Del 9 al 13 de junio se está desarrollando en la ciudad francesa de Niza la Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Océanos, organizada por Francia y Costa Rica. Se trata de una conferencia de alto nivel para apoyar la implementación del Objetivo de Desarrollo Sostenible 14 (ODS): “Conservar y utilizar sosteniblemente los océanos, los mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible”. La Conferencia tiene como antecedentes las organizadas por Suecia y Fiji de 2017 en Nueva York y por Portugal y Kenia de 2022 en Lisboa.
Esta Tercera Conferencia tiene entre otros propósitos promover la pesca sostenible, descarbonizar el transporte marítimo y desbloquear nuevas vías de “financiación azul”, incluidos los bonos oceánicos y los canjes de deuda por naturaleza para apoyar a los Estados costeros vulnerables.
Pero lo más importante es que uno de los principales objetivos de la cumbre es contribuir a la entrada en vigor del Tratado de Alta Mar, también conocido como el “Acuerdo en el marco de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar relativo a la Conservación y el Uso Sostenible de la Diversidad Biológica Marina de las Zonas Situadas Fuera de la Jurisdicción Nacional”.
El Acuerdo abarca cuatro cuestiones principales: Los recursos genéticos marinos, incluida la participación justa y equitativa en los beneficios; Las medidas como los mecanismos de gestión basados en áreas, incluidas las áreas marinas protegidas; Las evaluaciones de impacto ambiental; y la creación de capacidad y la transferencia de tecnología marina. También aborda varias cuestiones transversales, establece un mecanismo financiero y contiene arreglos institucionales, como la creación de una Conferencia de las Partes y de varios órganos subsidiarios, un Mecanismo de Intercambio de Información y una secretaría.
Según se informa en el portal de Naciones Unidas, el Acuerdo está abierto a la firma de todos los Estados y las organizaciones regionales de integración económica desde el 20 de septiembre de 2023 hasta el 20 de septiembre de 2025, y entrará en vigor 120 días después de la fecha en que se haya depositado el 60º instrumento de ratificación, aprobación, aceptación o adhesión.
Hay más de un centenar de países (o bloques regionales) que ya han firmado el Acuerdo, pero se precisan las 60 ratificaciones para que se convierta en derecho internacional vinculante. A esta hora exacta en la web oficial figuran 51 países entre los que ya ratificaron, aprobaron, aceptaron o adhirieron al acuerdo, entre ellos Chile, Costa Rica, Cuba, Jamaica y Panamá por América Latina. Según dijo esta semana el presidente de Francia Emmanuel Macron muchos países se comprometieron formalmente a sumarse a ellas, por lo que confía que el Tratado se aplicará más temprano que tarde.
La posición uruguaya
El gobierno uruguayo firmó el Acuerdo el 29 de enero de 2024 en Nueva York. A fines de abril del mismo año el Poder Ejecutivo remitió al Parlamento el proyecto de ley para lograr la ratificación, que solo logró la aprobación en la Cámara de Diputados en una sesión extraordinaria de setiembre. Nunca llegó a someterse a votación en el Senado y por lo tanto Uruguay no completó la ratificación legislativa. De este modo, iniciada una nueva legislatura, se deberá recomenzar el proceso de aprobación por ambas cámaras.
En las consideraciones del proyecto de ley se manifestaba que “en consonancia con nuestra línea de acción en materia de política exterior y habiendo ratificado entre otros instrumentos fundamentales (bilaterales y multilaterales), el Tratado del Río de la Plata y su Frente Marítimo, la Convención sobre Derecho del Mar (“proteger y preservar el medio marino”) y el Acuerdo de París” era recomendable proceder a ratificar este Acuerdo.
El pasado 7 de mayo se realizó en Montevideo la segunda edición del evento “Blue Talk” sobre la gobernanza respecto a los océanos en el que participó el Ministerio de Ambiente. En un video promocional el ministro Edgardo Ortuño dijo que asumía “el compromiso de designar por decreto ministerial áreas marinas protegidas”. Además, sostuvo que se está trabajando “en el mapeo de especies específicas de conservación marina, la mejora de la información georreferenciada” y que “avanzaremos en un plan nacional de gestión costera”.
Esta semana, durante la Tercera Conferencia en Niza, el ministro Ortuño en su discurso destacó que el país asumió el desafío de multiplicar por más de diez su superficie marina protegida avanzando en la creación del área marina protegida Talud Continental, donde se concentra una rica biodiversidad de fondos marinos, cañones submarinos y corales de aguas frías. “Esto mediante procesos participativos, con base científica, enfoque ecosistémico y basado en procesos de planificación espacial marina como herramienta clave para el abordaje de verdaderas economías oceánicas sostenibles”, añadió.
También subrayó la reciente aprobación de la iniciativa de conservación marina en el Atlántico Sur Occidental promovida conjuntamente con Brasil y Argentina, con apoyo del GEF (Fondo para el Medio Ambiente Mundial). “Desde hace décadas el país tiene el compromiso con la gestión de los recursos pesqueros, en base a evaluaciones enfocadas en los stocks pesqueros y mediante implementación de vedas estacionales que protejan las zonas de crisis de las especies de interés pesquero”, sostuvo Ortuño.
“En ese contexto entendemos el combate a la pesca ilegal y no reglamentada como una prioridad”, señaló el ministro. “Uruguay ha sido también un firme impulsor del acuerdo sobre subvenciones a la pesca en el marco de la OMC”, agregó. “En este marco más amplio de fortalecimiento de la gobernanza oceánica, celebramos la adopción del acuerdo sobre biodiversidad marina en zonas fuera de la jurisdicción nacional, instrumento que representa un avance significativo hacia la conservación y uso sostenible de la biodiversidad en alta mar”, dijo Ortuño.
Ver el panorama completo
Vale la pena recuperar una columna de opinión titulada “Protección de los océanos” firmada por el Almirante (R) Alberto Caramés y publicada en el semanario Voces en mayo de 2023. El autor reflexiona sobre los compromisos asumidos por Uruguay en el marco de las Conferencias sobre los Océanos de ONU, particularmente en relación con el aumento de las Áreas Marinas Protegidas (AMP). Si bien reconoce el valor histórico del acuerdo alcanzado, Caramés advierte que su implementación en países como Uruguay debe considerar cuidadosamente diversos factores antes de fijar porcentajes o restricciones.
Por un lado, señala que Uruguay, pese a haber asumido el compromiso de aumentar sus AMP del 0,7% al 10% en el marco de la hoja de ruta “Uruguay Azul 2030”, aún se mantenía menos del 1% efectivamente protegido. Sin embargo, plantea que no se puede avanzar únicamente en base a metas cuantitativas impulsadas por organismos internacionales, sin considerar las especificidades científicas, comerciales y logísticas del país. El autor cuestiona que el objetivo global del 30% de protección marina no se haya basado en suficientes resultados empíricos y que se haya fijado sin atender plenamente las particularidades de cada región marítima.
En este sentido, pone como ejemplo la Zona Común de Pesca argentino-uruguaya, establecida en el Tratado del Río de la Plata y su Frente Marítimo, como un modelo exitoso de gestión compartida que debería ser tenido en cuenta en cualquier redefinición de AMP. También advierte sobre la necesidad de que actividades humanas como la pesca, la navegación y la investigación no queden automáticamente excluidas, ya que podrían coexistir con mecanismos de conservación bien gestionados.
Además, expresa preocupación por la falta de capacidades científicas y técnicas en Uruguay, como la inexistencia de buques con laboratorios a bordo y la escasez de personal especializado, lo cual limitaría una gestión informada y eficaz de sus espacios marítimos. En este marco, insiste en que los apoyos financieros y tecnológicos prometidos por los países más desarrollados deben concretarse efectivamente, para evitar que el cumplimiento de los compromisos internacionales recaiga de forma desigual sobre los países con menos recursos.
Sobre el Tratado de Alta Mar advierte: “Fue negociado con el telón de fondo de diversos actores con intereses contrapuestos, como ONGs ambientalistas con sus respectivos lobbies, multinacionales con miles de patentes registradas relacionadas con los recursos genéticos de plantas, moluscos o peces, que se emplean para industria farmacéutica y que en el futuro serán considerados “Patrimonio de la Humanidad”.
Finalmente, se propone que Uruguay debería crear un órgano nacional especializado que asesore y coordine las múltiples actividades marítimas actualmente dispersas entre diferentes instituciones estatales. A su juicio, esto es indispensable para asumir con seriedad política y técnica el desafío de planificar, conservar y aprovechar de forma sostenible su extensa plataforma marítima, especialmente desde que en 2016 la ONU reconoció la ampliación de su Plataforma Continental.
En conclusión, es importante que el gobierno asuma una visión integral de esta cuestión, sin perseguir a ciegas los ODS de la Agenda 2030 y que el Parlamento llegado el caso tenga elementos para poder dar una discusión seria para la ratificación del Tratado de Alta Mar, sin votar a tapa cerrada, como sucede con muchos de estos acuerdos.
