Preocupado por la sostenibilidad del Fondo Nacional de Recursos (FNR), recientemente el presidente Tabaré Vázquez entregó a su sucesor, Luis Lacalle Pou, un proyecto de ley que establece que no serán contemplados por el FNR las solicitudes de medicación de alto precio y procedimientos no incluidos en los protocolos del Ministerio de Salud Pública (MSP). Para Vázquez, el Fondo “es una muy buena herramienta solidaria que muy pocos países en el mundo tienen”. En 2005, Rentas Generales le destinó US$ 300.000, pero este año el aporte llegará a US$ 3,5 millones al mes, sintetizó. “Si sigue creciendo el dinero que se destina, llegará un momento en que no podrá ser financiado y se perderá la herramienta”, subrayó.
Se estima que unas 30 mil personas debieron acceder a una prestación o medicamento cubierto por el FNR en 2018.
El proyecto establece, entre otras cosas, que los medicamentos o vacunas no incluidos en los programas integrales de salud, el Catálogo de Prestaciones, el Formulario Terapéutico de Medicamentos aprobados por el MSP o en los casos en que, aún definidos y aprobados, sean recetados para patologías ajenas a las previstas en los mencionados programas, no serán contemplados porque no se justifican desde el punto de vista médico. Lacalle Pou le contestó que cada tema será estudiado detenidamente.
El sistema de salud y la industria farmacéutica
El problema central proviene del hecho de que quienes le realizan juicios al Estado es porque desean acceder a ciertos tratamientos medicinales que exceden el presupuesto que ellos pueden pagar, pero ese precio no lo marca nuestro país, sino que viene establecido, en parte, desde las industrias farmacéuticas. Una de las funciones del FNR es cubrir las intervenciones o tratamientos que, debido al alto costo, no fueron incluidos en la canasta básica que los prestadores de salud deben ofrecer a los usuarios.
El dinero que administra el Fondo proviene del aporte que transfiere el Banco de Previsión Social (BPS) por quienes están adheridos al Fondo Nacional de Salud (Fonasa), unas 2,8 millones de personas. El Ministerio de Economía y Finanzas también sostiene al FNR en caso de que una persona necesite medicina costosa pero no esté integrada en el Fonasa. También aportan quienes están afiliados a mutualistas o seguros privados pagando una sobrecuota de $235 al mes.
A diciembre de 2018, el organismo disponía de US$ 250 millones al año, de los que el 80% está destinado a los actos médicos, 17% a los fármacos y 3% a los aspectos administrativos. Se estima que unas 30 mil personas debieron acceder a una prestación o medicamento cubierto por el FNR en 2018.
Una de las ideas para poder paliar esta situación en Latinoamérica fue que los gobiernos de la región se unieran para la negociación y la compra, logrando así un poder mucho mayor de negocio para reducir costos y exigir condiciones justas. Esto se llevó a cabo en setiembre del año 2015, cuando autoridades de salud de los países de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) acordaron comprar en bloque fármacos de alto costo para bajar los montos que fijan los laboratorios. Con el desmembramiento de Unasur esta coordinación quedó interrumpida.
Para acceder a medicamentos a precios más bajos Uruguay, junto a 31 países de la región integra el Fondo Estratégico de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y es allí donde cada país negocia con los laboratorios para buscar una compra conjunta. También poseen otros mecanismos de riesgo compartido con los laboratorios que consiste en el pago de una cuota mensual fija que permita acceder a la cantidad de fármacos que sean necesarios.
Aunque el mecanismo de compra más frecuente es en el que el FNR acuerda comprar un número mínimo de fármacos, en tanto el laboratorio se compromete a ofrecer una bonificación a medida que el organismo aumenta los pedidos. Sin embargo, uno de los grandes problemas se encuentra en el Sistema Nacional de Salud que tiene Uruguay desde 2008, ya que las farmacéuticas vieron cambiar sus canales de venta.
proyecto de ley que establece que no serán contemplados por el FNR las solicitudes de medicación de alto precio y procedimientos no incluidos en los protocolos del Ministerio de Salud Pública (MSP).
De acuerdo al informe “Industria Farmacéutica en el Uruguay” del SMU, hasta 2008 la farmacia era el principal canal de comercialización con un 45% del total. Hoy el acceso a medicamentos por parte del Estado y mutualistas representa el 23,8% y 36,9 respectivamente, dejando a las farmacias en un 39,3% de las ventas. Este hecho supone un problema para la industria farmacéutica debido a que el canal privado es más rentable que el institucional (donde se compra por cantidad), al tiempo que desde los hospitales se hace presión para bajar los precios.
Las posturas de los partidos en sus programas de gobierno
En la sección de salud del programa de gobierno del Frente Amplio no se remitía en ningún punto al asunto del FNR y los medicamentos de alto costo. El Partido Nacional, sin embargo, planteaba en su programa inicial reformular el FNR, haciendo hincapié en la movilidad y adaptabilidad de sus prestaciones, en su financiamiento, buscando apuntar a aumentar ingresos y sobre todo en auditar y gestionar egresos de manera eficiente y sustentable.
Al tiempo que, se indicaba en el mismo, la idea de promover una economía colaborativa regional (idealmente en el marco del Mercosur) para compra de medicamentos de alto precio y productos médicos, de manera de abaratar los mismos.
El Partido Colorado, por su parte, en su programa planteó la iniciativa de crear una agencia de evaluación independiente que realice los estudios técnicos para evaluar medicamentos y tecnologías que incluirá consideraciones de costo-efectividad.
En lo que refiere a Cabildo Abierto, la visión del partido en cuanto a asunto según su programa de gobierno, indicaba la necesidad de fijar por ley políticas claras con respecto al financiamiento de los tratamientos de alto costo, evitando a los usuarios la necesidad de recurrir a instancias judiciales imposibles de abordar por la población de menores recursos.
