Desde la Asociación de Magistrados del Uruguay se indica que en el Presupuesto se otorgó al Poder Judicial “una ínfima parte de lo solicitado”. Para la presidenta de la gremial de jueces, María Helena Mainard, “no tiene nada que ver la judicatura de hace 30 años, a la judicatura de ahora”, e indica que esa es una razón por la cual el presupuesto del Poder Judicial “tiene que ser distinto, para atender un sistema de justicia modernizado”.
¿Cuál es su evaluación de lo aprobado finalmente en el Presupuesto para el Poder Judicial?
El presupuesto que llevó la Corte Suprema de Justicia al Parlamento tenía muchos pedidos porque contemplaba a todos los gremios que forman parte del Poder Judicial. Específicamente para los jueces, se solicitaba, entre otros puntos, la creación 24 juzgados para violencia de género y se dieron tan solo dos a partir del 1º de enero 2027. Sí se logró la posibilidad de transponer rubros dentro del Poder Judicial sin la autorización del Ministerio de Economía y un juzgado en Ciudad del Plata. Eso fue lo único, o sea una ínfima parte de lo solicitado.
¿Cómo califica el trámite parlamentario del Presupuesto en lo que tiene que ver con la Justicia?
Yo esperé que se nos escuchara. Estamos trabajando con un presupuesto del siglo pasado, frente a una realidad totalmente diferente. No se pretendía un 100% de lo que se solicitó, pero sí que fuéramos más contemplados, cosa que no lo ha sido. Para el futuro se estableció una mesa con el Ministerio de Trabajo, con el ministro específicamente y nos prometieron que a partir de marzo del año que viene, se va este a tratar un poco más a fondo los recursos para el Poder Judicial que no solo comprende a jueces, también a actuarios y funcionarios. La promesa es que en las Rendiciones de Cuentas futuras se van a contemplar un poco más la necesidad de un servicio que viene con un presupuesto de hace 30 años.
¿Considera que los fiscales a nivel presupuestal han tomado un protagonismo más grande que los jueces debido al nuevo código del proceso penal?
Hay que tener presente que la Fiscalía es una pata del sistema de Justicia y hoy está limitada al tema penal. En cambio, los jueces estamos en todas las materias. Los jueces estamos en el tema de minoridad, resolviendo todo el tiempo. Usted tiene un problema con su vecino, ¿adónde va? al juzgado. No va a la Fiscalía. También si tiene un problema civil, comercial, laboral, también de violencia de género o violencia doméstica. La Fiscalía en todos esos temas no interviene, salvo que haya delito. Estamos hablando de un Poder Judicial que tiene cerca de 5000 funcionarios, sedes en todo el país y trabajamos en todas las materias, no solo en lo penal. Obviamente, en la materia penal el trabajo que antes hacíamos los jueces de investigar ahora lo hacen los fiscales. Pero somos quienes decidimos en última instancia. Sin quitar la importancia de la Fiscalía, está solo limitado a la parte penal, mientras que los jueces intervenimos en todas las materias, en todos los reclamos de la sociedad.
Lo que pasa que lo que siempre se visibiliza en los medios de comunicación es lo penal. Pero el trabajo nuestro es más que intenso. Yo soy ministra en un Tribunal de Familia y la cantidad de trabajo que tenemos por semana es brutal. Hay solo tres tribunales de familia para atender todo el país. Después tenemos laboral, civil, comercial, penal, administrativo. Un juez de familia especializada en Montevideo tiene 50 o 60 llamadas de la Policía por día. Tiene que resolver, dentro de lo que se le comunica, qué es urgente o no y qué medidas tomar, basándose en datos de una llamada telefónica. Eso cada vez está creciendo más y es desgastante. Es brutal la carga de tomar 50 o 60 decisiones por día. Y después en 72 horas debe convocar a la audiencia, cuando en Montevideo se hacen nada más que seis informes de riesgo por día.
Uno de los puntos planteados por los jueces es la seguridad en las sedes, ¿se pudo avanzar en ese punto en particular?
En el presupuesto que remitió la Suprema Corte había una forma de financiar un sistema de seguridad para los juzgados y quienes trabajan allí. Se trataba de que un porcentaje de lo que se cobra por información sobre registro de testamentos fuera para seguridad y eso no se aprobó. Nosotros nos manejamos con lo que el Ministerio del Interior puede aportar para la seguridad de las sedes, pero es insuficiente. Por ahora no ha pasado nada grave, ya que por experiencia nos manejamos de tal manera que las cosas se solucionan. Pero ha habido hechos violentos, como gente que se ha escapado de las sedes penales. Estamos en una sociedad más violenta y además nadie va contento a un juzgado, por el tema que sea. O va por un reclamo o como detenido.
Las medidas gremiales
Ustedes como gremio han realizado una serie de asambleas, ¿qué medidas se han tomado y cuáles serían las próximas?
Nosotros empezamos reclamando la aprobación del presupuesto que había remitido la Suprema Corte y en la asamblea del 15 de noviembre se amplió el conflicto. Se incluyó en nuestras reivindicaciones (que ya estaba en el presupuesto de la Suprema Corte) el reclamo de un ajuste del 6,08% en materia salarial. Este es un reclamo histórico. Además, la actualización de la partida fija de perfeccionamiento académico, la cual desde 2013 no se ajusta y es totalmente insuficiente. Estamos hablando de un monto que va de 3500 a 5000 pesos por mes y sabemos que cualquier maestría, posgrado, curso que se haga o libro que se compre, con ese dinero no alcanza ni para empezar. Días atrás realizamos otra asamblea, además de que adherimos al paro que efectuó la intergremial, se resolvió empezar con medidas distorsivas, que no implican paralización del servicio, sino enlentecer el servicio que se brinda en los juzgados.
¿Qué termina afectando las medidas distorsivas?
Las medidas concretas que se están tomando es no concurrir a espacios interinstitucionales, suspendiendo la participación en ámbitos de trabajo, en comisiones y organismos, donde los magistrados actúan en representación del Poder Judicial. También se decidió diferir las órdenes de pagos y dejar de realizar audiencias por medios electrónicos, ya que esto último en definitiva facilita el trabajo de los demás, pero agrava el nuestro. Los jueces estamos en un juzgado y, por ejemplo, tenemos una persona del interior que quiere un recurso de amparo y no comparece personalmente, sino por una videoconferencia. Ahora se va a exigir la comparecencia personal a la audiencia. Otra medida es retardar un poco la firma de los protocolos. En el interior los protocolos de los escribanos los autorizan los jueces. Ahí se va a firmar una sola vez por semana. Y finalmente la suspensión de audiencias que no tengan carácter de urgente.
Pero el servicio de Justicia ya está enlentecido por la falta de recursos y personal. Un ejemplo son los juzgados de familia especializada que atienden la urgencia frente a una denuncia, y después ese caso se pasa a los juzgados de familia común. La ley establece que en 72 horas el juez debe resolver y hacer una audiencia, con un informe de riesgo a la vista, que por lo general no tiene. Esto es debido a que los técnicos tampoco son suficientes, y no dan abasto con la cantidad diaria de casos en los juzgados que están de turno. O sea que de por sí ya está todo distorsionado.
A nivel del trabajo de los jueces, ¿qué se puede prever en el futuro?
Tengo más de 30 años de juez. Cuando empecé usted se enfrentaba a un homicidio y el que lo cometía tenía una razón, una motivación. Hoy por hoy no hay. Frente a un homicidio le pregunta al acusado por qué lo mató y la respuesta muchas veces es “porque sí”, nada más. No hay una razón. La sociedad está más violenta y con más descontrol. Yo veo el futuro cada vez más oscuro y complicado. No tiene nada que ver la judicatura de hace 30 años, a la judicatura de ahora. Por eso el presupuesto del Poder Judicial tiene que ser distinto, para atender un sistema de Justicia modernizado y con técnicos. Un psiquiatra o un psicólogo en el Poder Judicial gana alrededor de 100.000 pesos, con las responsabilidades y la dedicación que implica estar en ese tipo de cargos. Pero si no es realmente vocacional, se va a otro lado y es lo que pasa. Hay vacantes en este momento para psiquiatras y psicólogos, pero no son llamativas, ya que los sueldos que se pagan no son llamativos. Y se prefiere hasta el multiempleo que va a rendir mucho más que estar en este Poder judicial que es pobre.
