Los excedentes de energía eléctrica más los sobreprecios que paga UTE rondan los US$ 200-250 millones y eso se carga a la tarifa y “equivalen al monto de la pérdida que implicó Gas Sayago”, lamentó Pées Boz. En diálogo con La Mañana, el jerarca explicó cómo la gestión de los gobiernos anteriores sigue impactando en los precios de la energía que hoy pagan los consumidores. Por otro lado, opinó que se debe ser muy cauto con respecto al eventual desarrollo del hidrógeno verde, dado que, según su visión, se corre el riesgo de repetir el caso de Gas Sayago, que “fracasó porque no tenía demanda asegurada”.
¿Cuál es el balance de estos dos años y medio de gestión? ¿Qué cosas han logrado corregir?
Cuando yo llegué ya estábamos en pandemia, lo que nos restringió las posibilidades de recorrer el país, que es lo que estamos haciendo ahora. Es admirable la importancia que tiene UTE para el país, que brinda servicios no solo a residenciales sino también a todo el parque empresarial.
En octubre UTE cumple 110 años, que comenzamos a festejar con una gala el miércoles 12 en el Sodre y luego con otros actos. Mi padre y varios hermanos suyos fueron funcionarios de la empresa por las décadas del 30 y el 40. Hoy me toca a mí estar en el directorio, entonces tengo la responsabilidad doble de no olvidar el esfuerzo familiar y tratar de hacer mi parte.
En ese sentido, hemos intentado encontrar en UTE todo lo bueno y lo no tan bueno, como el tema de Gas Sayago y los contratos PPA que tanto daño les hacen a los usuarios. Estamos hablando de un Gas Sayago por año de sobreprecios y excedentes que se cargan a las tarifas. Eso es lo que más nos ha preocupado.
Si valoramos esos sobrecostos, ¿cuánto dinero sería anualmente?
Gas Sayago estuvo nuevamente en el Parlamento en estos días, donde se aprobaron dos artículos en los que prácticamente se traslada a Ancap y a UTE todo lo que fue hasta ahora el proyecto y los riesgos que todavía están latentes. Sin contar esos riesgos, el despilfarro de Gas Sayago se estima en más de US$ 200 millones, pero eso fue por única vez. Que fue un despilfarro, es cierto, que no hubo fundamentos que justificaran esa pérdida, también, y por eso lo denunciamos e impulsamos una auditoría y hoy está en la Justicia.
Lo que no se difunde es que anualmente tenemos, por la firma de los contratos PPA, más de US$ 100 millones de excedentes. La forma de comprobar esto fue el año 2021, que fue excepcional porque se utilizó toda la energía disponible y se exportaron US$ 500 millones —lo normal es que no se exporten más de 200 o 300—. Siendo prudente, son algo más de US$ 100 millones de excedentes. A eso hay que sumarle los sobreprecios que anualmente se pagan.
¿Se refiere a lo que se paga por encima de los costos de producción actuales?
Exacto. Eso lo hemos denunciado: los contratos PPA de energía eólica se contrataron a más de US$ 90 y hoy no superan los 40, y de fotovoltaica se contrataron a US$ 126 y hoy están a 30. Esa suma equivale a un Gas Sayago anual, es decir, los excedentes más los sobreprecios rondan los US$ 200-250 millones y eso se carga a la tarifa, UTE no pierde. Lo pagamos todos, las familias, cuyo bienestar se ve afectado, y los empresarios, que empeoran su competitividad.
Con respecto a eso, usted ha criticado en varias ocasiones que por estos contratos se debe pagar la energía producida, aunque no se necesite.
Es así. Con estos contratos firmados a 20 o 30 años, lo que lograron los generadores privados, en su legítima actuación, fue que UTE se comprometiera a pagarles todo lo que produjeran, lo requiera o no. Para que se entienda, es como si a doña María le exigieran que cada vez que llega la fruta al mercado, deba comprarla por obligación, tal es el disparate de lo que se hizo entre el 2010 y el 2018. Eso con el complemento de que no solo debemos comprar energía que no necesitamos, sino que la tenemos que pagar a los sobreprecios que antes indicaba.
Estos contratos que usted menciona fueron firmados en los gobiernos anteriores. Con estos plazos tan largos, ¿hubo un consenso político para firmarlos considerando que iban a exceder varios mandatos?
Los partidos que tenían representación parlamentaria en 2010, luego de discutir el tema y en una coyuntura de falta de energía, sugirieron a las autoridades del Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM) y de UTE contratar —para que se entienda— hasta 300 productos de esta categoría. Los excedentes son consecuencia de que en lugar de 300 contrataron 1500, es decir, superaron cinco veces lo que el Parlamento les había sugerido.
¿Por qué sucedió de esta forma?
El porqué es justamente lo que nosotros en agosto de 2020 comenzamos a investigar, y al igual que Gas Sayago lo pusimos sobre la mesa del directorio para que se realizara una auditoría similar sobre lo que se llamó la primera generación de la reforma de la matriz eléctrica. Quisimos que se investigaran todas estas interrogantes de manera objetiva como con Gas Sayago, pero lamentablemente perdimos por goleada: cuatro en contra, mi voto a favor. Entonces, quedan preguntas pendientes. Nosotros seguimos adelante tratando de solucionar todo esto, de corregir los errores en la medida de lo posible, y para eso estamos trabajando.
En este sentido, ¿cuál es la importancia de la segunda generación de cambios que se está tratando de llevar adelante desde el MIEM?
El MIEM con esto está tratando de colocar los excedentes que nos dejaron. Ahora, eso soluciona solo US$ 100-150 millones de excedentes, pero quedan los sobreprecios y ahí estamos trabajando nosotros. Hemos hecho un llamado a una buena porción de los que cobran anualmente US$ 500 millones incluidos los sobreprecios y la energía que no se usa. Los hemos llamado en la única forma que en principio corresponde, que es la voluntad. Ellos tienen firmados esos contratos PPA, que si los violamos comprometemos la reputación del país, entonces tiene que ser un acuerdo de partes. Hemos propuesto una fórmula, ellos han presentado su postura al respecto y estamos estudiando el tema.
¿Cuáles son las aspiraciones con estas negociaciones?
Esperamos poder al menos reducir en parte esa diferencia que no hace a todo el paquete de los 500 millones, sino que estamos hablando de 350 millones. Son los parques exclusivamente privados de energía eólica. De ellos, respondió favorablemente un 80%. En esta primera instancia buscamos reducir los 270 millones que hay que pagarles sí o sí por lo que producen, sin importar si lo necesitamos o no, y con esos sobreprecios, que es lo que estamos tratando de disminuir. Se nos ha conferido el honor de coordinar este esfuerzo y contamos con el apoyo de los técnicos de la administración. No sabemos el resultado final y no queremos alentar falsas expectativas, lo que sí queremos es dejar en claro que quedan más balas para utilizar.
La presidenta de la Comisión Europea anunció que se aplicaría un impuesto extraordinario a las ganancias de las petroleras y una reforma profunda en todo el mercado eléctrico. Pasaron de la instancia de la voluntad, de negociar entre partes, a directamente aplicar un impuesto. ¿Eso podría ser una posibilidad para Uruguay?
En un artículo reciente sobre esto se afirma que “la Comisión Europea planea poner un tope al dinero que reciben las empresas generadoras de eléctrica, en especial, las que trabajan con fuentes renovables”. La pregunta que queda por hacer es: y por casa, ¿cómo andamos? Hay muchos recursos. Los Estados están para corregir los desequilibrios. Yo no creo en Estados ni en Parlamentos que sean simplemente contemplativos. El nuestro no lo es, porque lo demostró en días pasados cuando con dos artículos empezó a solucionar para el propio Estado y las empresas públicas involucradas los problemas acaecidos por Gas Sayago.
Como decía, acá tenemos un problema anual del mismo monto de la pérdida que implicó Gas Sayago, y los Estados conscientes saben que tienen estas balas de plata disponibles. No va a ser la primera vez que el ejemplo venga de Europa, los contratos PPA vinieron de allí, pues sus creadores son del Reino Unido. Esto no vino solo, sino acompañado de empresas que instalaron parques, otras que proveyeron los recursos para su instalación y otras que los financiaron, no solo de Europa sino también multilaterales, que están tan interesadas en esto como los propietarios. Por ahora vamos por lo voluntario. Ya tenemos un grupo de especialistas tributarios que están estudiando el tema.
Estos contratos, esta inversión en materia energética fue muy onerosa para el país en el pasado. De cara al futuro y dada la crisis energética que se está produciendo en el mundo, en particular en Europa, a raíz del conflicto en Ucrania y la pospandemia, ¿este es un buen momento para amortizar? Es decir, ¿esto nos ayuda a quedar en una mejor posición relativa o a que Uruguay tenga una ventaja competitiva como para ver si podemos obtener algo positivo de todo esto?
Le agradezco la pregunta porque me permite aclarar nuestra posición. Hemos dicho que no estamos en contra de las energías renovables, porque somos conscientes de la necesaria descarbonización. Lo que no queremos es que aprovechen la situación para lucrar con algo que nos afecta a todos. Eso fue lo que pasó con los contratos PPA, que nosotros queremos modificar, voluntariamente en principio y si no veremos cómo. Nadie puede estar en contra de las energías renovables, que dicho sea de paso, no son las únicas fuentes posibles, porque en materia de fuentes renovables estamos en un camino que se comienza a recorrer pero que todavía no tiene claro el final.
¿A qué se refiere con que el final no está claro?
Me refiero a que hay otras fuentes, por ejemplo, las hidroeléctricas. Habría que analizar un poco más la capacidad ociosa que todavía queda en el país para la microgeneración, analizar la capacidad de hidroeléctricas, que era la fuente renovable más apreciada hasta que apareció este boom de las renovables eólicas y fotovoltaicas. Por ejemplo, si bien son situaciones distintas, Paraguay tiene prácticamente toda su capacidad instalada eléctrica renovable de acuerdo a hidroeléctricas, y apenas tiene como muestra un parque fotovoltaico. Entonces, no agotemos todo el apoyo que queramos dar a la descarbonización en contratos PPA que terminaron siendo un gran negocio para empresarios que lograron mucho éxito.
En lo que concierne al hidrógeno verde, ¿hay estudios que demuestren que esto llevaría a bajar los costos de la producción de energía en Uruguay? ¿Sería competitivo para aplicarlo al transporte de carga? ¿Se han hecho esas evaluaciones?
Con todo respeto por el ministro (de Industria, Omar Paganini), que es justamente el que está impulsando como capitán del barco todo esto, donde participan UTE y Ancap, yo quiero ser muy cauto con respecto a esto, porque no quiero un nuevo Gas Sayago; se lo he dicho a él y a otras autoridades.
¿A qué se debe esta comparación?
Yo creo que no podemos ilusionarnos hasta que no tengamos lo que es fundamental, que son contratos de compra, porque todos sabemos que las inversiones privadas que luego fracasan, terminan estatizándose, entonces, no debería haber una inversión ni pública ni privada antes de tener contratos firmes, que por ahora no los hay.
¿Cuál es la participación de UTE en todo esto?
UTE es parte del proyecto piloto que busca saber si somos capaces de producir hidrógeno verde, pero que con sus dimensiones no dan ninguna pauta de si somos rentables en la producción. O sea, este proyecto piloto es para producir hidrógeno para mover 10 camiones por el país, entonces, más bien es un estudio de laboratorio hecho no sé con qué propósito. UTE está apoyando eso con la electricidad subsidiada. Lo que digo es: no repitamos Gas Sayago, que fracasó porque no tenía demanda asegurada. Espero que no se replique el mismo error con el hidrógeno verde.
¿Qué parte va a tener UTE en el tema? Está por verse, porque según las últimas manifestaciones, se están por instalar más parques fotovoltaicos y eólicos orientados a dar energía suficiente para la instalación de la producción de hidrógeno. Espero que esos parques que se instalen, como los que ya se están instalando en Salto, no terminen pidiendo que por favor se les firme un contrato PPA, como hicieron algunos parques en 2015 o 2016 que no los habían conseguido. Esperamos que no ocurra lo mismo con estos nuevos empresarios que están avanzando, según dicen, hacia el hidrógeno.
En tal caso, ¿quién absorbería las pérdidas?
Si no hay demanda asegurada y la energía la van a proveer ellos, espero que sean ellos los que pierdan y no que terminemos estatizando nuevas pérdidas. Por otro lado, UTE sí puede vender sus excedentes para la producción de hidrógeno. Si producimos, UTE tiene suficientes excedentes para abastecer. Si producimos a través de fuentes privadas, adelante, pero que esas fuentes generadoras de energía no terminen siendo parques fotovoltaicos y eólicos acurrucados en los brazos de UTE a través de nuevos contratos PPA.
¿Podría explicar a qué se debieron las divergencias dentro del directorio con ciertos contratos que han habilitado a algunas empresas a funcionar como clientes libres? ¿Y cuál es su opinión?
La mayoría en el directorio estamos siendo proactivos, buscando mecanismos que eviten que Generadores Privados, usufructuando la lógica caída de los costos que los contratos PPA que UTE firmó entre 2010 y 2018 no contemplaba -la conocida como “cláusula tecnológica”-, ahora se instalen con nuevos parque y ayudados lamentablemente por gerentes de UTE en comisión en el Parlamento, estas empresas mientras por un lado siguen cargando a UTE con notorios sobreprecios por 20 años más, se instalen con nuevos parques a costos reducidos por el avance tecnológico y ofrezcan muy tentadoras tarifas a nuestros grandes consumidores.
Hemos firmado con tres o cuatro grandes consumidores que son los que estas empresas quieren llevarse. Negociamos con algunos de estos grandes consumidores y terminamos manteniendo por un período mayor lo que por razones de emergencia se les había concedido como tarifa especial durante la pandemia. Si está bien o mal, cada cual lo juzgará, lo que es claro es que hacemos esto o se van. Mientras tanto, la oposición se opone a que estemos evitando más privatización de UTE, la que desde la implementación de los contratos PPA en los años previos a esta administración, ha superado el 33% de la capacidad instalada de energía eléctrica de que el país dispone.
¿Cuáles serían las consecuencias de que se fueran?
Si se van los grandes consumidores de UTE, la torta que va a haber que distribuir entre menos implicará aumentar la tarifa de UTE entre un 10% y un 15%, más allá de lo que haya que incrementarla por la inflación. Estamos luchando para evitar que se vayan, porque los más perjudicados, nuevamente, volverán a ser los usuarios. Sin embargo, la oposición desde Salto ayuda a que se vayan y desde el directorio se niega a defender a la empresa. No es tan raro si uno piensa que esto se armó entre 2010 y 2018, más bien es coherente.
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