El pasado 20 de agosto, el legislador de Cabildo Abierto, Sebastián Cal, elevó un pedido de informes vinculado a este tipo de ofrecimientos que se realizan por líneas telefónicas de Antel, utilizando datos personales; y otro dirigido al Banco Central del Uruguay, vinculado a maniobras fraudulentas con distintos tipos de tarjetas que cada vez se realizan con más frecuencia.
En cuanto al pedido de informes con destino al Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM) y a Antel, el diputado indicó que es para atender a las reiteradas consultas realizadas por la población relativas a la oferta de servicios no vinculados a telefonía, canalizados a través de líneas de la empresa de comunicaciones.
Cal explicó que se utilizarían los datos personales otorgados a Antel –cuya divulgación no habría sido consentida por el cliente del ente que recibe la llamada– a los efectos de concertar contratos de adhesión, cuya contraprestación económica se debita posteriormente en la cuenta mensual de teléfono, según indica el documento.
El diputado solicitó, además, información para saber quiénes son los responsables de estas ofertas, régimen bajo el que se vinculan las empresas oferentes y Antel, y si la referida modalidad queda comprendida por la Carta Orgánica de esta empresa pública.
Asimismo, si existe la eventual transferencia de datos personales (de acuerdo a lo dispuesto en la Ley 18.331), se analizará el cumplimiento de la normativa tuitiva del consumidor (Ley 17.250), así como las consecuencias que podría generarle a la administración el desconocimiento de las contrataciones por parte de los usuarios.
El otro pedido de informes, dirigido al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y al Banco Central (BCU), está vinculado a vaciamientos de cuentas bancarias, retiros de saldos de tarjetas prepagas, así como solicitudes de préstamos y demás productos financieros, sin consentimiento del titular.
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