“Un componente esencial de la seguridad humana es la seguridad ambiental. En Uruguay, la protección del medio ambiente constituye un componente fundamental de los derechos humanos, siendo el ordenamiento territorial y el desarrollo sostenible herramientas esenciales de su planificación y de su gestión. Esto nos posiciona a nivel internacional como un país de referencia e innovador en cuanto a la protección del ambiente y del agua. Sin embargo, y más allá de lo que dicen las normas, este es un terreno en el que, durante los últimos años, hemos retrocedido”.
Así comienza la sección de Seguridad Ambiental del programa de gobierno del Partido Nacional (PN) de agosto de 2019, en el que se expresan las ideas para el posible período de gobierno 2020-2025. Hoy, algunos meses después de su creación, sabemos que Luis Lacalle Pou será el presidente de la República en los próximos cinco años, y que parte de su programa, posiblemente, se lleve a cabo tal cual.
Actualmente está en revisión una ley de urgente consideración que se espera sea aprobada en el primer semestre de 2020. Su contenido se terminará de pulir en conjunto con la coalición, y se ha dicho que el mismo incluye –igual que en el programa del PN- la separación del Ministerio de Vivienda del sector de Medio Ambiente.
En su momento, Lacalle Pou definió esta separación como la potenciación de la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama) y no como la creación de un nuevo ministerio desde cero para generar mayor cantidad de funcionarios públicos. “Es generarle importancia a la Dinama, al medioambiente. Es un tema que atraviesa todas las actividades del país”, explicó.
Una de las mayores críticas del presidente de la República electo es que el lema “Uruguay Natural” pasó de ser una idea con la que “todos nos identificábamos a funcionar como un simple recurso de marketing. Detrás de esa frase no hay políticas eficaces, ni normas adecuadas, ni coordinación entre diferentes reparticiones del Estado, ni autonomía técnica, ni asignación de recursos suficientes, ni educación ambiental, ni una verdadera jerarquización del tema en la agenda gubernamental”.
El programa señala que en el Uruguay de hoy, el Estado no fue capaz de coordinar sus propias políticas de protección del ambiente, como la de recolección y de tratamiento de residuos urbanos. Dice que existe un “sistemático incumplimiento” de la normativa ambiental y territorial, haciendo que la ausencia de reglas claras “genere enfrentamientos innecesarios entre instituciones y personas, inseguridad personal y empresarial, y un acelerado deterioro del ambiente con pérdida de recursos naturales valiosos”.
Otro aspecto que se remarca es que si bien la preocupación ambiental está presente en el sistema educativo, no existe una estrategia educativa global.
Como consecuencia, parte de la población sigue teniendo un grado relativamente bajo de conciencia ambiental y no ha incorporado mínimas prácticas de responsabilidad.
Frente a esta realidad, desde el partido afirman la necesidad de desarrollar una política ambiental integral y de alcance nacional, consolidando el proceso de construcción del Estado ambiental de derecho iniciado en los años 90 con la creación del Mvotma, con reglas claras y válidas para todos.
“Esa política debe ser realista para ser eficaz: tiene que proteger el medioambiente y al mismo tiempo ser compatible con un desarrollo social y económico sustentable. No nos oponemos en principio a ningún tipo de actividad productiva, pero queremos reglas ambientales claras y de aplicación general”, predica el programa.
Es en esa búsqueda de un mejor sistema de protección ambiental que se plantea la creación del Ministerio de Medio Ambiente, el que se estima también contendrá bajo sus implicancias temas vinculados al ordenamiento territorial, que entienden debe ser visto como una herramienta fundamental en la aplicación de políticas de protección ambiental y desarrollo sostenible.
La responsabilidad del Mvotma
Uno de los puntapiés que llevó a que se insista en la separación del ministerio es que la actual institucionalidad encargada de la protección ambiental está colmada de superposiciones y conflictos de competencias.
Existen vacíos y problemas de coordinación entre reparticiones: las direcciones del Mvotma (Dinama, Dinot, Dinagua), Dinara y otras oficinas del MGAP, el Gabinete Nacional Ambiental, la Secretaría Nacional de Ambiente, Agua y Cambio Climático que funciona en la órbita de Presidencia de la República, los gobiernos departamentales, entre otras.
Como manera de superar estos problemas de diseño, y de jerarquizar el tema ambiental en la agenda pública, se propone crear un Ministerio de Medio Ambiente, por la vía de una reubicación de funcionarios y de recursos presupuestales hoy radicados básicamente en el Mvotma. “Esta reorganización no solo asegurará un funcionamiento más ordenado y profesional, sino que fortalecerá las tareas de rectoría, regulación y habilitación, que pasarán a ser ejercidas con independencia funcional y autonomía técnica”.
Las condiciones parecen estar dadas
Para que la separación y creación del nuevo ministerio se concrete, es necesario tomar algunas acciones previas. Según explicó a La Mañana, Ruben Correa Freitas -doctor en Derecho y Ciencias Sociales, Magister en Educación y profesor grado 5 de Derecho Constitucional- tiene que existir una ley por iniciativa del Poder Ejecutivo y que sea sancionada por mayoría absoluta en el total de componentes de cada Cámara.
“Luego de la creación del ministerio y del cargo del ministro y subsecretario o directores, vendrá la ley de presupuesto. Se darán los recursos necesarios para desarrollar las actividades pero antes de eso habrá que dictar un decreto reglamentario estableciendo claramente cuáles son las competencias y haciendo una redistribución entre los distintos ministerios con la finalidad de que estén definidos en base a sus competencias”, explicó el especialista.
Es decir que se necesitan 16 votos en la Cámara de Senadores y 50 en la de Representantes. Por cómo estarán conformadas ambas cámaras en el próximo período de gobierno, Correa Freitas no prevé problemas para la creación del nuevo ministerio. “Desde el punto de vista constitucional las condiciones están dadas. No habría mayores dificultades en la creación”.
Luego de esa etapa, se llegará a la instancia de poner en funcionamiento el nuevo ente y se requerirá de normas de carácter fundamentalmente presupuestal. “Seguro se hará un traspaso de fondos por ser una división, se preverá el tema de los funcionarios que posiblemente sean los que ya están en las áreas especializadas del Mvotma. Se trata más bien de cuestiones prácticas para que se instale el Ministerio de Medio Ambiente. A esto se sumará el arrendamiento de alguna oficina para la instalación de la sede”.
