El Ministerio de Ambiente inspeccionó días atrás la zona en las que se presentaron irregularidades y presuntos daños ambientales que fueron denunciados a fines de octubre de 2022 por la Intendencia de Canelones.
En un encuentro en Torre Ejecutiva el pasado 1 de febrero entre el intendente de Canelones, Yamandú Orsi, y el subsecretario de Ambiente, Gerardo Amarilla, el gobernante canario entregó registros documentales sobre las actividades irregulares realizadas por una empresa arenera propietaria de dos padrones ubicados sobre el arroyo Vejigas. De esta manera se amplió una denuncia que el 31 de octubre del año pasado había enviado el director de Gestión Ambiental de la comuna canaria, Leonardo Herou, a la Dirección Nacional de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos del Ministerio de Ambiente.
La denuncia (que según Amarilla se demoró en procesar por no haberse seguido las vías habituales del Ministerio) daba cuenta de que los técnicos de la intendencia habían constatado en dos padrones ubicados en el álveo del arroyo Vejigas “el trabajo de extracción de áridos por parte de maquinaria pesada y dos camiones, observando que el arroyo fue represado en ese lugar para el ingreso vehicular. A causa de esto, el cauce ha sido modificado con el desvío de agua por un canal que se realizó con el empleo de maquinaria, con destrucción del monte ribereño protector de las márgenes”.
Orsi manifestó en rueda de prensa que las actividades detectadas por los técnicos municipales representan un “impacto importante” en el río Santa Lucía, puesto que entiende que las maniobras realizadas por la empresa “desviaron su cauce natural”. Añadió que las imágenes presentadas ante el Ministerio de Ambiente muestran una desviación del curso de agua en el río en tres tramos y se denuncia la construcción de un terraplén de dos metros de altura que se utilizó para crear un camino para el pasaje de camiones, en un lugar donde debería ser el curso del río que “ahora está totalmente tapado”, señaló. El intendente canario hizo hincapié en que se está cambiando el curso del río, debido a que se está represando en lugares donde hay muy poca agua, a pocos kilómetros de la toma de agua que tiene OSE en San Ramón. “Estamos hablando del río Santa Lucía, que después abastece a casi 2 millones de personas”, advirtió Orsi.
Al día siguiente del encuentro en Torre Ejecutiva, autoridades y técnicos de Ambiente, del Ministerio de Industria; Energía y Minería (MIEM) y de la Intendencia de Canelones se hicieron presentes en los predios en cuestión para realizar distintas inspecciones. Tras los relevamientos, la Dirección Nacional de Minería y Geología (Dinamige) resolvió clausurar a la empresa por encontrar actividades de “minería ilegal”, puesto que la empresa en cuestión no contaba con los permisos correspondientes para la extracción de arena en los arroyos Pilatos y Vejigas.
El director nacional de Hidrografía, CN Marcos Paolini, dijo a La Mañana que “independientemente de los hechos de pública notoriedad, en esa zona se han realizado estudios en 2020 y 2021, con vecinos, autoridades y el municipio, a efectos de iniciar la declaración de navegables esos cursos y un posible cambio de nombre”.
“En esa parte el Santa Lucía desapareció prácticamente desde hace una década, estimó. “El río Santa Lucía, unos kilómetros aguas arriba de San Ramón, prácticamente se convirtió en un bañado o una pradera en algunos lugares, y otra parte es monte, no está el río como tal”, explicó Paolini. Debido a “represamientos o acciones realizadas años atrás, el río Santa Lucía cambio su curso, y ahora corre por arroyos Vejigas y Pilatos y en medio quedó una isla, y esas aguas frente a San Ramón se vuelcan nuevamente en el Santa Lucía, y desde ahí continúa su curso normal”, explicó.
Ambiente negó que haya habido represamientos
Consultado por La Mañana, Amarilla expresó que tras los relevamientos “no se constató” que haya habido represamiento, aunque sí que “ha habido modificaciones en el predio y en el territorio con movimientos de arena que podían impactar aguas abajo”. Asimismo, informó que en su momento constató con OSE que “no había habido problemas en la toma de agua de San Ramón a raíz de estos movimientos”.
Amarilla sostuvo que en una circunstancia normal no se podrían haber hecho estas actividades y explicó que la empresa “justo aprovechó la bajante y la seca para hacer un camino y entrar por el medio del cauce a buscar más arena”. No obstante, aclaró que “desde el punto de vista ambiental, la extracción de arena tiene sus autorizaciones, si fuera en el Santa Lucía, de la Dirección Nacional de Hidrografía (del MTOP), y si es no navegable es la Dinamige (MIEM) quien debe otorgar los permisos”, precisó.
“En realidad, la arena se va depositando en los ríos y los arroyos, y si no se la saca también va obstruyendo el paso de la cuenca, o sea que es importante el dragado”, detalló. “Lo que hay que tener es un permiso, controlar cómo se saca, qué volumen; pero no es que sea un disparate sacar arena de esos lugares”, consideró Amarilla.
Además, remarcó que “esta actividad se hizo en el arroyo Vejigas, que claramente está en la cuenca del Santa Lucía y está próximo al río Santa Lucía”, y que es “importante preservar ese lugar y su biodiversidad, que claramente es un arroyo afluente”, indicó.
El subsecretario de Ambiente informó que solo resta que esté pronto el informe de la Dirección Nacional de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos, que será presentado junto al informe realizado por la Dirección Nacional de Aguas (Dinagua), para “conocer si existe algún otro impacto ambiental” y para que el departamento jurídico del ministerio “nos diga si realmente hay apartamiento de la normativa y si hay algún tipo de sanciones que podamos colocar”. Al tiempo que, las denuncias relativas a la afectación de flora y monte nativo fueron trasladadas al Ministerio de Ganadería, dijo.
Por otra parte, Amarilla resaltó la posibilidad de que este año se apruebe un proyecto de ley que tipifique los delitos ambientales en el orden jurídico nacional. Promotor de una iniciativa parlamentaria con esos fines en su época de legislador, el subsecretario reconoció que en esta legislatura existe mayor voluntad política para avanzar en un proyecto de estas características porque “se está madurando de que realmente es necesario el tema de tipificar los delitos ambientales” y que hay conceso entre los partidos de que “realmente necesitamos una norma con sanciones bastante importantes como para poner un límite a los transgresores y que sea disuasivo”. En ese sentido, resaltó que se hayan unificado los dos proyectos que estaban en estudio, y expresó su optimismo de que en marzo se pueda dar “un empujoncito” y que pronto se apruebe dicho proyecto de ley en la Comisión de Ambiente del Senado.
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