal llamada “lista negra” no debería estar en manos de los actores del fútbol o básquetbol, sino del Ministerio del Interior, como auxiliar de la Justicia competente.
Los drones son muchísimo menos costosos que un helicóptero y pueden involucrarse en número variable y creciente, con varias e incluso múltiples funciones como la transmisión de imágenes en directo, así como el seguimiento de actividades con apariencia delictiva o actos preparatorios para la agresión o violencia en las cosas y las personas. Es más, la utilización de cartuchos de goma y aún de bean bag (sacos de porotos) tendría un efecto primero disuasivo, luego preventivo y por último represivo, pudiéndose incluso conminar a los involucrados a cesar o detener las acciones en las que estén embarcados.
Por todo lo antes expresado, será tan factible como necesario el involucramiento serio y concienzudo de los legisladores, tanto como del Poder Ejecutivo y la dirigencia de las respectivas asociaciones.
El combate franco y eficaz de la violencia en el deporte, así como la comisión de operaciones de microtráfico, el ejercicio de la extorsión o cualquier otra actividad ilegal y que atente contra el normal desarrollo de la vida en los lugares comunes, es fundamental para recuperar no solo el dominio territorial, sino la confianza de la ciudadanía, si es que de verdad se quiere desterrar de plano a los violentos y delincuentes que se aprovechan en su beneficio y sin medir en absoluto los daños que han provocado y provocarán en los ciudadanos de bien.
En definitiva y de una vez por todas comprometerse cada uno en su nivel para no seguir anclados y escuchando los mismos cantos de sirena que solo nos conducen a la perdición. Es claro que nuestro interés innegable está puesto sobre la mayoría de nuestros conciudadanos y que nos anima únicamente el ánimo patriótico constructivo.
En otro orden y en el mismo sentido, vemos con muy buenos ojos la toma de nuevas medidas, algunas de ellas obviamente imprescindibles como el negar el acceso mediante la utilización de ventanas, ventanucos y “guillotinas” que permiten la introducción no solo de bengalas y fuegos artificiales, sino de banderas y “trofeos de guerra”, drogas y alcohol, a guisa de ejemplo.
Está claro que la ley y la reglamentación es y será fundamental para terminar con esta profunda e inacabable problemática de la que todos hablan, pareciendo inocentes y de la cual muchos son coautores, cómplices o al menos encubridores y adoptan esa cara de angelito y la negación como estrategia que ya nadie les cree.
