Gabriela Fossati, integrante de Alianza 2004 del Partido Nacional, señaló que tras enterarse de los chats entre el expresidente del partido nacional Pablo Iturralde y Gustavo Penadés, sintió “un dolor muy grande”, a la vez que considera que no existe ninguna crisis institucional.
¿Qué reflexión le merece lo acontecido con el expresidente del directorio del Partido Nacional Pablo Iturralde?
El día que me enteré, sentí un dolor muy grande todo el día. La realidad es que hay dos opciones. Una es que efectivamente hubiera conversado con la fiscal Alicia Ghione, lo cual ella desmiente. Por lo tanto, si fuera como manifiesta la fiscal, no hubo ninguna presión real, o sea, la crisis institucional que se alega no existió. La otra opción es que estamos frente a una situación de alguien que se adjudica una intervención para beneficiar a otro integrante del Partido Nacional. Creo que el mensaje final es que los sectores políticos tienen claro que el ámbito de la Fiscalía funciona mal.
Por un lado, me reconforta, porque soy una de las personas que se ha ocupado, que se ha expuesto a esta situación y se ha sacrificado renunciando a un sueldo de 320 mil pesos por mes, para que estas cosas se sepan, porque el conocerlas es el primer paso para resolverlas. Ninguna clase de presión a la institución Fiscalía debería ser admisible. Escuché al presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, hablando de crisis institucional y es la misma persona que el año pasado presionaba el fiscal de Corte de entonces, Juan Gómez, para que me retirara de un caso, cuando quise investigar las administraciones anteriores por tema de los pasaportes a ciudadanos rusos, y lo logró.
Aprovechaba toda una estructura de poder del Frente Amplio para insultar a través de los medios de comunicación a una pobre funcionaria sola como era yo. Creo que hay que trabajar mucho con la Fiscalía porque el doctor Jorge Díaz ha dejado una estructura muy infectada y que en definitiva parecería que nadie se ha salvado. Como que todos normalizaron algo que no debió ser. Dentro de Fiscalía hay una estructura de autoprotección que tiene que ser desarmada. Yo creo que estamos en un buen comienzo porque hoy está al frente la fiscal Mónica Ferrero, que es muy sólida, muy solvente, muy honesta y despojada de cualquier afinidad ideológica. Me consta que es absolutamente diferente al exfiscal Jorge Díaz y a quien él dejó como su sucesor, Juan Gómez. Lo que me da tristeza es que si ella hubiera estado el año pasado yo podría seguir ejerciendo mi profesión, que la tuve que abandonar porque no podía participar en una institución cuyo titular se manejaba de manera ilegal.
¿Cuál es su opinión sobre las filtraciones que se siguen dando de los diferentes casos que lleva adelante la Fiscalía?
Es preocupante que se siga filtrando información solo de un lado. Claramente, hay una estrategia política en las filtraciones. Lo dije en su momento y lo siguió insistiendo ahora.
La fiscal Guione señaló que los chats entre Iturralde y Penadés no estaban en la carpeta investigativa. Por su experiencia, ¿cómo interpreta este hecho?
No me llama la atención. Las filtraciones a mi trabajo provenían de varios lugares. De lo único que tengo certeza es de que no provenían de mi equipo porque no tenían el equipamiento para poder filtrarlo. Puede ser que fueran desde dependencias del Ministerio del Interior y desde los ámbitos de Informática de la Fiscalía General de la Nación. En algunos casos tenía mis dudas de que fueran del Ministerio del Interior y en otros tenía la certeza de que habían sido desde Fiscalía. Por lo tanto, no creo que sea una sola fuente de filtración. Lo que está claro es que un único grupo sale beneficiado con las filtraciones, es el Frente Amplio. El periodista Eduardo Preve, que ha publicado varias filtraciones, parece que nunca tiene información que vaya contra el Frente Amplio. No hay duda de que todas las filtraciones están dirigidas a perjudicar a la Coalición y a beneficiar al Frente Amplio. Eso es una realidad que se debe tener en cuenta.
Usted fue fiscal durante muchos años, ¿cómo observa la evolución el delito en Uruguay?
A nivel mundial se ha instalado una generación más violenta, tenemos un ámbito social más violento que el existente hace 23 años, eso es seguro. Ubico ese incremento de la violencia a partir del ingreso de la pasta base. Pero esto que pasa acá con la violencia, pasa en todo el mundo y no creo que exista ningún espacio territorial que se venga salvando. Estuve el año pasado en Nueva York y no es el que era antes, está mucho más violento. Tenemos entonces que probar nuevas estrategias. Considero que el camino va por trabajar mucho en la rehabilitación de las personas que ingresan a la cárcel. Por eso estamos promoviendo desde Alianza 2004, que es el sector al cual pertenezco, propuestas esenciales. Una es el allanamiento nocturno para poder trabajar mejor contra la delincuencia y otra la querella privada para que todos los asuntos puedan llegar antes a los tribunales. También concentrarnos mucho a nivel de rehabilitación en las cárceles, con un Ministerio de Justicia para trabajar mejor. Si no se rehabilita a los presos, estamos destinados a que la sociedad sea cada vez más violenta.
¿Qué significa la querella privada?
Es una vía establecida en la Constitución, en el artículo 22. Establece que la persecución penal se podrá iniciar a instancia de parte o por acusador público. Hoy está claro que los fiscales están desbordados y hay muchos delitos que no llegan a la Justicia. Eso está generando una sensación de descrédito en la sociedad. Hay gente que no se siente amparada. El camino a seguir es el del artículo 22 de la Constitución. Habilitarlo en principio para algunos delitos, permitiendo que las personas puedan concurrir directamente a la Fiscalía, con abogado particular o abogado de oficio, y para eso quizás haya que reforzar un poco la defensa de oficio que integra el Poder Judicial. En principio lo estamos pensando para cuatro delitos. Planteamos la querella privada para delitos vinculados contra el honor, que los fiscales no los están llevando porque no están dentro de las prioridades de las Instrucciones Generales. El honor es un valor muy importante para nosotros de Alianza 2004, Sumar y en todos los blancos.
También la querella privada la planteamos para delitos vinculados con la actividad comercial, por los problemas vinculados con la ley de cheques. Asimismo, lo estamos pensando para aquellos casos de las personas que son víctimas de falsas denuncias, ya que cuando se prueba que hay una falsa denuncia deben tener la posibilidad de reivindicar su nombre. Y finalmente para las pequeñas estafas que se realizan por vía informática, que no se llevan en la Justicia con la frecuencia que debería. Eso es un primer paso. Después se pueden agregar otros delitos, pero lo cierto es que se va a descongestionar a los fiscales y van a poder trabajar mejor. En este tema es importante saber que las Instrucciones Generales son el mandato de un fiscal general que prioriza los delitos a atender, pero por encima de eso está la Constitución y las convenciones internacionales.
¿Cuál es su opinión sobre los cambios propuestos por el Poder Ejecutivo para la Ley de Género?
Me parecen muy bien. Creo que estaría faltando corregir otro punto, ya que en la ley hay una incoherencia. En el artículo 5 literal G y en el artículo 95, tenemos que se refiere a niñas y adolescentes mujeres. O sea, a los niños y adolescentes hombres se los trata por una ley diferente. Para niños y adolescentes hombres se resuelve sus casos por la Ley 17.514 de 2002 de violencia doméstica y las mujeres y las niñas por la Ley de Género. No tiene sentido, ya que tanto hombres como mujeres tienen que ser priorizados por las convenciones internacionales. Creo además que la Ley de Género no superó en algunas cosas a la ley de violencia doméstica. Esta última preveía que las fiscalías especializadas en familia trabajaran con los juzgados especializados de familia. Pero fue un error gravísimo del exfiscal de Corte Jorge Díaz el suprimir esas fiscalías. El ámbito de la fiscalía de familia es algo mucho más amigable para tratar este tipo de problemas que el ámbito penal. Creo que en ese sentido la Ley 17.514 (de violencia doméstica) aplicada con fiscales que trabajen en el tema, no es mala. Pero lo que hay que elegir es una u otra vía. Lo que no podemos es tener un grupo humano etario (los menores), donde para los casos de hombres exista una ley y para las mujeres otra.
No estamos en 1830
Por su experiencia como fiscal, ¿piensa que ayudarían los allanamientos nocturnos en la labor de combatir el crimen?
Por supuesto que sí. Hoy en día el margen horario para realizar algunas actividades relacionadas con la Justicia en su tarea de combatir el crimen es muy corto. Prácticamente, a las 5 de la tarde ya no se puede pedir allanamientos, porque no da el tiempo. No puede haber un margen de tiempo en el cual las ciudades sean a tierra de nadie. De hecho, el mundo ya superó este tema de los allanamientos nocturnos. Quedan cuatro países, incluido Uruguay, que mantienen esta prohibición. Tenía sentido en 1830, en la primera Constitución, cuando se puso, pero estamos hablando de épocas donde en la noche la oscuridad era absoluta, ya que no había luz artificial como existe hoy. Nosotros seguimos discutiendo esto y países como España, por ejemplo, no solamente desde hace tiempo que tienen el allanamiento nocturno, sino que existió un caso donde fue un jurado popular quien decidió, por un error legal. En la época de la pandemia, cuando estaban prohibidas las aglomeraciones, un vecino denunció que en la noche había una fiesta en el apartamento de al lado. Fue la Policía, escuchó los ruidos, pateó la puerta e ingresó sin orden judicial. Se hizo por parte de los propietarios de esa finca una denuncia a los funcionarios policiales y en un juicio, con un jurado popular, la gente entendió que esa irrupción policial era legítima. Nosotros estamos discutiendo si el allanamiento nocturno es válido, cuando hay un responsable fiscal y un juez que lo controla. En el mundo eso ya es indiscutible y en España un jurado popular, que es la gente expresándose, lo dio por válido en un caso donde no había autorización judicial. Debo aclarar que en Uruguay jamás daríamos por válido un allanamiento sin orden de juez competente. Pero prohibir los allanamientos nocturnos no tiene sentido. Es abrazar algo que no da ningún beneficio, ninguna ventaja y no protege a nadie si se desprotege a todos los vecinos en situaciones que ocurren durante las noches. Con el allanamiento nocturno las operaciones se van a hacer organizadas y la Policía va a preparar las intervenciones. Hoy día, como se sabe que no pueden existir allanamientos nocturnos, la Policía no está preparada para efectuarlos.
Desde el Frente Amplio se cuestiona que, justamente, la Policía no está preparada para los allanamientos nocturnos y que entre las bandas de narcotraficantes se pueden dar falsos allanamientos. ¿Qué responde usted ante esta crítica?
Con respecto a las bandas, los enfrentamientos se pueden dar durante el día o la noche. Podría tomarse algún plan de previsión, en el sentido que ante una llamada a la puerta diciendo que se trata de un allanamiento, siendo de noche, la persona pueda llamar a un número de teléfono para verificar que eso es así. No obstante, no me parece que se trate de un argumento, ya que con ese criterio habría que eliminar los allanamientos también diurnos y de esa manera dejar que los delincuentes trabajen cómodamente durante las 24 horas del día. En 32 años dentro del Poder Judicial, en solo tres allanamientos me dieron mal la dirección. En dos, se dio cuenta la Policía cuando llegaron y en el otro golpearon la puerta y la persona justificó que no era la buscada. Lo que sí está pasando es que miles de vecinos tienen que soportar que haya por las noches en funcionamiento bocas de pasta base en su cuadra, tráfico de personas y prostitución de menores. Y por más que denuncien, la Policía no puede ir de noche a esas casas donde están los delincuentes y estos aprovechan ese horario. Esperan la puesta del sol y empiezan a trabajar intensamente. Vaya a esos barrios de mañana y va a ver qué tranquilidad hay, porque los delincuentes duermen durante el día.
¿Y qué responde frente a las críticas de que la Policía no tiene el equipamiento para este tipo de procedimiento?
No lo tiene porque no está previsto por la ley que se puedan realizar este tipo de allanamientos. Además, es el fiscal quien determina cuál va a ser el equipo y con qué unidad de la Policía se va a realizar el allanamiento. Se va a ir con la gente adecuada, para que tampoco exista riesgo para los policías, ya que tenemos que cuidar a los que nos cuidan. Si ellos van desprotegidos y desorganizados, estamos descuidando a un grupo humano que en definitiva es el que permite que en la sociedad podamos dormir todos.
El futuro político
Sobre su futuro político, ¿se ve más en un cargo legislativo o ejecutivo?
Por ahora estoy en un cargo técnico, como asesora. No me interesa mucho el tema de las listas. Pienso que podría estar cómoda en cualquiera de los dos ámbitos. Obviamente en el ámbito legislativo me sentiría muy cómoda. Soy abogada, exjuez, exfiscal y tengo cursos de técnica legislativa. En un cargo ejecutivo, que de alguna manera estuviera vinculado con la seguridad o con el sistema de justicia, también. Pero no es algo que he pensado. Me encuentro en plan de trabajar para que el Partido Nacional vote muy bien y que la coalición sea gobierno nuevamente. También para que en el Partido Nacional exista un equilibrio entre las fuerzas dominantes, que son las de Álvaro Delgado y la segunda fuerza que es la nuestra, Sumar con Laura Raffo. Estoy trabajando intensamente dentro de Sumar con la 2004-Alianza Nacional para que la lista del desaparecido Guapo Larrañaga vote lo mejor posible.
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