En el lanzamiento de la campaña en defensa de la LUC, el senador expresó que la oposición plantea “una jugada mezquina que lo único que pretende es dar un golpe político al Gobierno”, aunque eso perjudique a los sectores más desprotegidos de la sociedad.
Este lunes 31 de enero la coalición de Gobierno lanzó la campaña en defensa de la Ley de Urgente Consideración (LUC) a través de una conferencia de prensa de la que participaron la vicepresidenta Beatriz Argimón y los principales dirigentes de los partidos que la integran: Pablo Iturralde (Partido Nacional), Julio Sanguinetti (Partido Colorado), Guido Manini Ríos (Cabildo Abierto), Pablo Mieres (Partido Independiente) y Daniel Peña (Partido de la Gente).
Al hacer uso de la palabra, el senador Manini Ríos dijo que la campaña en defensa de la LUC consistirá en “profundizar la difusión de lo que significa” dicha norma “para el pueblo uruguayo”, una tarea que Cabildo Abierto no comienza ahora sino que se inició “el mismo día que se presentaron las firmas ante la Corte Electoral en el mes de julio pasado”.
Desde entonces “hemos recorrido el interior (en una gira que abarcó) 170 localidades de los 19 departamentos, explicándole (la Ley) a la gente que muchas veces está confundida por una distorsión en la explicación” hecha por quienes buscan su derogación.
“Tenemos el deber de que el 27 de marzo nadie vote confundido”, agregó, porque estamos ante una norma que “asegura libertades, garantiza derechos, no ha tenido ningún efecto negativo en el año y medio que lleva de vigencia, y como fue dicho por los referentes de quienes llevan adelante el referéndum, lo que buscan es generar cambios en la forma de gobernar”.
Eso es algo que “nosotros no podemos aceptar”, aseguró, y advirtió que “la gente tiene que ser consciente que si se presta, si es funcional a esa estrategia política que busca dar un golpe político al Gobierno que eligió la gente en octubre y noviembre de 2019, si se presta a eso, tiene que saber que la primera perjudicada va a ser la propia gente, el propio pueblo”.
Si los 135 artículos de la LUC son derogados, los más perjudicados van a ser “aquellos cuya seguridad y tranquilidad en la convivencia diaria depende de la mayor eficiencia del instituto policial, aquellos que no pueden pagar seguridad privada, que no pueden enrejarse y que dependen de que la Policía actúe y no sea corrida a pedradas como lo veíamos antes”.
También se va a “perjudicar a los ciudadanos de a pie que no pueden pagar una educación privada” para sus hijos; “los ciudadanos que dependen y para los cuales es fundamental que se produzcan los cambios impostergables en la enseñanza para que vuelva a ser lo que nunca debió dejar de ser, una enseñanza niveladora que le da oportunidades a todo los sectores de nuestra sociedad. Esos son cambios que se pueden hacer a partir de la gobernanza que pueda ejercer la Dirección de la Enseñanza y que termine con los grupos que se creen el ombligo de mundo, que se creen que la enseñanza debe girar en torno a ellos y no del educando, del alumno”.
La derogación de la LUC implica un perjuicio para aquellos que “al cambiar de compañía de celular pierden el número; pero también van a perder las parejas que quieren adoptar un niño y van a tener que volver a esperar plazos de tal vez 5 años para hacerlo”, enfatizó.
“Van a perder los trabajadores que los días de huelga quieren trabajar; van a perder los que no tienen forma de obtener una garantía de alquiler” pero hoy la LUC les da la posibilidad de “poder hacerlo sin garantía”.
“En definitiva van a perder los uruguayos si se prestan a una jugada mezquina que lo único que pretende es dar un golpe político al Gobierno”, concluyó.
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