Además de la diferencia “muy grande” entre el monto proyectado y lo que finalmente se gastó, hubo violaciones a “unas cuantas normas éticas”, dijo la presidenta de Jutep, Esc. Signorino.
El martes 21 de setiembre el presidente de Antel, Gabriel Gurméndez, dio a conocer el informe de la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) sobre la auditoría efectuada en Antel Arena.
“Hoy recibimos informe” de Jutep “en respuesta a nuestra consulta por los hallazgos de la auditoría efectuada”, escribió en sus redes sociales y anunció que el documento “se incorporará a la denuncia penal correspondiente en proceso”.
La presidenta de Jutep, María Susana Signorino, dijo en rueda de prensa que “se violaron unas cuantas normas éticas”, y que hay “una diferencia muy grande en el monto entre lo proyectado y lo que se gastó”.
Además, “no había un proyecto general de obra”, tal como “se estila en las construcciones”, a lo que se suma que “las actuaciones estaban reservadas por diez años” y “en 2013 se hizo un contrato entre Antel y la Intendencia de Montevideo”, siendo “la compra directa la regla de las contrataciones, cuando lo correcto es que la compra directa sea la excepción”, enfatizó.
El documento
El informe de Jutep, firmado por su presidenta María Susana Signorino, el vicepresidente Guillermo Ortiz y el vocal Jorge Castro, refiere a los hallazgos de la auditoría externa sobre el Complejo Multifuncional Antel Arena (CMAA), y precisa que “las conclusiones que se expondrán están fundadas en las evidencias logradas por el auditor externo contratado por Antel, las que se considerarán suficientes”.
El objetivo de la auditoría fue su pronunciamiento sobre “tres puntos principales” que fueron: costo total del CMAA, el sistema de contrataciones, y la gestión general del proyecto conforme los resultados económicos del mismo durante el período auditado.
Jutep señala que en marzo de 2015 “existió una estimación de costos” ubicando el gasto en US$ 56,5 millones, pero el costo final fue de US$ 119,7 millones, “existiendo una diferencia entre lo previsto y lo gastado de US$ 63.221.147”.
“No existió un plan de negocios completo para la obra, o de existir el mismo no hubo posibilidad de acceso”, siendo “un documento clave”, pero “la evidencia arroja señales negativas” al punto de que “se gastaba conforme las necesidades que surgían lo que ratifica la inexistencia o deficiencia de un completo plan de negocios y de un adecuado sistema de control interno”.
Por lo anterior “se han visto resentidos por acción u omisión de los responsables del proyecto”, el cuidado del interés público que debe perseguir todo funcionario público respetando el “precepto constitucional de buena administración”, cumpliendo con “el apego irrestricto al principio de legalidad”, y “la idónea administración de los recursos públicos que se le confían”, entre otros. Todo lo anterior “sin perjuicio” de las observaciones del Tribunal de Cuentas en materia de gastos.
Sobre las contrataciones públicas, Jutep señala que “en general” no se respetó “el ordenamiento jurídico vigente, se vulneraron los principios generales de Derecho” y los principios “específicos de la contratación” que dispone el Tocaf, tampoco atendió las observaciones de lo órganos de control “y se apartó de los preceptos de ética pública vigentes”.
Cuando se clasificaron de “reservadas la totalidad de las contrataciones, Antel violentó el principio de publicidad y transparencia, así como el interés general consistente en el derecho a la información”.
Sobre el final del documento se señala que “como resultado de la auditoría externa practicada” y remitidas a Jutep, “se ha constatado la violación a principios y normas de conducta” que “pueden configurar falta administrativa sin perjuicio de las responsabilidades políticas, civiles y penales que pudieran corresponder a los funcionarios involucrados, por las acciones u omisiones en la gestión del proyecto” del Antel Arena.
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