El Gobierno y la Asociación de Transportistas de Combustibles llegaron un acuerdo por el que se levantó el paro efectuado lunes y martes.
Ayer sobre el mediodía la ministra de Industria, Elisa Facio, dijo: “Llegamos a un acuerdo y se levantan las medidas a partir de este momento”. Horas antes había mantenido una reunión con el representante de los transportistas, Robert Batista, en la que también participó el ministro de Trabajo, Pablo Mieres.
El acuerdo consiste en postergar dos años el nuevo régimen de distribución y ajustar semestralmente el costo de los fletes.
Al respecto, la ministra Facio expresó: “Es una modificación que nosotros entendemos que es positiva para el país y la población, y ellos necesitan tiempo para adaptarse”. Y agregó: “Lo que nosotros arreglamos fue crear una comisión y en esa comisión trabajar durante esos dos años para conseguir la adaptación de los transportistas y el ajuste de la reglamentación”.
La situación había surgido por la resolución N° 517/023 de la Ursea que establecía la inclusión de los fletes dentro del margen de la distribución a partir del 1 de enero de 2024. De esta manera se trasladaba implícitamente la responsabilidad de pago de Ancap al distribuidor mayorista, por lo que el cargo del pago del flete recae en las estaciones de servicio.
Hoy en día los camiones que llevan el combustible a las estaciones de servicio cobran $ 0,70 por litro, lo cual es pago por Ancap. Desde la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (Ursea) se señaló a La Mañana que “los contratos de los transportistas eran originalmente con las distribuidoras, las que luego presentaban las correspondientes facturas de este servicio a Ancap para su pago”.
Se agregó que “los transportistas estuvieron informados de que saldría esta resolución, habiendo sido discutida en el marco de una consultoría internacional”. La resolución que fija la metodología fue puesta a consulta pública, recibiéndose más de 50 aportes de los agentes del sector, incluyéndose la de los transportistas.
La nueva metodología a aplicarse ahora en 2025 propone que las distribuidoras sean las responsables de la distribución del combustible y deban negociar directamente con los transportistas. “La reglamentación busca eficiencia y libre competencia, evitando que el Estado asuma los costos de transporte, que no le corresponden pagar”, se indicó. También se aclaró que “la separación de Ancap en 2020 de la responsabilidad de pago por transporte fue una decisión impulsada por el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM)”.
En la LUC se le encomendó al Poder Ejecutivo la realización de una reforma del mercado de petróleo crudo y derivados, encomendando a la Ursea la tarea de aprobar la nueva regulación.
Para la Ursea, “la medida no debería encarecer el precio del combustible, sino buscar eficiencia en la distribución. Las distribuidoras podrían negociar mejores precios con los transportistas. Téngase presente que el costo del flete, al que se llegó aplicándose la fórmula de cálculo definida en la resolución de la Ursea, es similar al que cobran actualmente los transportistas”.
Un negocio de US$ 40 millones
El asesor legal de la Asociación de Transportistas de Combustibles (ATC), el Dr. Robert Batista, dialogó con La Mañana y dijo que la medida se había tomado “en defensa de estos negocios, de nuestros asociados y de las fuentes de trabajo, es que se llevan adelante las medidas”.
Existen 250 camiones cisterna que abastecen a 500 estaciones de servicio que existen en Uruguay. Cada camión vale en el entorno de los US$ 200.000. Los fletes son pagos por Ancap y representan $ 0,70 pesos por litro.
El negocio del transporte de combustible mueve US$ 40 millones por año. El paro que se terminó levantando era por tiempo indeterminado. Los transportistas tenían ya previsto implementar un servicio esencial destinado al sistema de salud, la Policía y Bomberos, entre otros.
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