Es licenciada en Economía por el Plan 90 de la Udelar y desde 1991 hasta la fecha la economista Jimena Pardo ha ocupado diferentes cargos, entre los que se destaca su gestión en República AFAP, de la que fue su presidenta en el período 2015-2020. Con el inicio de la nueva gestión de gobierno, desde el 27 de marzo fue designada como presidenta del Banco de Previsión Social. En entrevista concedida a La Mañana, Pardo hizo referencia a los planes futuros de la institución y la resolución de temas pendientes.
¿Cómo recibió al Banco de Previsión Social?
La verdad es que la situación en la que lo recibimos es con una serie de atrasos importantes y también algunos otros desafíos con políticas que estaban un poco desarticuladas, en particular todo lo que era la coordinación con otros organismos del Estado, por donde pasan muchas políticas públicas importantes como el Mides. También estaba bastante desarticulado, pero en realidad, como yo digo siempre, lo que importa acá es cómo uno arregla las cosas para adelante. Las necesidades de las personas, más allá del diagnóstico. A la gente no le importa el tema de cómo está el BPS, sino qué es lo que uno va a hacer y la responsabilidad que tiene para cambiarlo para adelante. Y en eso, parte importante es tener un buen diálogo con nuestros trabajadores, que la verdad es que debo decir que encontramos muchas personas muy comprometidas con su trabajo. Y también a nivel del directorio, donde obviamente los directores sociales tienen un rol bien distinto a los directores políticos, pero no quiere decir que no existan puntos de acuerdo y puntos en donde a todos nos interesa lo mismo. Creo que esta línea de trabajo del nuevo directorio de tratar de simplificar los procesos, hacer los trámites más sencillos sin perder controles y que a las personas les llegue una información bastante más entendible y en menos tiempo, y cuál es la mejor forma de hacerlo, entiendo que es una línea que abarca todo el directorio, y en ese sentido sí estamos yo creo que trabajando muy bien entre todos y trabajando cuando corresponde.
¿Cómo se viene trabajando en el atraso detectado en trámites jubilatorios?
Nosotros tratamos desde que asumimos el 27 de marzo de dimensionar un poco cómo era el tema de los atrasos, porque estábamos teniendo muchas llamadas de personas quejándose de que su trámite demoraba mucho, que nueve meses, que un año. Y acá un poco lo que acentuamos es que son trámites referidos a prestaciones de lo que estamos hablando, y no refiere a todos los trámites del banco, ¿verdad? O sea, lo que tiene que ver con jubilaciones, pensiones, reconocimiento de servicios, lo que se llama jubilación sin cese, y otra serie de trámites que no son todos los trámites del banco. Por ejemplo, hay trámites de prestaciones de activos, subsidios por desempleo, subsidios por maternidad, toda la parte que tiene que ver con empresas. O sea, el gran atraso, digamos, el cuello de botella lo estamos teniendo en los trámites prestacionales. Acá un poco el diagnóstico es, a raíz de un modelo de atención que se implementó en el período pasado, se generó un cuello de botella en donde la capacidad de procesamiento del banco año a año es menor a lo que en realidad entra, digamos, de trámites nuevos. Para que tengan una idea, en el 2024 de este tipo de trámites se resolvieron 80.885 solicitudes, pero en realidad en ese mismo año entraron más de 100.000. O sea que hay un 20% que va quedando para atrás. Este es un poco el diagnóstico que nosotros hicimos, que vimos en una información que pedimos en el período de transición, que venía creciendo desde el 2021 la cantidad de stock de trámites. Y acá un poco la idea es que de los trámites que tenemos pendientes prestacionales de nuevo a mayo de este año, que son 58.103, hay un 32% que tiene más de 365 días de atraso y solo un 24% tiene menos de 90 días. Entonces, como yo digo siempre, a la gente en realidad no le importa el diagnóstico, sino cómo vamos a arreglar esta situación. Así que el foco lo pusimos no en diagnosticar el tema, sino básicamente en cómo podíamos salir de esto. Y acá hay dos bloques de acciones. Unas que tienen que ver con tomar medidas de corto plazo para paliar el atraso y evitar que se sigan atrasando cosas. Y otras que tienen que ver con transformar el modelo de atención más a mediano plazo, para lo cual ya se formó un grupo de trabajo. En las que tienen que ver con el corto plazo, tenemos tres áreas. Una que tiene que ver con prestaciones por incapacidad. Allí contratamos 12 médicos en régimen de arrendamiento de obra para reforzar las juntas médicas y la valoración de la incapacidad. Luego, también simplificamos sin sacar controles, hicimos más sencillo el trámite de jubilación por incapacidad, que inicialmente va a abarcar al 30% de las solicitudes nuevas que entran, pero que esperamos que vaya dando mejores frutos. En lo que tiene que ver con la jubilación común, en el modelo como estaba entraba todo para estudio más profundo. Y lo que estamos viendo es que hay personas que ya tienen una situación bastante clara y que no necesitarían ir a un estudio más profundo, que son por ejemplo aquellas que ya cumplen los requisitos, tienen la edad y los años de trabajo y hoy están sin actividad. Entonces, a esas personas vamos a tratar de hacerles un trámite bastante veloz de jubilación, en caso de que se presenten. Incluso si muchas de ellas tienen que reconocer años de trabajo que lo hagan en forma posterior, se les va pagando la jubilación y si luego hay que recalcularla, se recalcula.
Se amplía el plazo de reconocimiento de años trabajados ante el BPS. ¿Sobre qué bases se trabaja?
Todos sabemos que a partir de 1996 existe lo que llamamos historia laboral. Esto es, el BPS tiene una historia de cada uno de nosotros y tiene los aportes que cada uno de nosotros realizó, ya sea como empleado dependiente de una empresa o como trabajador o empresario unipersonal o monotributista. En Uruguay lo que debemos tener claro es que el acceso a las prestaciones de jubilación y pensión tiene que ver con haber aportado, no con haber trabajado. Después del 96 es la historia laboral la prueba, que antes no existía. ¿Cómo era el trámite? Las personas se acercaban a BPS cuando se querían jubilar y en general decían: “Yo trabajé en tal lado, en tal otro”. A veces las propias empresas seguían existiendo, si uno por ejemplo era trabajador público de una empresa que sigue existiendo hoy, se podía conseguir prueba documental, nosotros podíamos buscar a través de las planillas de trabajo en el Ministerio del Trabajo. Pero a veces las empresas no necesariamente siguen abiertas, entonces se recurría a lo que es la prueba testimonial. ¿Qué es lo que tenemos hoy en día? ¿Qué es lo que pasa ahora distinto? Que la reforma del año 2023 del gobierno estableció en un artículo que ese plazo tiene fecha de caducidad y que si las personas en franjas de edades no lo hacen en ese plazo después no lo van a poder hacer. Entonces, para las personas que tienen 62 años y más, el plazo inicial que establecía la ley se vencía en mayo de este año. Nosotros, por decreto, lo extendimos un año más hasta mayo del año que viene. La idea es que estas personas que tienen hoy 62 años y más, que se han jubilado porque son las que probablemente tengan también más años anteriores a abril del 96, se acerquen al banco, se pueden agendar a través del 0800-1997, vía agenda web o en cada sucursal del interior del país pueden pedir hora para el trámite de reconocimiento de años de trabajo. Acá pensamos que hay en el entorno de unas 142.000 personas. No todas estas tienen que reconocer necesariamente años porque muchas de ellas capaz que ya los tienen en su historia laboral. Si tienen usuario personal del BPS, pueden ir a una pestañita azul que se llama “vida laboral”, y dentro de esa yo siempre recomiendo una que es más sencilla que la historia laboral, que es “años para mi jubilación”, que tiene una información más sencilla que es el período, la empresa y eventualmente si era algún tipo de actividad bonificada como una docencia, también lo dice. Entonces, allí las personas ya pueden mirar y saber si les falta algún año anterior a abril del 96. Acá lo importante es que también vamos a tratar de simplificar este proceso de forma que cuando la persona venga, el banco ya haya recopilado toda la información que tiene de ella, se la pueda mostrar y decir: “Bueno, tenemos todo esto. ¿Le falta algo? ¿No le falta?”. Y después ver si las personas a priori ya saben que les falta algún año, si tienen alguna prueba documental que puedan aportar que esté en su poder, o si la empresa está abierta y pueden ir a pedir algún comprobante. Eso también contribuye a que después se simplifique el trámite.
Seguramente, por la información que ha recabado, en el pasado esta forma de declaración testimonial se prestaba para alguna maniobra. ¿Se buscaron formas para resolverlo?
Totalmente. Lo que pasa es que en realidad está dentro de la normativa como una prueba que se puede admitir. O sea, la ley para períodos anteriores al 96 sigue admitiendo, obviamente se agota la prueba de buscar documentación en las planillas de trabajo del Ministerio de Trabajo, en las documentaciones que pueda aportar la persona, en las que ya tenga el banco. Pero después hay otro tipo de pruebas que la ley admite dentro de las que está la prueba testimonial. Y, de hecho, el BPS, cuando no hay ninguna otra vía, por ejemplo, la vía que establece el artículo 218 de la Ley 20.130, que tiene que ver con que si uno tiene en la historia laboral un X número de años, el resto se puede dar por probado fictamente, que eso también es algo que se aplica a nivel legal. Si no hay ninguna de esas otras vías, el banco está obligado a tomar prueba testimonial.
