La comisión de salud de Diputados aprobó el proyecto de ley unificado del Frente Amplio y el Partido Colorado sobre la eutanasia. Lo hizo sumando los votos de la diputada colorada Nibia Reisch y las frenteamplistas Lucía Etcheverry y Cristina Lustemberg. Se opusieron, en minoría, el diputado blanco Alfredo de Mattos y la diputada cabildante Silvana Pérez Bonavita. El proyecto pasa al plenario de la Cámara donde se abrirá el debate y se someterá nuevamente a votación.
La vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón, adelantó que la bancada de legisladores del Partido Nacional está en libertad de acción al momento de votar. Vale decir que la eutanasia no está prevista en el programa de gobierno del Partido Nacional ni en el Compromiso por el País de la coalición. Tampoco en el programa del Partido Colorado, donde la única cita al término ‘eutanasia’ refiere a la necesidad de reducirla para los animales en las políticas de control poblacional.
La Mesa Política de Cabildo Abierto, integrada por el ministro de Salud Pública Daniel Salinas, resolvió por unanimidad solicitarle al presidente Luis Lacalle Pou que considere la interposición del veto en caso de que la ley sea aprobada porque “atenta contra las garantías necesarias para la defensa de la vida” y “no está centrada en las personas”.
Sabido es que el actual presidente es filosófica y políticamente partidario del veto como instrumento constitucional. Lo utilizó en 2021 para observar el proyecto de ley de sus socios cabildantes sobre suelos de prioridad forestal atendiendo a “razones de juridicidad, así como por razones de oportunidad, mérito y conveniencia”. En esa oportunidad, el alegato se basó en la defensa del artículo 7 de la Constitución sobre la defensa de derechos fundamentales de las personas que no pueden ser privados sino por razones de interés general. Razones que a su modo de ver no surgían del proyecto observado.
En el libro “Libertad Responsable” de D. Supervielle, Lacalle Pou se define como “jusnaturalista” y distingue entre la “libertad individual” y el “individualismo”. Fue además en ocasión del debate por la ley del aborto vetada por el expresidente Tabaré Vázquez en 2008, que el entonces diputado Lacalle Pou dijo “aquí no se pueden dejar los valores colgados en un perchero”. “Aquí entra un todo, un ciudadano con un Partido, con una representatividad, con una responsabilidad, y en este caso, con una fe”, afirmó y votó en contra de la ley.
Respecto a la eutanasia, el Instituto de Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho de la Udelar está dividido y hay dos artículos de la Constitución que impedirían habilitarlo. Uno es el artículo 7 ya mencionado en cuanto a la defensa de la vida y el otro es el artículo 44 respecto a que “el Estado legislará en todas las cuestiones relacionadas con la salud en higiene públicas, procurando el perfeccionamiento físico, moral y social de todos los habitantes del país”, y que “todos los habitantes tienen el deber de cuidar su salud, así como el de asistirse en caso de enfermedad”. También existe un obstáculo jurídico considerable respecto a la derogación del artículo 46 del Código de Ética Médica.
Es muy difícil sostener que la eutanasia defiende el interés general, sobre todo en un país que enfrenta una lucha para prevenir el suicidio, que es un verdadero drama nacional, y aparecen así estos mensajes contradictorios. También analizando la experiencia internacional donde en países como Bélgica y Holanda ha aumentado el número de muertes por eutanasia en forma alarmante, con muchos casos de utilización sin consentimiento y con tendencia a correrse el límite a todo tipo de edades y con criterios cada vez más amplios sobre lo que es el “dolor insoportable”.
Con argumentos similares sostuvo Vázquez el veto contra el aborto, que amparó en razones de constitucionalidad y conveniencia, contradiciendo a toda la bancada de su partido. Decía el doctor Vázquez que había “consenso en que el aborto es un mal social que hay que evitar” y “sin embargo, en los países en que se ha liberalizado el aborto, éstos han aumentado”. También que se desconocían declaraciones internacionales “como las de Helsinki y Tokio, que han sido asumidas en el ámbito del MERCOSUR, que vienen siendo objeto de internalización expresa en nuestro país desde 1996, y que son reflejo de los principios de la medicina hipocrática que caracterizan al médico por actuar a favor de la vida y de la integridad física”.
Esgrimió finalmente que “el verdadero grado de civilización de una nación se mide en cómo se protege a los más necesitados”. Hay que reconocer que, a pesar de las enormes diferencias políticas que nos pueden separar de Vázquez, es innegable que en esa ocasión antepuso sus convicciones al costo político. Costo totalmente relativo, puesto que fue reelecto apenas seis años después.
No es una decisión fácil. El presidente seguramente tendrá que meditar mucho interiormente. Pero razones, no le faltan.
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