El Poder Ejecutivo ha presentado una propuesta para reformar la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios (Cjppu), que enfrenta una grave crisis financiera. Según el documento oficial, la institución podría “agotar sus reservas entre julio y agosto de 2025”, lo que le impediría cumplir con sus obligaciones en los próximos meses.
El documento remitido a los legisladores señala que la crisis se manifiesta en tres horizontes temporales. En el corto plazo, el agotamiento de las reservas es la principal amenaza. En el mediano plazo, se proyecta un “déficit de 51 millones de dólares en 2025, 120 millones en 2026 y 150 millones en 2027”. A largo plazo, el panorama es aún más preocupante, con un “déficit acumulado de más de 3000 millones de dólares en los próximos 20 años”.
El origen de este desequilibrio, explica el Poder Ejecutivo, reside en un “desbalance entre lo aportado durante la vida laboral y lo cobrado en la etapa pasiva”. Los jubilados de la Caja reciben “entre dos y tres veces lo que aportaron”, debido a “condiciones diferenciales en el cálculo jubilatorio”, una “mayor longevidad promedio” del colectivo y un déficit que persiste a pesar de una “relación activo/pasivo de 3 a 1”. En comparación, un trabajador no dependiente bajo el régimen del Banco de Previsión Social (BPS) tiene una relación entre aportes y prestaciones “63 por ciento superior” a la de la Cjppu, considerando solo el pilar de reparto.
El marco conceptual de la reforma propuesta se sustenta en cuatro principios fundamentales. En primer lugar, “todas las partes tienen que contribuir financieramente a la solución”, incluyendo afiliados activos, pasivos y la sociedad. En segundo lugar, se debe proteger a los activos que “no pueden hacer frente a mayores aportes”. En tercer lugar, “para que haya un nuevo aporte de la sociedad, mediante asistencia de Rentas Generales, deben converger las condiciones de los profesionales con las que aplican a un trabajador no dependiente en BPS”. Finalmente, se reconoce que la sociedad ya contribuye con “155 millones de dólares” a través de los recursos del artículo 71, conocidos como “timbres”, y “16,6 millones de dólares” por la eliminación del Impuesto a las Retribuciones Personales.
La solución financiera propuesta combina medidas que involucran a todos los sectores. Para los afiliados activos, se prevé un aumento en la “tasa de aporte” hasta el 22,5 por ciento, igualándola con la del BPS, aunque se ofrece la opción de mantener el monto actual mediante una “nueva escala de fictos”. Sobre las categorías, que son 10, la categoría 1, pasa de un sueldo ficto actual de $ 34.660 a $ 28.498, con un aporte de $ 6412. La 10 se ubica en un ficto actual de $ 182.018 con un aporte de $ 33.673 y ahora el ficto se lleva a $ 149.659 con el mismo aporte.
También se implementará una “convergencia paramétrica” para ajustar gradualmente el régimen de la CJPPU al del BPS. Sobre la edad de retiro se fija para los nacidos antes de 1967 en los 60 años, como sucede actualmente. Pero para los nacidos en 1967 se lleva a 61 años, en 1968 a 62 años, 1969 y 1970 a 63 años, 1971 y 1972 a 64 años y 1973 o después a 65 años.
El Sueldo Básico Jubilatorio (SBJ) convergería a la referencia de los mejores 20 años que actualmente aplica a BPS y para aquellos nacidos en 1967 o después se aplicará una tasa de reemplazo a prorrata entre el nuevo régimen y el antiguo, con un nivel mínimo de 45%.
Se propone a su vez un “aporte de Rentas Generales” de 110 millones de pesos por mes en 2025, a partir de la entrada en vigor de la reforma. A partir de 2026, se destinará “dos tercios de la recaudación de la contribución de los pasivos”, equivalente a aproximadamente 1250 millones de pesos anuales. Además, los recursos provenientes de los “timbres” se ajustarán según la “semisuma de la variación del IPC y del IMS”. En términos de gobernanza, la reforma introduce cambios significativos. El directorio de la Cjppu se reducirá de siete a cinco miembros, compuesto por “dos representantes de los activos, uno de los pasivos y dos del Poder Ejecutivo”. Asimismo, los “gastos administrativos” se limitarán al “3 por ciento de los ingresos del ejercicio anterior”, con el objetivo de optimizar los recursos.
“Una visión muy negativa”
Sergio Bedrossian, representante de la Asociación de Profesionales Independientes en Defensa de la Caja Profesional, expresó en una entrevista con La Mañana una visión crítica sobre el proyecto de ley, tanto por su contenido como por la forma en que se ha gestado.
“La lectura es una visión muy negativa con relación al contenido del proyecto y a la forma en que se instrumentó en este corto período”, afirmó. Según el representante de esta asociación, la propuesta no aborda de manera integral los problemas estructurales de la Caja, y su tramitación apresurada ha limitado el diálogo con los actores involucrados. Para los profesionales independientes, “esta falta de participación es un error grave que compromete la legitimidad de la reforma”.
Sobre cuestiones de fondo de la reforma, Bedrossian indicó que la propuesta de este colectivo pasa porque los aportes que los profesionales deben efectuar sean de manera opcional, entre dos posibilidades. O sea que el afiliado pueda hacer el aporte a través de las escalas o también por los ingresos reales, “lo cual sería muchísimo mejor, porque es mucho más justo”, sostiene. Esta medida, según él, beneficiaría a profesionales con ingresos irregulares, quienes enfrentan dificultades para cumplir con las escalas fictas actuales.
Otra de las principales propuestas de la asociación es ampliar la base de aportantes. Bedrossian señaló que más de la mitad de los profesionales registrados no aportan activamente. Los últimos datos muestras que existen unos 194 mil afiliados a la Caja de Profesionales, de los cuales 109 mil declaran el no ejercicio. Es por esto por lo que proponen que los profesionales en relación de dependencia, que actualmente aportan al BPS, contribuyan a la Caja, siguiendo el precedente de la Caja Bancaria. “El Estado permitió ese pasaje de aportantes del BPS a la Caja Bancaria. Sin embargo, hay una resistencia absolutamente radical a que lo mismo suceda con la Caja de Profesionales”, dijo nuestro entrevistado. La idea manejada por otros colectivos relacionados con la Caja es que todos los profesionales en relación de dependencia en vez de aportar al BPS lo hagan a la Caja de Profesionales.
Otra medida que consideran clave es la corrección del cálculo del valor de los timbres profesionales. Bedrossian explicó que un error técnico desde 2004 ha generado un desfasaje significativo. Esto es debido a que se ha hecho el cálculo del valor del timbre con base en el índice de precios al consumo y no basándose en el índice medio de salarios, como están regidas las jubilaciones”. Según sus estimaciones, corregir este error podría eliminar el déficit actual y generar un superávit, ya que “simplemente con la readecuación de ese valor, la Caja superaría totalmente el actual déficit y estaría con un superávit importante”.
Además, la asociación propone fiscalizar exoneraciones consideradas “escandalosas” a los timbres, universalizar su aplicación a todas las profesiones registradas y revisar la cartera de deudores. “La situación de la Caja no fue bien atendida, y la cantidad de deudores y el volumen de sus deudas han crecido”, denunció Bedrossian, criticando “la inacción de los directorios, incluidos los representantes del Poder Ejecutivo”.
Críticas al impacto en los jubilados
El proyecto también plantea ajustes en los montos jubilatorios, un punto que preocupa profundamente a estos profesionales. El representante de la Asociación de Profesionales fue contundente al respecto al indicar que “existe una cantidad de medidas aprobadas desde la reforma tributaria de 2007 que castigan a la clase media uruguaya, entre los cuales están los profesionales”. Según él, estas medidas, combinadas con la propuesta actual, representan un “castigo a la meritocracia” y una “afectación directa de los derechos” de quienes han aportado durante años. “En el país más caro de América Latina, aquellos uruguayos que hacen un esfuerzo importante por aumentar sus ingresos tienen un castigo importante”, afirmó.
A su vez alertó que los recortes afectarán a quienes dependen exclusivamente de su jubilación y desincentivarán a los profesionales en actividad, “aumentando la desconfianza en el sistema”.
Por otra parte, sostiene la existencia de falta de respuesta del sistema político a las propuestas de la Asociación de Profesionales Independiente, pese a tres años de reuniones y más de 110 encuentros con legisladores. “La operativa de los partidos políticos no asegura el tratamiento serio del tema, ni en su estudio, ni en la discusión, ni el debate”, afirmó. Según él, muchos legisladores reconocen la validez de sus planteos, pero a la hora de votar priman las dinámicas partidarias y “pareciera que los legisladores individualmente han perdido la libertad de plantear”.
Esta desconexión entre los legisladores y las cúpulas partidarias, según Bedrossian, refleja una crisis más profunda: “Es la falta de garantías que ofrece esa dinámica, esos mecanismos partidarios”.
Perspectiva sobre el desenlace
Consultado sobre el posible desenlace de la reforma, expresó preocupación por la aparente coincidencia entre los partidos en aprobar un proyecto similar al rechazado previamente por el Frente Amplio. “El Partido Colorado, el Partido Nacional y el Partido Independiente, que fueron promotores de la ley exprés de 2023, tienen la posibilidad de recuperar la aprobación por parte del colectivo de profesionales”, afirmó. Sin embargo, criticó la contradicción del Frente Amplio, que ahora impulsa medidas más severas que las que rechazó en el pasado “y en contradicción notoria con los argumentos expresados para rechazar la ley exprés, presentan hoy este nefasto anteproyecto”.
A su vez llamó a los partidos a honrar sus principios fundacionales y rechazar medidas que vulneren los derechos de los profesionales. “Apostamos a que existan voces en el interior del Frente Amplio que se puedan materializar con un rechazo a las medidas violatorias de derechos”, concluyó, manteniendo la esperanza en un diálogo “que priorice la sostenibilidad y la justicia”.
