Nuevamente, el ingreso a las intendencias tuvo su momento de atención, esta vez en el Senado durante el tratamiento de la Rendición de Cuentas. Desde el Frente Amplio se presentó un aditivo por el cual se indicaba que los ingresos de funcionarios debían realizarse ya sea por concurso o por sorteo, pero no tuvo los votos suficientes, principalmente por la oposición desde el Partido Nacional.
Cabildo Abierto votó a favor, según comentó a La Mañana el senador Guillermo Domenech. “Se trataba de una propuesta a efectos de regular los ingresos a los gobiernos departamentales, para que se hagan por sorteo o concurso. Los senadores de Cabildo Abierto votamos esa propuesta, pero no obtuvo la mayoría necesaria. Para la aprobación faltó solo un voto”, dijo el legislador.
También comentó que su partido está de acuerdo con que se lleve adelante este procedimiento y si se volviera a plantear, esta vez como un proyecto de ley, estaría dispuesto a votarlo.
El ingreso de funcionarios en las intendencias por concurso o sorteo es un tema que se viene discutiendo desde hace varios años y tratando en las rendiciones de cuentas. El año pasado se efectuó de una manera más orgánica por parte del Frente Amplio, ya que la Vertiente Artiguista había aprobado en su congreso que se impulsara tal iniciativa.
En 2018 se anunciaba, desde el Gobierno del presidente Tabaré Vázquez, un proyecto para que todos los municipios e intendencias tuvieran que tomar personal por concurso o sorteo.
Todas estas iniciativas quedaron por el camino. Uno de los principales problemas es que al ser normas que afectan la autonomía de las intendencias, se necesitan dos tercios de votos de cámara. El artículo 64 de la Constitución señala que “la ley, por dos tercios de votos del total de componentes de cada Cámara, podrá establecer normas especiales que por su generalidad o naturaleza sean aplicables a los funcionarios de todos los gobiernos departamentales y de todos los entes autónomos, o de algunos de ellos, según los casos”. Y llegar a los dos tercios no es tarea fácil para ningún partido o coalición.
En esta última Rendición de Cuentas, en la Cámara de Diputados, la legisladora Bettiana Díaz (Frente Amplio) dijo que aún no se resuelve cuál es el sistema de ingreso al Estado.
Tras la presentación realizada la Oficina Nacional del Servicio Civil en la Comisión de Presupuesto integrada con la de Hacienda de la Cámara de Representantes, Díaz sostuvo que entre 2021 y 2022 se contabilizaron 2000 nuevos ingresos por designación y la mayoría fueron en gobiernos departamentales, como los de Soriano y Cerro Largo. A esto se agrega que uno de los últimos intentos para que los ingresos en las intendencias se rijan por concurso o sorteo lo realizó el senador colorado Adrián Peña.
Este presentó semanas atrás un proyecto en el que indica que para el ingreso a las intendencias se deberá efectuar un concurso público y abierto, a la vez de establecer la prohibición de designar personal presupuestado o contratado en el período de un año previo a la finalización del gobierno.
Pero el senador nacionalista Sergio Botana dijo que con el proyecto se violentaba la autonomía municipal. En declaraciones a La Diaria sostuvo que los concursos ya rigen en muchos departamentos “pero por elección de los propios departamentos”. Y para Botana los concursos no son lo que parecen. “No es bueno extender lo que funciona muy mal en el Estado. No hay nadie en el Uruguay que esté contento con los concursos que hacen los organismos. Y si se hace una encuesta, a todo el mundo le va a sonar a acomodo”, sostuvo.
Las internas de las intendencias
Pero también ahora se hace hincapié en los movimientos internos dentro de las intendencias. O sea, funcionarios que tienen “contratos permanentes” y que pasan a la calidad de “funcionario público presupuestado”. O algunos inclusive que son zafrales y pegan un gran salto dentro de su carrera en una intendencia. La “carrera funcional” en una intendencia parte de ser becado, de ahí pasar a zafral o eventual, después un contrato permanente y finalmente ser presupuestado.
En los gobiernos departamentales y según la Oficina Nacional del Servicio Civil, se dieron el año pasado, 903 transformaciones de contratos de función pública o permanente en presupuestados, 208 jornaleros a presupuestados, así como 112 transformaciones de zafral, eventual o suplentes a contrato permanente.
El contrato permanente es un mecanismo usado en muchas intendencias para el ingreso de personal, pero tiene algunas limitantes. La ley 19.996 (Rendición de Cuentas de 2020) define que “el funcionario contratado en régimen de función pública desempeñará tareas permanentes, cuyo aumento transitorio de volumen no pueda ser afrontado con funcionarios presupuestados, en tanto dure la contingencia que motivó la contratación y no más allá del plazo” que se establece en un año, pudiendo prorrogarse hasta un máximo de cuatro años. Entonces, después del cuarto año, hay dos caminos: el cese o la presupuestación.
El pasaje de contrato permanente ha presupuestado, en 2022, fue de 152 en la Intendencia de Maldonado, 119 en la Intendencia de San José, 43 en la Intendencia de Soriano y 581 en la de Montevideo. Como un caso llamativo en la Junta de Salto, ocho contratados pasaron a presupuestados.
La Intendencia de Soriano realizó un giro más radical. Directamente, pasó de 208 jornaleros a presupuestados. En Canelones, la intendencia decidió que 57 personas que estaban en calidad de zafral, eventual o suplentes pasaran a tener un contrato permanente.
En dos departamentos, los pasantes también lograron ascender en su carrera pública pasando a contratos permanentes. Tal es el caso de la Intendencia de Rivera con 17 personas y la de San José con 14.
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