La demora del Poder Ejecutivo en conformar el grupo técnico establecido por la Ley 20.410 pone en riesgo el proceso de reforma estructural de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios, advierte la asociación El Orden Profesional.
El reloj no se detiene. Cada día que pasa sin que el Poder Ejecutivo convoque a la Comisión de Expertos establecida por la Ley 20.410 representa un paso más hacia la profundización de la crisis en la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios. A 70 días de la entrada en vigor de la normativa, la demora en la conformación de este grupo técnico no es una mera anécdota burocrática; es, según denuncia la asociación El Orden Profesional, un obstáculo que “entorpece y enlentece el proceso de transformación imprescindible” para garantizar la supervivencia del sistema previsional de miles de profesionales uruguayos.
Con un plazo legal de 120 días para presentar un plan de medidas estructurales, la inacción gubernamental consume un tiempo valioso y aleja la posibilidad de encontrar soluciones técnicas y plurales a un problema de larga data. En este contexto, la exigencia de los profesionales trasciende el reclamo formal: es un llamado de atención sobre el futuro de sus jubilaciones y la urgencia de colocar el compromiso institucional por encima de cualquier calendario político.
El marco legal: una ley en espera
La Ley 20.410 surgió como un reconocimiento explícito de la grave situación que atraviesa la Caja de Profesionales y de la necesidad de abordarla con herramientas concretas y con plazos definidos. Su artículo 14 es la columna vertebral de esta iniciativa, al crear una Comisión de Expertos encargada de elaborar propuestas de reforma estructural.
La norma es clara en su objetivo y en su temporalidad. Establece un plazo perentorio de 120 días para que esta comisión presente su plan de medidas. Sin embargo, a más de la mitad de ese tiempo, el Poder Ejecutivo no ha dado el paso inicial y fundamental: la convocatoria formal para integrar dicho grupo. Esta omisión no solo viola el espíritu de la ley, sino que también vacía de contenido práctico todo el proceso de reforma.
“La ley es clara y el tiempo corre. Sin la conformación de la Comisión de Expertos, no es posible avanzar en propuestas concretas que garanticen la sostenibilidad de la Caja en el mediano plazo”, advierte con preocupación el Arq. Fernando Rodríguez Sanguinetti, presidente de El Orden Profesional. Sus palabras reflejan una ansiedad compartida por miles de afiliados que observan cómo se dilata, una vez más, la búsqueda de una solución definitiva.
El reclamo de El Orden Profesional
La Asociación El Orden Profesional, que actualmente tiene representación en el directorio de la Caja, se ha erigido como la voz que canaliza el malestar y la impaciencia del colectivo profesional. Su exhorto al Poder Ejecutivo no es un mero trámite; es un llamado a cumplir con la ley y a asumir la responsabilidad que la situación demanda.
Rodríguez Sanguinetti enfatiza que el artículo 14 fue concebido para asegurar que la discusión sobre el futuro de la Caja se dé en un “ámbito técnico, plural y con rigor institucional”. Este no es un detalle menor. La historia reciente de la Caja está marcada por la postergación de decisiones técnicas en favor de parches temporales o medidas insuficientes. La comisión representa la oportunidad de romper con ese ciclo vicioso.
Mientras el Ejecutivo permanece inactivo, la Caja ha iniciado por su cuenta la difusión de un formulario para recibir propuestas de gremios y colegios. Una iniciativa que, si bien podría interpretarse como un gesto de apertura, resulta simbólica y carente de sentido práctico sin la estructura y el mandato legal de la Comisión de Expertos. “No se trata de gestos aislados”, aclara Rodríguez Sanguinetti, “se trata de cumplir con lo que establece la ley y trabajar sobre soluciones reales”.
Un sistema en estado crítico
Para comprender la urgencia del reclamo, es necesario mirar el estado actual de la Caja de Profesionales. La situación, en palabras de sus propios actores, es “delicada” y requiere “respuestas inmediatas”. Esta delicadeza es el resultado acumulado de más de una década de advertencias ignoradas y de la ausencia de medidas estructurales.
El diagnóstico es complejo y multifacético:
- Menos aportantes: el sistema enfrenta una base cada vez más reducida de profesionales en actividad que realicen aportes, lo que debilita su capacidad financiera.
- Jubilaciones más tempranas: una tendencia a retirarse anticipadamente incrementa la presión sobre los fondos disponibles, alargando el período de pago de beneficios sin una contrapartida contributiva equivalente.
- Descenso en las categorías de aporte: muchos profesionales ven disminuir sus ingresos declarados, lo que se traduce en aportes menores al sistema.
- Carga desproporcionada sobre los independientes: los profesionales que ejercen de forma independiente soportan una carga contributiva particularmente alta, lo que retraso en los pagos.
- Mayor presión sobre los pasivos: la situación financiera termina impactando en los jubilados actuales.
Este coctel de problemas ha llevado a un “debilitamiento progresivo de su base financiera”, tal como lo describe Rodríguez Sanguinetti. La Caja no necesita un simple rescate; necesita una reforma de fondo que la haga sostenible en el tiempo.
Una hoja de ruta técnica
Frente a este escenario, El Orden Profesional no se limita al reclamo. La agrupación afirma haber presentado, en su momento, una solución concreta que, basada en estudios paramétricos y actuariales, “dará a la Caja una supervivencia de varias décadas”.
Si bien los detalles específicos de esta propuesta no se explicitan en el comunicado, su mención es significativa. Demuestra que existen alternativas técnicas sobre la mesa, elaboradas con el rigor que el tema merece. La demora en la convocatoria de la Comisión de Expertos impide que propuestas como esta, junto con las de otros actores, sean analizadas, debatidas y consolidadas en un plan integral.
Las implicancias de la demora
La falta de convocatoria a la Comisión de Expertos tiene consecuencias que van más allá del incumplimiento de un plazo legal. En primer lugar, genera desconfianza en el sistema institucional. Si una ley sancionada para resolver un problema crítico no se cumple, ¿qué garantías existen para los afiliados?
En segundo lugar, envía un mensaje de despreocupación que contrasta con la gravedad de la situación. Mientras los profesionales ven cómo se erosiona su futuro previsional, la inacción del Poder Ejecutivo puede interpretarse como una falta de priorización política del tema.
Por último, y quizás lo más grave, es que esta demora acerca a la Caja a un punto de no retorno. Cada mes que pasa sin reformas estructurales profundas consolida los problemas existentes y reduce el margen de maniobra para implementar soluciones ordenadas y progresivas. El riesgo es que, en poco tiempo, las únicas opciones disponibles sean medidas mucho más drásticas y traumáticas para los afiliados activos y pasivos.
Un llamado a la acción
La situación de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios es un recordatorio de que las crisis previsionales no se resuelven con silencio o inacción. Requieren decisión política, cumplimiento de la ley y, sobre todo, un abordaje técnico serio y participativo.
La exhortación de El Orden Profesional al Poder Ejecutivo es un llamado a asumir las responsabilidades. Convocar a la Comisión de Expertos no es un trámite burocrático; es el primer paso tangible para “salvar” la Caja. El reloj sigue corriendo. A 70 días de la ley, y con solo 50 días restantes para cumplir con el plazo de presentación del plan, la pelota está en el campo del Poder Ejecutivo.
