La sequía ha dejado en evidencia el “debilitamiento” que ha sufrido OSE en los últimos tres años, de acuerdo con el jerarca opositor, quien explicó a La Mañana que además de los recortes de recursos humanos y financieros, se eliminaron obras que estaban previstas por la gestión anterior para solucionar la falta de reservas de agua. Por otro lado, se refirió al proyecto Neptuno que, según su visión, “aporta”, pero no resuelve el problema.
Como director de OSE por la oposición, ¿qué evaluación hace de la situación actual de sequía que está atravesando el país?
Lo primero que hay que señalar es la profundidad y extensión de esta sequía, que ha afectado la totalidad del territorio nacional, aunque es más profunda en algunas regiones. La gravedad la señala el informe de Inumet que dice que enero pasado fue el más seco en los últimos 40 años. Esta situación naturalmente ha afectado la toma de agua que utiliza OSE para potabilizar y abastecer a la población, y ha exigido respuestas extraordinarias por parte del organismo, que se han venido dando con un importante esfuerzo de los equipos técnicos y de los trabajadores que hay que reconocer. Eso nos ha permitido sortear la sequía a pesar de tener una OSE más debilitada por las políticas de recorte presupuestal que se aplicaron desde 2020 con la asunción del nuevo gobierno.
¿A qué recortes se refiere particularmente?
Me refiero al recorte de US$ 220 millones de inversiones en el quinquenio y la reducción de personal, dado que de los 4.454 funcionarios que tenía OSE al inicio de esta gestión ya hemos perdido 1.030, es decir, una pérdida cercana al 25%.
Esta sequía supone la búsqueda de fuentes alternativas de agua bruta y el refuerzo de las capacidades de potabilización en la medida en que el agua se bombea de fuentes no tradicionales o se extrae de fuente subterránea. Además, implica un trabajo extendido de reducción de pérdidas o roturas que la población ha denunciado en el actual contexto de restricciones que supuso por parte de OSE, para seis departamentos, limitar la utilización de agua potable al mínimo imprescindible, inspeccionando, notificando y en última instancia sancionando a quienes no cumplen. Eso ha generado una adhesión satisfactoria que hay que agradecer y destacar de la población, que respondió al llamado de compromiso y solidaridad que hicimos, pero que como contraparte exige al organismo que se reparen las pérdidas.
Enfrentar esa situación con menor personal ha sido un desafío y los tiempos de respuesta se han resentido, y eso ha requerido la adopción de medidas como el aumento de horas extras para los funcionarios de las cuadrillas y la contratación de personal tercerizado para poder atender las demandas operativas. Todo esto ha evidenciado el debilitamiento que ha sufrido la empresa en estos últimos tres años.
¿Preocupa el suministro de agua hoy? ¿Hasta cuándo hay agua asegurada?
La ciudad de Minas es una de las más comprometidas junto con la Costa de Oro. Con diversas medidas se ha logrado garantizar el abastecimiento en los lugares más críticos hasta las primeras semanas de abril, y en otras áreas no tan graves como San José, Colonia y el área metropolitana de Montevideo, estamos asegurando reservas de agua, si ocurren lluvias significativas, hasta finales de abril.
¿No cree que cobra mayor importancia en este contexto, como dice el oficialismo, una obra como la del proyecto Neptuno?
Cuando digo que la sequía puso en evidencia las debilidades del organismo y las consecuencias de los recortes presupuestales me refiero a obras que no se realizaron, que estaban previstas para su concreción en este quinquenio y fueron eliminadas del presupuesto, como la represa del arroyo Casupá, que triplicaba las reservas de agua bruta para abastecer al sistema de Montevideo, o la postergación de la construcción de la represa sobre el arroyo Solís Chico. Estas dos son soluciones a la falta de reservas de agua que hemos vivido en este 2023 y que sabemos, por los estudios disponibles, que se profundizará con el tiempo debido al crecimiento demográfico y al movimiento de la población.
¿Cuáles son las estimaciones en ese sentido?
Proyectamos que en 2045 tendremos déficit de agua disponible para abastecer a la población, que se estima que tendrá un consumo de 840.000 metros cúbicos pico en un día, cuando hoy tenemos una capacidad de abastecimiento del entorno de los 700.000. Entonces, la construcción de la represa de Casupá y la de Solís Chico son soluciones estructurales que estaban previstas desde hacía mucho tiempo y que se habían trabajado en el organismo. Lamentablemente, esta sequía demuestra que eran necesarias.
¿Y el proyecto Neptuno?
El proyecto Neptuno aporta, pero no soluciona el abastecimiento de agua potable ni a 2045 ni ante situaciones de sequía, por la sencilla razón de que aporta una tercera parte del agua potable que la planta de Aguas Corrientes. Arazatí tendrá una capacidad de producción de 200.000 metros cúbicos por día, mientras que Aguas Corrientes pudo abastecer el pico histórico de consumo registrado en enero del año pasado de 702.000 metros cúbicos en un día, por tanto, no es una alternativa a Aguas Corrientes, y tampoco es un respaldo suficiente, como ha quedado demostrado, en caso de agotamiento total de las reservas.
No compartimos la prioridad asignada al proyecto Neptuno, aunque valoramos las mejoras que se han introducido a partir de las críticas que hemos realizado desde la oposición, por ejemplo, el aumento de la capacidad de producción y la atención al problema de la salinidad, que impide la producción continua durante el verano, que es cuando se precisa a la nueva planta. Me refiero a la construcción del pólder o laguna artificial que es el reservorio de agua dulce que el proyecto debió incorporar al constatarse, con mediciones objetivas de Facultad de Ingeniería, la ocurrencia de eventos de salinidad por encima de las normas admisibles para la potabilización del agua, que marcarían la incapacidad de producción de la planta de Arazatí. En la última versión del proyecto se cuadriplicó el tamaño de esta reserva como insistentemente planteamos desde la oposición, pero también desde la academia.
Usted ha cuestionado también la forma de gestión y financiamiento de este proyecto.
Sí. La cuestión fundamental que estamos cuestionando es que se elige la gestión privada del proyecto, cediendo por 20 años la propiedad de la planta y pagando por la disponibilidad de la misma. Es decir, OSE pagará para poder usar la planta de Arazatí a un privado, además de dar la gestión integral del financiamiento, del mantenimiento durante 20 años, de la construcción y la operación de la toma de agua y la gestión del pólder, pagando US$ 39 millones por año y asumiendo un costo de US$ 41 millones al año. Esto determina que una inversión de US$ 253 millones le terminará costando a OSE más de US$ 800 millones en 20 años, que no están financiados, no están presupuestados y comprometen seriamente la capacidad de OSE de poder mantener el equilibrio de sus cuentas y de realizar obras de agua y de saneamiento que son necesarias.
Es un proyecto enormemente caro, que supone un costo US$ 300 millones mayor que si fuera realizado con gestión y financiamiento de OSE, que ha gestionado y concretado sus proyectos de agua potable en sus más de 70 años de vida. Todas esas infraestructuras estarán en manos de privados y gestionadas por el consorcio privado con un costo elevadísimo.
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