Luego de varias instancias de discusión, los partidos llegaron a un acuerdo para redefinir el préstamo de US$ 70 millones del banco internacional. Pero una confusa (y trunca) donación de la intendencia desató un nuevo choque entre el oficialismo, que minimizó el hecho, y la oposición, que pide una investigación.
El martes 15 de febrero, la Junta Departamental de Montevideo (JDM) aprobó por unanimidad solicitar a la Intendencia de Montevideo (IM) que gestione ante el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) una prórroga de 70 días para la firma definitiva del contrato del préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Dicho préstamo es para financiar la sexta etapa del Programa de Saneamiento Urbano de Montevideo.
Se llegó a este acuerdo (que requería de mayorías especiales) luego de varias semanas de debate entre los ediles de todos los partidos políticos que forman parte del Parlamento montevideano. Según informó la JDM, la prórroga se propone para dar continuidad a la mesa de trabajo técnica-política que está integrada por el Legislativo y el Ejecutivo departamental, representantes políticos y autoridades del Ministerio de Ambiente.
A partir de lo convenido el martes pasado, la mesa seguirá su trabajo con el objetivo de incorporar al programa nuevos proyectos de saneamiento con fondos presupuestales de la IM, aumentando los fondos de contrapartida del préstamo y/o incorporando obras conexas fuera del Programa BID. Además, se analizarán modificaciones al préstamo y sus componentes, pero se acordó que las mismas no impliquen una reconsideración por parte del directorio del BID en cuanto el monto del crédito.
Las diferencias y observaciones que ameritaron la revisión
El Programa de Saneamiento Urbano (PSU) VI se enmarca en una política de saneamiento ambiental, de forma integral: saneamiento, limpieza y mejora de la gestión de residuos sólidos (en consonancia con el Plan Nacional de Gestión de Residuos del Ministerio de Ambiente) y disminución de riesgo por inundaciones.
Las discrepancias surgieron sobre el desglose de este, que originalmente preveía un importe de US$ 47,6 para un nuevo plan de limpieza y US$ 22,4 para obras de saneamiento, que se complementaban con US$ 12,5 que volcaría la propia intendencia.
Los partidos opositores al gobierno capitalino plantearon en la Junta la necesidad de obtener una mayor cantidad de fondos para saneamiento, puesto que el porcentaje destinado en el préstamo a este rubro –que entienden prioritario– era muy bajo, y criticaron utilizar un financiamiento a 25 años para comprar camiones y contenedores.
Apuntaron a que en esta sexta etapa estaba previsto aumentar el saneamiento a 80 mil personas, mientras la propuesta original solo implicaba a unas dos mil, por lo que aspiraban que el préstamo cubriera al menos la mitad de lo proyectado en el PSU. Atendiendo este reclamo, en la primera semana de febrero, la intendenta Carolina Cosse anunció una partida adicional de US$ 12 millones para la red de saneamiento.
Pero la discusión que está ahora sobre la mesa tiene que ver con la postura del Frente Amplio (FA) de mantener la estructura del préstamo y negociar los US$ 12 millones de la última contrapartida y la posición de los ediles blancos, colorados y del Partido de la Gente, que exigen la reformulación integral del préstamo de US$ 70 millones del BID.
El coordinador de la bancada frenteamplista, Martín Nessi, destacó en rueda de prensa que el acuerdo “muestra la capacidad de trabajo del sistema político” y subrayó que se establecieron “reglas claras” para analizar el préstamo, pero advirtió que esto no implicaría “modificaciones sustanciales”, porque para el oficialismo es “fundamental mantener tanto el saneamiento como la limpieza”. De todas formas, Nessi confirmó el compromiso de “ampliar” el presupuesto para destinar a obras de saneamiento” y de negociar la contrapartida que se hará en conjunto, “para ver en qué obras priorizar”.
En tanto, la presidenta de la Departamental de Montevideo del Partido Nacional (PN), Laura Raffo, expresó su conformidad, puesto que en el acuerdo “se contempló todas las partes” y subrayó que el sistema político en Montevideo está fuerte”. Raffo indicó que “se vio la necesidad de llegar a un acuerdo para favorecer a más vecinos, para incorporar en el proyecto del préstamo del BID más barrios que accedan a saneamiento y para poder tener una prórroga en la discusión de este proyecto”.
Ediles nacionalistas solicitan investigación por donación de Intendencia al FA
La bancada de ediles del PN resolvió, el pasado jueves 17, solicitar una comisión investigadora para conocer detalles de la donación de paquetes (con remeras y mochilas) por parte de la Intendencia al FA, para usar en una actividad de la campaña para la derogación de 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC).
Desde la comuna se había informado, el miércoles 16 de febrero en un comunicado, que tomó conocimiento de que “se había procesado una entrega de un remanente de materiales de la Secretaría de Educación, Física, Deportes y Recreación a un partido político”, la cual era una “donación sin autorización” y se estaba gestionando la devolución por parte del FA. La intendenta aseguró que, al enterarse de lo sucedido, llamó inmediatamente al presidente del FA, Fernando Pereira, expresando que “la entrega nunca debió haber sucedido y que los materiales debían ser devueltos a la IM” ese mismo día. Además, comunicó que “realizada la consulta con la persona responsable de la mencionada secretaría, esta admitió que había realizado un envío a la sede del FA de un remanente de mochilas y remeras de una actividad anterior”.
Aseveró que, en conversación con el coordinador de esa dependencia, Marcelo Signorelli, “se le hizo notar la inadmisibilidad del error que este hecho significa”. El jerarca presentó su renuncia el viernes pasado, la cual fue aceptada por la intendencia. De todas maneras, la comuna dispuso una investigación administrativa para “determinar todos los hechos vinculados” a la frustrada donación al FA.
No conformes con eso, la bancada departamental del PN cuestionó en un comunicado por entender que “nuevamente, desde la intendencia, las autoridades confunden el rol de gobernantes con el de militantes de una fuerza política”. Los ediles bancos consideraron que estos hechos “violan normas éticas y jurídicas” y sostuvieron que “se dan en el marco de sucesivas prácticas de proselitismo político que vinculan a la intendencia con el FA”. Los representantes nacionalistas en la JDM indicaron que les preocupa “el manejo de los bienes y recursos de todos los montevideanos con fines político-partidarios”, y, en ese sentido, informaron su pretensión de conformar una comisión investigadora para identificar responsabilidades políticas sobre lo ocurrido.
El Partido Colorado también se manifestó ante la confusa donación de la intendencia. En un comunicado del Comité Ejecutivo Departamental de Montevideo (CED), se refirió a la imperiosa necesidad de iniciar “una investigación administrativa de urgencia” para “individualizar al o los responsables” de la donación, por lo que solicitaron pedidos de informes en la JDM para conocer detalles de lo sucedido.
Intendencia define nueva licitación para parador de Kibón
El predio fue entregado el año pasado por su anterior concesionario y será nuevamente adjudicado por la IM, mediante una licitación, por diez años. La misma será presentada en los próximos días mediante un proyecto que se elevará a la JDM.
El anterior adjudicatario (Afacor S.A) tenía la concesión hasta 2024, sin embargo, en medio de una disputa con el municipio, en octubre de 2020, rescindió de mutuo acuerdo el contrato contraído con la intendencia, quien condonó, en ese acto, la deuda que la empresa mantenía por el pago del canon, por un total de 1.834.000 UI, correspondiente a 2018 y enero y febrero de 2019. La concesionaria se quejaba de incumplimientos de la comuna y de cambios de condiciones del contrato. Por ejemplo, reclamaba la reubicación de la terminal de ómnibus y advertía la realización de picadas en inmediaciones del edificio, por lo que la empresa ya había planteado una conciliación judicial con la intendencia previa a una demanda por daños y perjuicios.
El borrador del pliego, que difundió El País, estipula que el destino comercial “es abierto” en “función de su compatibilidad con el espacio vinculante”, aunque desde la IM se aclara que “no se aceptará como destino del edificio el uso residencial o de hotelería, de supermercadismo, ni el de actividades relacionadas con juegos de azar”.
Según el documento, el plazo de la concesión será de 10 años y el adjudicatario deberá proponer un canon fijo y otro variable. El fijo será de un mínimo de 720.000 UI anuales (aunque la licitación prevé mayor puntaje para los proyectos que ofrezcan un valor igual o superior a 1,4 millones de UI anuales) y un canon variable entre el 3% y el 7% del ingreso neto mensual del proyecto. Además, la IM pondrá distintos puntajes, por ejemplo, en función de la cantidad de empleos que genere cada propuesta.
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