Mientras que en la Cámara de Diputados se aprobó en general la Rendición de Cuentas, esta pasó al Senado, donde la discusión continuará sobre el nivel de déficit y la solicitud de un aumento en el techo de la deuda. Si bien se pensaba que sería un trámite simple (ya que se revisan las cuentas del último año del gobierno pasado), la solicitud de aumentar el techo de la deuda generó un enfrentamiento con la oposición, en especial con el Partido Nacional, debido a que, de alguna manera, se cuestionaba el manejo económico del gobierno de Lacalle Pou. El diputado de Cabildo Abierto, Alvaro Perrone, anunció que su partido votaba todos los artículos de la Rendición de Cuentas ya que había muchos importantes como asignar recursos para la compra de medicamentos de alto costo por resoluciones judiciales contra el MSP. También otros que hacen referencia a la financiación de ASSE y el pago a provedores entre ellos las mutualistas y el pago de la deuda con el Ferrocarril Central. Sobre este punto dijo “pensé que se había pagado” en el anterior gobierno, dijo Perrone e indicó que de no hacerlo no se le daban buenas señales a los inversores. “Estamos muy tranquilos de lo que vamos a votar hoy y las explicaciones las tienen que dar mañana otros” dijo el legislador, quién también dijo que había recibido “amenazas” a traves de las redes sociales cuando se conoció su posición y el de la diputada de su bancada, Silvana Perez Bonavita. Blancos y colorados, votaron en general pero no todo el articulado, en especial cuestionando el aumento del tope de deuda.
El ministro de Economía, Gabriel Oddone, había indicado a los legisladores que, para seguir adelante con los proyectos del gobierno y salir a los mercados para la colocación de deuda, se necesitaba la aprobación de tres proyectos básicos: la reforma de la Caja de Profesionales, la Rendición de Cuentas y el Presupuesto.
Un tema considerado clave por el Ministerio de Economía es el aumento en el tope de deuda, que consiste en un incremento de US$ 1.150 millones. Tras la votación de esta Rendición de Cuentas, el tope de deuda pasa de US$ 2.300 millones a US$ 3.450 millones. Existe una cláusula que permite elevar el tope de deuda hasta un 30% más, lo que lo ubicaría en US$ 2.990 millones, pero el gobierno necesita US$ 3.450 millones, por lo que el Ministerio de Economía descartó esta opción.
Días antes de la votación, el ministro Oddone había señalado en la Comisión de Hacienda que era imperiosa la aprobación de la Rendición de Cuentas a la mayor brevedad. Explicó ante los legisladores que el director de la Unidad de Gestión de Deuda del Ministerio de Economía, Herman Kamil, “tiene que ir a vender a Suiza la semana que viene el cierre fiscal y el cierre de endeudamiento, y cualquiera que revise nuestros números va a decir: ‘Ustedes tienen un cierre fiscal inconsistente, porque no tienen, dado el resultado fiscal que están reportando, el financiamiento para hacerlo. Así que no están en condiciones eventualmente de cumplir el programa de 2025’”.
El ministro de Economía dijo que “es clave” que se transmita a los acreedores que la “tensión” entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo “se resuelve en el marco de horizontes mínimos de un año, por lo menos, para un tema de este tipo de endeudamiento”. Y agregó: “Para mí es muy difícil salir al exterior a explicar cuál es mi programa financiero si no estoy en condiciones de decir cómo lo voy a resolver durante el año 2025”. De ahí que el gobierno haya adelantado el envío de la Rendición de Cuentas. Se necesitaba rápidamente el aumento del tope de deuda para poder negociar nuevos préstamos.
Las críticas al gobierno anterior
El gobierno señala que el aumento de este tope de deuda es para financiar los gastos postergados de 2024. Más allá de esta discusión puntual, desde la oposición se indica que el tema del endeudamiento debería discutirse en el Presupuesto y no en la Rendición de Cuentas. También se argumenta que el aumento es para financiar proyectos comprometidos por el Frente Amplio en la campaña electoral. En la Comisión de Hacienda, la oposición no votó a favor de aumentar el tope de deuda ni de las partidas especiales para ASSE y el Ministerio de Transporte.
El proyecto de ley incluye una serie de disposiciones financieras para 2025, que reestructuran gastos y compromisos asumidos previamente. Entre ellos, se destacan US$ 970 millones correspondientes a compromisos adquiridos en 2024, que incluyen la compra de patrulleros y aviones, el rescate de la Caja de Jubilaciones y los pagos de contratos de infraestructura vial. Además, se contemplan US$ 360 millones en gastos postergados.
También se asignan refuerzos presupuestales específicos: US$ 61 millones destinados a ASSE para cubrir gastos de funcionamiento, principalmente para saldar facturas con proveedores, y US$ 144 millones para el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, con el propósito de atender las obligaciones surgidas tras la resolución del diferendo con el concesionario del Ferrocarril Central.
El informe del Frente Amplio en Diputados analizó la Rendición de Cuentas de 2024 y concluyó que refleja “los límites, contradicciones y consecuencias” de la estrategia económica, fiscal y social del gobierno de Luis Lacalle Pou. Según el documento, la administración anterior, “lejos de consolidar un modelo de desarrollo con equidad, mostró una orientación general basada en el ajuste fiscal, la contención del gasto y la desinversión social en los años más críticos, seguida de una expansión tardía y desordenada del gasto público en el último año del período”.
La bancada del Frente Amplio también señaló varios puntos críticos, como “una recuperación del empleo de baja calidad, un aumento de la pobreza infantil, el crecimiento de la violencia asociada al narcotráfico, una reducción de ingresos para el 95% de la población, el ‘fracasado’ TLC con China y los escándalos domésticos que nos colocaron en la portada de los medios más importantes del mundo”.
La posición de Arbeleche
Azucena Arbeleche, exministra de Economía, envió una carta a la presidenta del Directorio del Partido Nacional, Macarena Rubio, para responder a afirmaciones incluidas en la exposición de motivos del proyecto de ley de Rendición de Cuentas 2024. La carta fijó su posición sobre cuestionamientos del gobierno del Frente Amplio, que sostiene que recibió una “herencia fiscal descontrolada”. Arbeleche afirma que, entre 2021 y 2024, la deuda pública se estabilizó y se redujo respecto a los niveles máximos de 2020, causados por la pandemia de COVID-19. Sostuvo que el crecimiento del gasto público en ese período fue de 1,4% anual en términos reales, menor al crecimiento potencial del PIB (2% anual) y a los incrementos de administraciones anteriores (entre 2,9% y 7,5% anual).
La carta rechaza la idea de un “carnaval electoral” en 2024. Arbeleche dijo que las erogaciones se ejecutaron según lo planificado en la Rendición de Cuentas de 2022, aprobada un año y medio antes, y que “el aumento del gasto real en 2024 se debió principalmente a una inflación menor a la prevista”. La exministra sostiene en su carta que el incremento de egresos fiscales respecto al PIB no se atribuye a un exceso de gasto, sino a un débil crecimiento del PIB, tanto real como nominal. Los ingresos fiscales también subieron respecto al PIB, aunque en menor medida, debido a un comportamiento rezagado en 2023 y 2024.
Arbeleche niega que el gobierno anterior postergara pagos del Ferrocarril Central deliberadamente. A este respecto, indica que “los pagos por disponibilidad (PPD) no se iniciaron por falta de informes técnicos que los justificaran, aunque sí se ejecutaron pagos por adendas al contrato para resolver problemas derivados de decisiones tomadas entre 2015 y 2020, como expropiaciones”. Además, acotó que los compromisos pendientes en obras de Participación Público-Privada (PPP) “son habituales”.
La carta aclara que el criterio fiscal utilizado es el de caja, no el devengado, por lo que no corresponde incluir como déficit pagos futuros. También menciona que, en 2019, el gobierno anterior postergó pagos como el subsidio al peaje de la Corporación Vial del Uruguay por US$ 34 millones, asumidos durante la emergencia sanitaria por el COVID-19. Sobre el Ferrocarril Central y el caso Pluna, Arbeleche señala que los problemas financieros provienen de decisiones del Frente Amplio entre 2005 y 2019.
Respecto a la Caja de Profesionales, Arbeleche recuerda que el Frente Amplio no impulsó reformas entre 2005 y 2020, y en 2023 rechazó un proyecto para asistir financieramente a la institución.
La exministra sostiene que los documentos oficiales del gobierno actual presentan una interpretación sesgada de las cuentas públicas al cierre de su administración. Defiende la transparencia y la institucionalidad fiscal construidas entre 2020 y 2024, y subraya la importancia de que los documentos reflejen la situación fiscal de 2024 con rigor, para garantizar un debate público informado y fortalecer el marco institucional.
El ministro de Economía, Gabriel Oddone, calificó la carta de Arbeleche como “desafortunada” y recordó que, “siendo una exministra, una opinión de ese calibre es muy fuerte y ella seguramente lo sabe bien, en relación con lo que le decimos a los ciudadanos y a los acreedores”.
“No lleva al mejor clima”
El diputado Pablo Abdala, quien fue el miembro informante de la oposición, dijo que el país tendría Rendición de Cuentas más allá de las diferencias entre la oposición y el gobierno. Recordó que en 1986 no hubo Rendición de Cuentas en un gobierno (el de Julio María Sanguinetti) que no tenía mayorías parlamentarias. A su vez, criticó la incorporación de algunos artículos. “Yo no digo que el Poder Ejecutivo nos acorraló” con los artículos que aumentaban el tope de deuda, “pero sin duda esto no lleva al mejor clima. Esto se da en el marco de un gobierno que no termina de arrancar”. El legislador dijo que existe un choque entre legisladores del Frente Amplio y el equipo económico, y que eso “se soluciona echándole la culpa al gobierno anterior”.
El diputado Gabriel Gurméndez dijo que no le convencían los argumentos del Ministerio de Economía sobre el aumento del tope de deuda, ya que, de esa manera, se reconocía que el déficit fiscal será igual que el del año pasado.
