La demanda civil presentada por el Sindicato Único de Policías del Uruguay (SUPU) en contra del Ministerio del Interior pone en discusión las condiciones de trabajo dentro de las cárceles. De acuerdo con lo expresado por el abogado del sindicato, Dr. Joaquín Aboal, la demanda está en instancia de “conciliación”. Para conocer más detalles al respecto, La Mañana entrevistó al Sr. Ricardo González, vocero del SUPU.
¿Cuáles son los motivos del reclamo por el cual presentaron demanda contra el Ministerio del Interior?
En realidad, nosotros consideramos que el trabajo que hacen nuestros compañeros en lo que es el Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), al igual que Bomberos, que también es otra área que entraría, entendemos que mucha de la labor que realizan es trabajo insalubre. A raíz de esto, nosotros desde hace un tiempo venimos realizando no solamente intensas recorridas por todas las cárceles del país, como en el área metropolitana, Comcar, Penal de Libertad y Canelones, que son tal vez, donde se ve más esto. Entendemos que pelear por catalogar como insalubre este tipo de trabajo es algo importante. Y hemos estado desde este último año en la etapa de recabar información, de forma de poder elaborar carpetas de todos los funcionarios. En esa carpeta que se realiza individualmente, se solicita la historia clínica de cada funcionario para saber si a raíz de haber trabajado en dicho lugar tuvo algún tipo de patología o si se desarrollaron enfermedades a raíz de eso. El planteo que venimos haciendo es esto, una demanda por la tarea insalubre que hacen estos funcionarios.
¿Cómo corregimos esto? ¿Una demanda salarial o de repente hay una cuestión de protección también para la salud o la integridad del funcionario?
Yo creo que hay varias aristas. Primero, reconocer la insalubridad en cárceles y Bomberos, digo cárceles primero porque es con lo que estamos, pero después va a llegar el turno a Bomberos. Reconocer esto es fundamental por parte de la institución, del Ministerio Interior, y eso va por varias aristas. Primero que nada, el reconocimiento implica que se tenga que hacer una rebaja en el horario que realizan los funcionarios o un pago de partida extra, independientemente de la demanda salarial que nosotros tenemos, que puede llegar a corresponder por la tarea que realizan. Pero va de las dos manos. Hay que ver de parte del Ministerio cómo lo toman, pero al reconocer la tarea insalubre nosotros no hemos jugado por ahí. Primero que se reconozca que, si se va a pagar con una partida, que se pague; y también puede ser que se haga una reducción de la carga horaria”
Se está hablando de 450 demandas ya presentadas, ¿es el número final o hay más?
Nosotros estamos en la etapa de recolección de información. Tenemos más de 450 carpetas, calculo que en los próximos días vamos a estar pasando las 500 porque en realidad las carpetas llegan todos los días y estamos en esta etapa en que se está recaudando toda esa información. Ya en nuestro poder tenemos un poquito más de 450, pero esperamos en los próximos días seguir recaudando más.
Se habla de que cada carpeta contiene la historia clínica de los funcionarios demandantes. ¿Cuáles son los diagnósticos médicos que hay en esas historias? ¿Qué es lo que los empuja a hacer este tipo de presentación?
El detalle técnico yo no te lo puedo dar porque en realidad lo manejan los abogados del sindicato, que son los que están haciendo el análisis carpeta por carpeta. Y no es una información que yo tenga ahora ya como para decirte que tenemos esto y esto. Sí sabemos que tenemos compañeros que han tenido diferentes tipos de patologías, algo común en la cárcel, contagiarse de tuberculosis, por ejemplo. Común y no común, pero bueno, ha pasado que los funcionarios se han contagiado de esto, como para decirte una de las tantas enfermedades que pueden darse.
¿Por qué se esperó tanto tiempo? La gente se pregunta por qué ahora la presentación.
Nosotros venimos hace un año y medio más o menos con todo esto. Nos reunimos con la parte del Ministerio de Salud Pública de Insalubridad, nos hemos reunido con diferentes actores que manejan esta área y ahora nos encontramos en esta etapa. Desde hace casi un año, ocho meses que se venía recabando la información. A medida que se ha podido ir avanzando, ahora estamos en la etapa de que ya tenemos un número suficiente, un volumen suficiente de casos como para poder ser presentados.
¿Hubo diálogo con el Ministerio del Interior?
En realidad, tuvimos una reunión con el ministro y director de su secretaría hace dos o tres días, la semana pasada, el jueves en concreto, donde se le transmitió al Ministerio en qué estábamos en esto. Todavía no ha habido ningún tipo de audiencias, está en una etapa de esto, de que va a llegar la conciliación. Y seguramente en los próximos días, o yo calculo que, en un tiempo medio cercano, vamos a tener otra instancia de diálogo con el Ministerio sobre este tema, porque ya nos transmitieron que querían sentarse a conversar sobre esto.
Para el caso de que no haya una solución a corto plazo, ¿cuáles son las medidas que pretenden tomar?
Primero que nada, el tema de la demanda es una demanda civil, por la vía judicial. Independientemente de que tenemos fe de que, en esta instancia, ahora que se ha agotado un Presupuesto quinquenal, se pueda generar algún tipo de partida para que se reconozca esta labor, que de hecho nos han transmitido que es algo que tienen presente.
Las condiciones habitacionales dentro de los institutos de rehabilitación, ¿son las adecuadas para el cumplimiento de la tarea?
No, de hecho, no, hoy tenemos diferentes unidades con complejas situaciones para querer brindar alojamiento a los funcionarios, propiamente dicho. De hecho, ahora Comcar, que aparte tiene una escuela, si estuviéramos ingresando alumnos a esa escuela, no tendríamos dónde alojar compañeros, porque está faltando y bastante. Muchas veces hay algunos de esos alojamientos que también no son los más adecuados para los funcionarios.
La seguridad de tus compañeros y de los penitenciarios, ¿es preocupación también? ¿Está incluida dentro de la inquietud? ¿No sigue ahí la demanda?
El tema de los funcionarios en la cárcel nosotros lo venimos diciendo no de ahora, si no desde hace un tiempo muy largo, pues son los olvidados muchas veces de este sistema. Obviamente que está la preocupación, y entendemos que deben tener un trato especial, incluso en esta próxima ley que se va a votar con el Presupuesto quinquenal. Son compañeros que muchas veces vienen del interior del país, que hacen regímenes especiales. Muchas veces ese régimen es una semana por una semana, o sea que están una semana prestando servicio acá para después volver al domicilio, que generalmente está al norte del país, Rivera, Artigas, Salto. Entonces son compañeros que tienen características diferentes al resto del personal. Entendemos que se debe a un trato especial.